Telefónica España ha decidido recortar, de forma cautelar, un 35% el despliegue de su nueva red de fibra óptica en este año y reducir en dos millones el número de hogares a los que llegará esta infraestructura de banda ancha ultrarrápida en 2015. La operadora ha tomado esta decisión en respuesta a la normativa que está impulsando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que le obliga a compartir su infraestructura de red con otras operadoras en todo el territorio nacional salvo en nueve municipios.

Así consta en un documento interno de la compañía al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que se señala que, como medida cautelar, y hasta que no se aclare la legislación, Telefónica reducirá el ritmo de despliegue en aproximadamente un 35% de lo previsto. En la práctica, Telefónica ya ha dado instrucciones para frenar su ritmo de despliegue. Así, en vez de lograr cubrir con fibra otros 5,5 millones de hogares en 2015, como estaba previsto antes de la decisión de la CNMC, el objetivo ahora es llegar a unos 3,6 millones, a un ritmo de unos 300.000 hogares mensuales.

La compañía que preside Luis Miguel Gilpérez desplegó en 2014 fibra óptica en cinco millones de unidades inmobiliarias, duplicando la cobertura que había en diciembre de 2013 hasta los diez millones de hogares, la mayor red con diferencia que hay en España. Pero la propuesta de la CNMC, pone en peligro la rentabilidad de sus inversiones, al permitir el acceso a sus rivales a su red sin necesidad de invertir en una propia, como ocurre con el ADSL, por lo que Telefónica no podrá alcanzar su objetivo de llegar a 15 millones de hogares, si no se modifica sustancialmente la norma tras la fase de alegaciones.

Por eso, el informe interno plantea una ralentización del despliegue en algunas capitales de provincia y municipios donde Telefónica ya había comenzado a desplegar fibra y que no se podrán completar este año (ver viñeta). Se trata, entre otras, de capitales de provincia como Madrid, Barcelona, Granada, Guadalajara, San Sebastián, Málaga, Pamplona, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Soria, Tarragona, Toledo, Valladolid, Zaragoza, Ceuta, Albacete y Almería. También afectará a otros grandes municipios, en particular, del cinturón metropolitano de Madrid y Barcelona.

Más de un centenar de municipios se verán afectados por el parón 

Aunque el impacto más fuerte se producirá en otras localidades de menor tamaño, en donde ni siquiera se podrá comenzar el despliegue, en muchos casos aunque ya estuviera previsto. El documento que maneja la compañía enumera hasta cien localidades que se quedarán sin fibra óptica en 2015, pese a que el despliegue estaba previsto (ver viñeta).

La propuesta que la CNMC hizo público el pasado mes de diciembre obliga a Telefónica a dar acceso a su red de fibra a todos los competidores que lo soliciten a un precio mayorista regulado y solo liberaliza completamente el mercado en nueve municipios (Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Alcalá de Henares, Badalona, Coslada y Móstoles), que, en conjunto, suponen el 16% de la población española.

En la operadora no se entiende este marco regulatorio cuando la evolución del mercado desde la última vez que la CNMC hizo análisis ha sido claramente hacia una competencia efectiva, con nuevos despliegues de fibra y, por tanto, una competencia real en infraestructuras, con una estructura de mercado muy repartida entre los grandes grupos consolidados, y ningún cuello de botella que pudiera estar afectando al correcto desarrollo del mercado.

La operadora entiende que si sale adelante la propuesta de la CNMC, ahora en fase de alegaciones, se situaría a España en el nivel más alto de intervencionismo regulatorio entre los países europeos que cuentan con este tipo de redes. En su apoyo, varios analistas entienden que no deben considerarse igual normativamente aquellos países que han apoyado sus despliegues de fibra en la ya existente red de cobre, heredada antes de la competencia (FTTC), que a aquellos que han partido de cero en la construcción de una red nueva y, por tanto, replicable por cualquiera (FTTH), como España.

Pero Telefónica no es la única preocupada. La asociación andaluza de empresas instaladoras (Faitel Andalucía) calcula que se pueden ver afectados hasta 17.000 empleos si se frena el despliegue de fibra. Por su parte, UGT ha remitido una serie de propuestas a la CNMC, para promover una nueva regulación desde Bruselas “que supervise y condicione este tipo de desarrollos reglamentarios nacionales, que hacen peligrar todo un sector en su equivocada apuesta por una falsa competencia”.

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