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La Comisión de Jean-Claude Juncker continúa avanzando en su empeño de fortalecer la unión entre los Estados miembros. El Gobierno de la Unión Europea ha lanzado este miércoles su estrategia de dos años de mercado único digital en la que se pretende aumentar la interconectividad de los Veintiocho. Se trata de una agenda de 16 puntos en la que se ha hecho hincapié en la eliminación del bloqueo geográfico en Internet para permitir a un país mayor acceso a los contenidos de otro.
«Deseo ver una red de comunicación paneuropea con servicios digitales que crucen fronteras y que fomenten la aparición de pequeñas y medianas empresas digitales», declaró el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en un comunicado.
Competencia ha iniciado una investigación al sector del comercio electrónico por supuestas prácticas anticompetitivas
La estrategia —que según el comisario deberá aplicarse a finales de 2016— está basada en tres pilares fundamentales: un mejor acceso al mercado digital en el territorio comunitario, fomentar la innovación para que haya más competencia en el mercado y maximizar el crecimiento de la economía digital. La Comisión argumenta en su comunicado que en mundo offline no ocurre nada similar: “Un ciudadano no es rechazado en una tienda por no ser nacional de ese país”.
Los datos revelan la necesidad de una mayor facilidad a la hora de navegar sin fronteras: 315 millones de europeos utilizan Internet todos los días, según datos de la Comisión y uno de cada tres europeos quiere ver o escuchar contenido de su país de origen cuando está en el extranjero, y viceversa, explicó Ansip este miércoles tras la reunión del Colegio de comisarios. Y por eso esta Comisión se ha puesto como «prioridad» acabar con el bloqueo geográfico injustificado que, según el comisario, atañe a los derechos de autor y el comercio electrónico.
De hecho, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, en su afán por eliminar cualquier traba fronteriza para los usuarios y compradores, ha iniciado este miércoles una investigación al sector del comercio electrónico por supuestas prácticas que, de confirmarse, irían en contra de las normas de competencia de los Estados miembro. La investigación —que fue anunciada el pasado marzo— se centrará en las empresas de ropa y calzado, electrónica y contenidos digitales.
El camino para la unión digital parece, pues, una de las prioridades de este Gobierno y, aunque el Ejecutivo comunitario tiene el apoyo de «la mayoría» de Estados miembros, aún quedan algunos a los que convencer. «La Democracia es Democracia», advirtió el comisario Günther Oettinger. El Parlamento y el Consejo deberán ahora trabajar juntos para seguir adelante con el proyecto.
Los precios de los servicios de telecomunicaciones en España llevan siete años consecutivos bajando. Hacer llamadas y conectarse a Internet, sea a través del teléfono fijo o del móvil, es más barato cada año. Los ingresos de las compañías han caído en paralelo con esas rebajas. Pero ese periodo de gracia para los consumidores está a punto de finalizar y todo apunta a que en este año la factura del teléfono volverá a subir o, en el mejor de los casos, no registrará los descensos de años anteriores.
Las compañías argumentan que no pueden seguir aguantando esa dinámica de precios a la baja. Máxime cuando tienen que realizar un esfuerzo inversor para tender las nuevas redes que permiten la conexión ultrarrápida por Internet: necesaria para la demanda masiva de tráfico, tanto en banda ancha fija (fibra óptica) como en móvil (4G).
Las operadoras llevan tiempo avisando al Gobierno y a los reguladores de que su situación es insostenible. En 2014, su facturación cayó un 5,9% respecto el año anterior, hasta los 30.067 millones de euros, según los datos del último informe trimestral de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC). En realidad, el descenso superó el 6% porque la CNMC incluye en estos datos al sector audiovisual, que mejoró su facturación.
Telefónica sube 5 euros a los clientes de Movistar Fusión a partir de mayo
Vodafone sube sus tarifas entre 1 y 9 euros a cambio de más servicios
Tres operadores concentran el 90% de la telefonía y banda ancha
Las operadoras pierden ingresos desde 2008. Según los datos de la CNMC, en esos seis años, su facturación se ha desplomado un 32% mientras tenían que afrontar la dura competencia, fuertes inversiones y nuevos impuestos como la tasa de dominio radioeléctrico o la contribución a la financiación de RTVE tras la eliminación de la publicidad, según fuentes de las operadoras.
Las compañías han decidido poner fin a esa sangría de ingresos. Movistar y Vodafone han abierto el fuego. Telefónica ha remitido a sus clientes de la oferta convergente Movistar Fusión que a partir del próximo 5 de mayo les aplicará una subida con carácter general de 5 euros al mes. Esta misma semana, su máximo rival anunciaba nuevos precios para sus planes de tarifas móviles (Mini, Smart y Red) a partir del 20 de abril que suponen un alza de entre uno y nueve euros.
Ambas compañías asocian esas subidas a la mejora de los paquetes que ofrecen, en particular con la mayor velocidad de la conexión a Internet o del aumento de los datos que se pueden descargar desde el móvil. En el caso de Movistar promete triplicar la velocidad de sus clientes de fibra y migrar automáticamente a sus abonados de ADSL a fibra óptica en cuanto la nueva red esté disponible. De esta forma, los actuales clientes de fibra de Telefónica que ahora disponen de 100 megabits por segundo (Mbps) pasarán a disfrutar de una velocidad de bajada de 300 Mbps. Y los usuarios que tengan 10 megas en fibra triplicarán la velocidad de bajada, hasta 30 megas.
Por su parte, Vodafone aumenta los datos móviles entre el 12,5% y el 100%, dependiendo del plan contratado y con tarifas que suben proporcionalmente. Así, la tarifa MiniS pasa de 10,5 a 11,5 euros al mes y eleva los datos de 800 a 900 megas, mientras que la RedXL sube de 50 a 59 euros y pasa de seis a ocho gigas o la RedM duplicará datos, hasta los cinco Gb y se encarece un euro hasta los 33 euros al mes.
Orange, aún no ha movido ficha, tampoco tiene mucho margen de maniobra para bajar precios si se tiene en cuenta que debe digerir la compra de Jazztel por 3.400 millones. El proceso de consolidación del sector, con la citada operación pendiente de la aprobación de Bruselas, y la ya concluida fusión de Vodafone y Ono han ayudado a ese freno en el descenso de tarifas, según apuntan los analistas. No en vano, en 2015 desaparecerán los dos operadores que más clientes de telefonía móvil han arrebatado a los tres grandes.
Movistar, Vodafone y Orange necesitan fidelizar a sus usuarios mediante los paquetes convergentes de servicios (fijo, móvil, Internet y televisión), en los que pretenden concentrar sus ofertas y no se pueden permitir bajadas temerarias para los que contraten solo el móvil o el fijo. En ese movimiento subyace la necesidad de compensar la caída de los ingresos tradicionales de la telefonía móvil por voz con el aumento de la facturación por banda ancha. Los clientes están dispuestos a pagar más para atender a la demanda de datos imparable de servicios como el vídeo, el streaming o las llamadas por Internet (voz sobre IP) que se espera que se disparen por la irrupción de las compañías de mensajería instantánea como WhatsApp.
Los ingresos por móvil se han desplomado por el descenso de las tarifas, ininterrumpido desde el tercer trimestre de 2006. En 2014, los precios de la telefonía móvil cayeron otro 17%. Esta caída se suma a la que sufrieron los precios en 2013, del 26%, la mayor disminución récord, superando al desplome de 18% en 2012 y el 9,6% de 2011, según la CNMC.
Esa caída de precios se tradujo en una disminución interanual de los ingresos de las operadoras por comunicaciones móviles del 17%, mientras que los únicos capítulos que aportaban al balance han sido los derivados de la banda ancha fija (+4,2%) y la banda ancha móvil (+8,3%), según datos del cuarto trimestre de 2014.
Los operadores tienen claro que solo el cliente integral aumenta sus ingresos y ahí concentran sus esfuerzos. Según los datos del informe de gastos de los hogares elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del primer semestre de 2014, en el apartado de servicios de telecomunicaciones únicamente se registró una subida en el gasto medio de los usuarios en los paquetes cuádruples (telefonía fija y móvil y banda ancha fija y móvil) durante los 12 meses anteriores. Estos subieron un 3,4% hasta los 42,3 euros, debido a migraciones hacia paquetes con más prestaciones o basados en fibra óptica.
Telefónica España ha decidido recortar, de forma cautelar, un 35% el despliegue de su nueva red de fibra óptica en este año y reducir en dos millones el número de hogares a los que llegará esta infraestructura de banda ancha ultrarrápida en 2015. La operadora ha tomado esta decisión en respuesta a la normativa que está impulsando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que le obliga a compartir su infraestructura de red con otras operadoras en todo el territorio nacional salvo en nueve municipios.
Así consta en un documento interno de la compañía al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que se señala que, como medida cautelar, y hasta que no se aclare la legislación, Telefónica reducirá el ritmo de despliegue en aproximadamente un 35% de lo previsto. En la práctica, Telefónica ya ha dado instrucciones para frenar su ritmo de despliegue. Así, en vez de lograr cubrir con fibra otros 5,5 millones de hogares en 2015, como estaba previsto antes de la decisión de la CNMC, el objetivo ahora es llegar a unos 3,6 millones, a un ritmo de unos 300.000 hogares mensuales.
La compañía que preside Luis Miguel Gilpérez desplegó en 2014 fibra óptica en cinco millones de unidades inmobiliarias, duplicando la cobertura que había en diciembre de 2013 hasta los diez millones de hogares, la mayor red con diferencia que hay en España. Pero la propuesta de la CNMC, pone en peligro la rentabilidad de sus inversiones, al permitir el acceso a sus rivales a su red sin necesidad de invertir en una propia, como ocurre con el ADSL, por lo que Telefónica no podrá alcanzar su objetivo de llegar a 15 millones de hogares, si no se modifica sustancialmente la norma tras la fase de alegaciones.
Por eso, el informe interno plantea una ralentización del despliegue en algunas capitales de provincia y municipios donde Telefónica ya había comenzado a desplegar fibra y que no se podrán completar este año (ver viñeta). Se trata, entre otras, de capitales de provincia como Madrid, Barcelona, Granada, Guadalajara, San Sebastián, Málaga, Pamplona, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Soria, Tarragona, Toledo, Valladolid, Zaragoza, Ceuta, Albacete y Almería. También afectará a otros grandes municipios, en particular, del cinturón metropolitano de Madrid y Barcelona.
Más de un centenar de municipios se verán afectados por el parón
Aunque el impacto más fuerte se producirá en otras localidades de menor tamaño, en donde ni siquiera se podrá comenzar el despliegue, en muchos casos aunque ya estuviera previsto. El documento que maneja la compañía enumera hasta cien localidades que se quedarán sin fibra óptica en 2015, pese a que el despliegue estaba previsto (ver viñeta).
La propuesta que la CNMC hizo público el pasado mes de diciembre obliga a Telefónica a dar acceso a su red de fibra a todos los competidores que lo soliciten a un precio mayorista regulado y solo liberaliza completamente el mercado en nueve municipios (Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Alcalá de Henares, Badalona, Coslada y Móstoles), que, en conjunto, suponen el 16% de la población española.
En la operadora no se entiende este marco regulatorio cuando la evolución del mercado desde la última vez que la CNMC hizo análisis ha sido claramente hacia una competencia efectiva, con nuevos despliegues de fibra y, por tanto, una competencia real en infraestructuras, con una estructura de mercado muy repartida entre los grandes grupos consolidados, y ningún cuello de botella que pudiera estar afectando al correcto desarrollo del mercado.
La operadora entiende que si sale adelante la propuesta de la CNMC, ahora en fase de alegaciones, se situaría a España en el nivel más alto de intervencionismo regulatorio entre los países europeos que cuentan con este tipo de redes. En su apoyo, varios analistas entienden que no deben considerarse igual normativamente aquellos países que han apoyado sus despliegues de fibra en la ya existente red de cobre, heredada antes de la competencia (FTTC), que a aquellos que han partido de cero en la construcción de una red nueva y, por tanto, replicable por cualquiera (FTTH), como España.
Pero Telefónica no es la única preocupada. La asociación andaluza de empresas instaladoras (Faitel Andalucía) calcula que se pueden ver afectados hasta 17.000 empleos si se frena el despliegue de fibra. Por su parte, UGT ha remitido una serie de propuestas a la CNMC, para promover una nueva regulación desde Bruselas “que supervise y condicione este tipo de desarrollos reglamentarios nacionales, que hacen peligrar todo un sector en su equivocada apuesta por una falsa competencia”.