“Nos secuestraron los goles como antes secuestraron a 30.000 argentinos”. Con esta frase, Cristina Fernández de Kirchner, con Diego Armando Maradona a su lado, daba paso en 2009 a uno de los proyectos estrella de su Gobierno y que, según diversos analistas, más réditos políticos le ha dado: desde ese momento, el Estado desplazaba del fútbol a las empresas privadas que explotaban los derechos para ofrecerlo de manera completamente gratuita, algo inusual en el resto del mundo y muy relevante en Argentina, donde el fútbol es una cuestión muy seria.

El programa se llama Fútbol para Todos, y en cinco años le ha costado al Gobierno, según datos oficiales, más de 1.000 millones de dólares. Un informe que preparó la Auditoría General de la Nación, un organismo de control del Congreso, y no pudo ver la luz por el veto de los auditores kirchneristas, ha detectado varias irregularidades en este programa. Uno de los detalles del informe señala que hay hasta 36 millones de dólares sin justificar en estos contratos del Fútbol para Todos, según los datos enviados por el Gobierno al Congreso, por lo que los auditores que lo han analizado estiman que podría haber profundas irregularidades. De hecho el asunto está ya en los tribunales, a través de la denuncia de Gabriela Ocaña, concejal porteña de la oposición que fue ministra de Salud con los Kirchner.

El contrato no fue tramitado respetando las leyes de contratación pública argentinas

El programa empezó con la idea de vivir de la publicidad pero ahora solo tiene en los intermedios propaganda oficial del Gobierno. En medio de los partidos de fútbol, por tanto, que en Argentina alcanzan audiencias récord, la presidenta y sus ministros aparecen en inauguraciones de distintas obras públicas, en actos con militantes y en general sonriendo en anuncios de imagen muy cuidada y que tienen más eficacia en ese momento preciso del intermedio del fútbol que cualquier discurso político.

De hecho el programa tuvo otro efecto importante para la batalla política que mantiene el Gobierno con algunos medios: le quitó un negocio muy importante al Grupo Clarín, que hasta entonces explotaba los derechos del fútbol. Aunque nunca se reconoce oficialmente, esa guerra estaba en el trasfondo de la decisión. Fútbol para Todos y la propaganda oficial en medio de los partidos se han convertido en algo tan relevante que diversos analistas y políticos consultados creen que gane quien gane las elecciones de octubre no renunciará a este formidable aparato de propaganda por mucho que el coste para el Estado sea elevado. Sobre todo, señalan estos analistas, nadie podrá asumir el coste de volver al fútbol de pago después de cinco años en los que los argentinos se han acostumbrado a ver todo tipo de partidos —campeonato, copa Libertadores de América y la selección argentina— de forma gratuita en televisión o por Internet y en alta definición.

Hay un profundo descontrol en uno de los programas estrella del Gobierno

La auditoría realizada por el organismo dependiente del Congreso entre agosto de 2009 y finales de 2012, y que no vio la luz, sostiene que hay una diferencia de 178,9 millones de pesos (36 millones de dólares de entonces) entre los totales devengados en la ejecución presupuestaria (2.967,5 millones de pesos) y la sumatoria de las órdenes de pago (2.788,6 millones), según los datos oficiales, por lo que los expertos han comprobado que existen “debilidades y desvíos”. En cuanto al pago a prestadores de servicios, se detectó la emisión de numerosas órdenes de pago sin el respaldo de la orden de compra correspondiente por un total de 188,9 millones de pesos (38 millones de dólares).

Además, el informe señala que el contrato no fue tramitado respetando las leyes de contratación pública argentinas. El texto recuerda que la decisión se argumentó en la crisis de los clubes argentinos, como una especie de rescate, pero el contrato no ha resuelto ni de lejos ese problema. Sostiene el informe que nunca se presentaron documentos técnicos demostrativos de la invocada crisis de los clubes ni de la verosimilitud de las millonarias sumas adeudadas por estos y que nunca se obligó a la Asociación del Fútbol Argentino, a través de algún mecanismo de control, a acreditar que con ese dinero estaba saneándolos.

En ningún expediente de pago constan antecedentes o referencias a constancias objetivas que validen la razonabilidad del precio pagado con los valores de plaza del servicio. Y tampoco se implementaron procedimientos escritos y detallados que regulen el circuito de facturación, pago y acreditación de los fondos generados. Esto es, un profundo descontrol en uno de los programas estrella del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

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