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Relacionan el ‘fracking’ con pozos de agua potable contaminados

A principios de este año, BNK, una empresa canadiense, se convirtió en la primera compañía en pedir permiso a la Administración para utilizar en España la técnica de extracción de gas por fractura hidráulica conocida como fracking. Antes de comenzar con los primeros pozos de exploración, que esperan iniciar en 2016 en el norte de la provincia de Burgos, deberán superar la evaluación de impacto ambiental, un proceso que se podría completar en siete meses.

La cercanía de las primeras perforaciones hace probable que se reavive el debate sobre una técnica controvertida y la ciencia será parte de la discusión. Esta semana, un equipo científico liderado desde la Universidad Estatal de Pensilvania (EE UU) publica un artículo en la revista PNAS en el que se estudia la posible contaminación de agua potable por la explotación de pozos de gas. Empleando una tecnología más sensible que la utilizada por los laboratorios convencionales, los investigadores analizaron el agua potable de varias fincas cercanas a cinco pozos de la zona de Marcellus Shale, en Pensilvania.

Así, encontraron mezclas de contaminantes orgánicos y 2-butoxietanol, un producto químico empleado entre los líquidos que se inyectan en el subsuelo para fracturar la roca y obtener el gas atrapado en ella. Los autores, que mencionan cómo el agua analizada hacía espuma por los contaminantes, consideran que la explicación más probable de esta contaminación es que algunas cantidades de gas natural y fluidos empleados en el fracking se liberaron durante la explotación y viajaron entre uno y tres kilómetros de distancia a través de fracturas de la roca hasta los acuíferos. “Parte del problema puede deberse a aguas residuales procedentes de la fuga de un depósito en el pozo más cercano”. Si hubiese habido muestras de la perforación, del depósito y de los fluidos empleados en la operación, la técnica de espectrometría de masas y cromatografía de gases habría podido identificar con precisión el origen de la contaminación.

Susan Brantley, la profesora de la Universidad Estatal de Pensilvania que lideró el estudio, considera que, aunque “los incidentes importantes de contaminación son raros”, el público “debería tener acceso a más datos como estos para que pueda decidir si los problemas relacionados con el desarrollo gasístico son mejores o peores que los causados por otras fuentes de energía”. En su opinión, este tipo de técnicas más precisas deberían ayudar a “mejorar las prácticas de gestión de la industria gasística ahora que se está expandiendo por todo el mundo”.

Sobre las cantidades encontradas, Ángel Cámara, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad Politécnica de Madrid, considera que, precisamente por tratarse de una técnica tan precisa, “las cantidades detectadas, de décimas de nanogramo por litro e incluso centésimas de nanogramo, son minúsculas”. Brantley, que no entra a valorar la importancia de las cantidades encontradas, opina que “nadie bebería agua que espumea debido a los contaminantes”.

El estudio de Brantley y su equipo añade una información en un terreno en el que, pese a la abundancia de noticias en los medios de comunicación y a que en todo el mundo se han perforado más de un millón de pozos, no abundan los estudios científicos. Algunos de los pocos análisis en profundidad anteriores sugieren que las personas que viven cerca de explotaciones de fracking tienen más posibilidades de beber agua contaminada con gases como metano, propano o etano. Aunque de momento no se ha relacionado la ingestión de agua con metano con problemas de salud, los investigadores señalaron que la llegada de esos gases podría indicar que después se produzcan contaminaciones con productos más peligrosos.

Los gases y productos químicos encontrados en algunos acuíferos pueden ser causados por fugas o roturas de los revestimientos de los tubos que los trasportan, un riesgo presente en muchas otras actividades fundamentales en la economía moderna. Radisav Vidic, presidente del Departamento de Ingeniería Civil y Medioambiental de la Universidad de Pittsburgh y autor de un estudio que criticaba la escasez de estudios para valorar adecuadamente los riesgos del fracking, afirmaba que esta técnica “es una actividad industrial similar a otras como la industria del petróleo en términos de salud y seguridad”.

Una de las dudas sobre la fracturación hidráulica es lo que sucede con la mayor parte de la mezcla de agua, arena y productos químicos que se inyecta en el subsuelo y no regresa a la superficie. Resolver estas incógnitas, que estarán en el centro de las discusiones en torno a las primeras explotaciones españolas por fracturación hidráulica es, según comentan los autores, el objetivo de estudios como el que hoy se publica.

El científico al que rechaza el Gobierno y triunfa en el extranjero

Wernher von Braun, el hombre cuyos cohetes llevaron al hombre a la Luna, escribió que sus dos principales problemas eran la gravedad y el papeleo. “Podemos lidiar con la gravedad”, dijo, “pero a veces el papeleo nos desborda”.

En España, más de 50 años después, la burocracia sigue siendo un problema mucho más infranqueable para muchos científicos que la gravedad o ser competitivos en sus disciplinas. Albert Pol es un ejemplo de ello. Este doctor en biología se dedica a la ciencia básica, entre otras cosas, para buscar nuevos antibióticos capaces de frenar la creciente resistencia a los fármacos actuales, un problema que causa gastos sanitarios millonarios y provoca unas 25.000 defunciones cada año en la UE. Hace unos meses, la financiación de su equipo, compuesto por él y otras tres personas, era casi nula. Cuando las cosas parecían no poder ir a peor, a Pol le comunicaron desde la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, dependiente del Ministerio de Economía, que este año no tendría financiación del Plan Estatal de I+D+i porque su currículum no tenía el formato adecuado.

“En esta situación no tenía forma de pagar a mi investigador posdoctoral y al técnico de laboratorio y eso suponía que el grupo entero iba a desaparecer en junio”, explica Pol, que trabaja en IDIBAPS, un organismo de investigación asociado al Hospital Clínico de Barcelona, la Universidad de Barcelona y el CSIC.

“Es absurdo que un investigador de prestigio de Harvard tenga un currículum de tres páginas y que en la Universidad Complutense haya otro con cincuenta”

El suyo es uno de los 250 grupos de investigación españoles que el Gobierno ha dejado sin financiación por defectos de forma en el currículum. En muchos casos esto quiere decir que tenían más de las cuatro páginas estipuladas, aunque también el tipo de letra o un espaciado incorrecto podían dejar fuera de forma irreversible a los candidatos, independientemente de su valía científica. La medida causó una fuerte polémica y provocó la dimisión de Carmen Castresana, directora de uno de los mayores centros de investigación biomédica del país. Entre los afectados hay grupos que han conseguido financiación europea en programas más competitivos y exigentes que el Plan Estatal español, como por ejemplo los del Consejo Europeo de Investigación (ERC), que frecuentemente es citado por los responsables de I+D del Gobierno como modelo a seguir. Como explicaban hace unas semanas Albert Esteve, e Iñaki Permanyer, ambos ganadores de financiación del ERC, ante currículos demasiado largos esta organización europea simplemente ignora las páginas sobrantes sin eliminar por ello la candidatura del científico en cuestión.

Pol explica que la financiación del Plan Estatal le hubiera dado unos 200.000 euros en tres años y que servirían básicamente para pagar al personal de su laboratorio. Tras ser rechazado por el Gobierno, su grupo ha conseguido salvar los muebles gracias a otro programa internacional para proyectos científicos arriesgados y con gran potencial. Se trata del prestigioso Human Frontiers Science Program, que este año ha seleccionado 21 proyectos internacionales entre más de 1.000 candidatos. El de Pol, que colabora con grupos de Australia, Brasil y EE UU, pretende averiguar si el sistema inmune de los mamíferos produce proteínas desconocidas basadas en lípidos capaces de eliminar bacterias, es decir, nuevos antibióticos. Pol es el único español que ha sido reconocido este año en este programa internacional y gracias a él, dice, conseguirá 1,3 millones de dólares durante tres años con los que podrá continuar su trabajo.

Parafernalia burocrática

En 2001, este biólogo fue seleccionado en la primera promoción del programa Ramón y Cajal, diseñado por el Gobierno para recuperar cerebros españoles en el extranjero y atraer talento científico a España. En 2007 consiguió una plaza de investigador ICREA, otro programa para científicos de alto nivel tanto españoles como extranjeros, en este caso creado por la Generalitat de Cataluña. Por lo menos tres investigadores ICREA están entre los afectados por el problema de los currículos, explica Jaume Bertranpetit, director de este programa. “Es evidente que entre los 250 grupos excluidos en todo el país hay problemas gravísimos, el Plan Estatal es la financiación básica que permite el funcionamiento de la máquina de la investigación del Estado y cuando esta falta, es terrible”, comenta.

Se han visto atados por su propia norma y, aunque la situación es injusta, parece que no queda otra que tragar con ella

Bertranpetit cree que la intención del Gobierno para normalizar los currículos es buena, pero se ha ejecutado de la peor forma posible escudándose en «la parafernalia burocrática». “Es absurdo que un investigador de prestigio de Harvard tenga un currículum de tres páginas y que en la Universidad Complutense, por ejemplo, haya otro con cincuenta”, explica Bertranpetit. Pero, matiza, la norma introducida para implementar el cambio es “tan rígida que todo el mundo sale perjudicado con ella”.

El jefe de ICREA habla de casos de científicos que se han quedado sin financiación porque al transformar su currículum al formato pdf este se pasaba una línea de las cuatro páginas estipuladas. Al contrario que en las convocatorias anteriores, el error era “no subsanable”, es decir, dejaba automáticamente fuera al candidato. Normalmente, había unos días de gracia para corregir errores.

El cambio se advertía claramente destacado en el encabezamiento de la convocatoria y en amarillo chillón. Por eso la Secretaría de Estado de I+D+i ha defendido su actuación y opina que la responsabilidad es de los candidatos que no rellenaron la petición correctamente. “Sin duda los investigadores cometieron el error, pero la rigidez de la norma es excesiva”, opina Bertranpetit, que intentó, sin éxito, que la Secretaría de Estado de I+D+i, dirigida por Carmen Vela, rectificase. “El problema es que una vez que la convocatoria está en el BOE ya no tiene solución, se han visto atados por su propia norma y, aunque la situación es injusta, parece que no queda otra que tragar con ella”, lamenta.