Ni prevaricación ni desobediencia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha absuelto de estos delitos al exalcalde Bonifacio de Santiago (PP) y siete de sus concejales, dos aún en el Ayuntamiento de la ciudad, juzgados por la cesión gratuita, en 1998, de un terreno de 12 hectáreas a la Federación de Fútbol (RFEF) para construir la denominada Ciudad del Fútbol. A pesar de que el TSJM entiende consumado el delito de desobediencia por parte del exregidor –por no cumplir una sentencia anterior que le obligaba a deshacer el acuerdo-, dice que este ha prescrito. Del mismo modo, la Audiencia no encuentra en los acuerdos “arbitrariedad ni intención de ilegalidad”.

La polémica sobre la Ciudad del Fútbol comenzó hace más de tres lustros, cuando el entonces alcalde De Santiago y parte de su equipo acordó ceder el uso de unos terrenos demaniales (que solo pueden ser destinados a uso y servicio público) a la RFEF. Inmediatamente después del acuerdo, la oposición en el Consistorio (PSOE e IU) denunció a todos los implicados en la toma de esa decisión. En 2004, una sentencia obligó a deshacer el acuerdo, pero cuatro años después todo seguía igual; en junio de 2009, De Santiago —en el cargo entre 1995 y 2011— fue considerado responsable de una operación ilegal debido a que el suelo cedido era de dominio público por lo que no podía ser objeto de compraventa o concesión.

“No he tomado ni una decisión sin consensuarla con los técnicos”, declaró De Santiago durante el juicio, que se celebró en abril y en el que se reconoció inocente. La Audiencia considera algunos hechos probados, concretamente el de desobediencia por no cumplir la sentencia de 2004, pero cree que ha pasado demasiado tiempo y que este ha prescrito. Sobre la cesión provisional de los terrenos, “tretas y mañas que se han utilizado en perjuicio del erario público”, según dijo la acusación, el TSJM no encuentra ni arbitrariedad ni que fueran “adoptadas con plena conciencia de su ilegalidad” por los que ha absuelto a todos los acusados.

Durante el juicio, también declaró Ángel Villar, presidente de la RFEF: “[La Ciudad del Fútbol fue el resultado de] una gran gestión del alcalde y de los concejales”. “El Ayuntamiento cumplió con su obligación de aportar una solución legal”, dijo. Con la Ciudad del Fútbol en pleno funcionamiento, y a raíz de las sentencias y autos emitidos por el Tribunal Supremo y el Constitucional, José Ignacio Fernández Rubio (PP), actual alcalde de Las Rozas, readjudicó los terrenos en discordia a la Federación de Fútbol a cambio de un canon de poco más de 46 millones de euros. “[Esa cantidad] se estimó políticamente por el Ayuntamiento. Bien podrían haber sido 75 millones”, opinó el interventor general. El PSOE reclamaba ese dinero para el municipio porque la RFEF los había obtenido por la explotación del terreno; una cesión de facto.

En su sentencia, la sala ha considerado que “no existe riesgo alguno para los intereses generales de que se siga aprovechando el uso de las instalaciones” y que “el Ayuntamiento de Las Rozas, al menos en los ejercicios de 2008 y 2009, no contaba con capacidad presupuestaria para asumir la gestión directa de la conservación y explotación de la llamada Ciudad del Fútbol”. En base a estos argumentos y valorando que los acuerdos no se adoptaron con el propósito de transgredir la ley, “sino para dar una solución provisional a ese espacio”, los magistrados han absuelto a todos los acusados de todos los delitos.

@BrenpCom
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