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Absueltos los ediles de Las Rozas acusados por la Ciudad del Fútbol

Ni prevaricación ni desobediencia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha absuelto de estos delitos al exalcalde Bonifacio de Santiago (PP) y siete de sus concejales, dos aún en el Ayuntamiento de la ciudad, juzgados por la cesión gratuita, en 1998, de un terreno de 12 hectáreas a la Federación de Fútbol (RFEF) para construir la denominada Ciudad del Fútbol. A pesar de que el TSJM entiende consumado el delito de desobediencia por parte del exregidor –por no cumplir una sentencia anterior que le obligaba a deshacer el acuerdo-, dice que este ha prescrito. Del mismo modo, la Audiencia no encuentra en los acuerdos “arbitrariedad ni intención de ilegalidad”.

La polémica sobre la Ciudad del Fútbol comenzó hace más de tres lustros, cuando el entonces alcalde De Santiago y parte de su equipo acordó ceder el uso de unos terrenos demaniales (que solo pueden ser destinados a uso y servicio público) a la RFEF. Inmediatamente después del acuerdo, la oposición en el Consistorio (PSOE e IU) denunció a todos los implicados en la toma de esa decisión. En 2004, una sentencia obligó a deshacer el acuerdo, pero cuatro años después todo seguía igual; en junio de 2009, De Santiago —en el cargo entre 1995 y 2011— fue considerado responsable de una operación ilegal debido a que el suelo cedido era de dominio público por lo que no podía ser objeto de compraventa o concesión.

“No he tomado ni una decisión sin consensuarla con los técnicos”, declaró De Santiago durante el juicio, que se celebró en abril y en el que se reconoció inocente. La Audiencia considera algunos hechos probados, concretamente el de desobediencia por no cumplir la sentencia de 2004, pero cree que ha pasado demasiado tiempo y que este ha prescrito. Sobre la cesión provisional de los terrenos, “tretas y mañas que se han utilizado en perjuicio del erario público”, según dijo la acusación, el TSJM no encuentra ni arbitrariedad ni que fueran “adoptadas con plena conciencia de su ilegalidad” por los que ha absuelto a todos los acusados.

Durante el juicio, también declaró Ángel Villar, presidente de la RFEF: “[La Ciudad del Fútbol fue el resultado de] una gran gestión del alcalde y de los concejales”. “El Ayuntamiento cumplió con su obligación de aportar una solución legal”, dijo. Con la Ciudad del Fútbol en pleno funcionamiento, y a raíz de las sentencias y autos emitidos por el Tribunal Supremo y el Constitucional, José Ignacio Fernández Rubio (PP), actual alcalde de Las Rozas, readjudicó los terrenos en discordia a la Federación de Fútbol a cambio de un canon de poco más de 46 millones de euros. “[Esa cantidad] se estimó políticamente por el Ayuntamiento. Bien podrían haber sido 75 millones”, opinó el interventor general. El PSOE reclamaba ese dinero para el municipio porque la RFEF los había obtenido por la explotación del terreno; una cesión de facto.

En su sentencia, la sala ha considerado que “no existe riesgo alguno para los intereses generales de que se siga aprovechando el uso de las instalaciones” y que “el Ayuntamiento de Las Rozas, al menos en los ejercicios de 2008 y 2009, no contaba con capacidad presupuestaria para asumir la gestión directa de la conservación y explotación de la llamada Ciudad del Fútbol”. En base a estos argumentos y valorando que los acuerdos no se adoptaron con el propósito de transgredir la ley, “sino para dar una solución provisional a ese espacio”, los magistrados han absuelto a todos los acusados de todos los delitos.

El nuevo reparto de la venta centralizada de los derechos de tv en el fútbol, al detalle

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Real Decreto Ley de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, que cambia el sistema de venta individual por el centralizado. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que la nueva norma establece «las medidas de comercialización de los derechos y los criterios para la distribución de los ingresos entre los organizadores» y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, comentó que pretende también «garantizar la viabilidad de los equipos, el equilibro de la competición y apoyar al deporte aficionado».

Pinche para leer el Real Decreto

«Se trata también de consolidar mercados audiovisuales que tienen en España un desarrollo muy limitado, como la televisión de pago, y de mejorar los mecanismos económicos de control financiero de los clubes, ya que el conjunto de deuda que acumulan supera los 3.000 millones de euros. Los mayores acreedores son los bancos pero también Hacienda y la Seguridad Social con más de 600 millones de euros entre los dos», explicó. Para justificar la norma, el ministro comparó los 800 millones de euros de ingresos que por este concepto obtuvo la Liga española en la temporada 2013-2014, frente a los 1.875 de la Liga inglesa y los 846 millones de la italiana; recordó que solo España no tenía regulada esta materia como ocurre en Francia, Italia, Inglaterra y Alemania y se refirió al «enorme desequilibrio de los ingresos entre los participantes«.

«Hasta ahora, el 45% de los ingresos se lo repartían entre 4 equipos, e incluso el 33% es entre 2 equipos, mientras que el ratio entre el que más ingresos obtenía y el que menos era totalmente anómalo en el contexto europeo«, señaló antes de detallar la forma de reparto de ingresos entre clubes de Primera y Segunda. Según dijo, «la mitad de los ingresos se distribuirá entre todos los clubes de cada categoría a partes iguales y el resto, 50% en Primera y 30% en Segunda, en función de los resultados deportivos -las últimas 5 temporadas en Primera y la última en Segunda- y la implantación social». Sobre esas cinco temporadas, se ponderarán con un 35% la última, 20% la penúltima y un 15% las 3 anteriores y, además, dentro de cada una de ellas, los ratios difieren por posiciones: así, el campeón percibirá un 17%, el subcampeon un 15% y el último un 0,25%. Sobre la implantación social, un tercio del reparto será por taquillas y abonos en elos últimos cinco años y los dos tercios restantes según los ingresos por televisión del mismo periodo.

Se destinará un 3,5% para los equipos que desciendan de categoría; un 1% para la Liga de Fútbol Profesional (LFP), un 2% para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) -si se explota conjuntamente la Liga y la Copa del Rey- y un 1,5% para deportistas de alto nivel y fútbol no profesional (2ª B y fútbol femenino). El ministro señaló que con los cambios se espera «un aumento de los ingresos nacionales, que alcance los mil millones de euros en un plazo razonable y los internacionales entre 400 y 500 millones de euros», además de «mejorar la competencia, ensanchar los mercados de televisión y el control económico de acuerdo al juego limpio financiero de la UEFA». La implantación del sistema está prevista para la temporada 2016-2017, aunque se contemplan mecanismos para su anticipación.

Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, mostró su satisfacción por la aprobación del Real Decreto Ley, que calificó como «una medida histórica, necesaria para el fútbol español, que de esta forma tendrá un campeonato competitivo y no se alejará del nivel de las grandes Ligas del sector en Europa». Por su parte, el presidente de la LFP, Javier Tebas, consideró que la normativa permite que «nazca una nueva Liga, que se desarrollará de forma imparable para igualar y superar» a sus competidores» con una medida «necesaria para el desarrollo y crecimiento» del «sector» del fútbol profesional español.