“Los futbolistas hemos decidido parar, lo hemos hecho conscientes de que tenemos razón, nos encontramos fuertes. No es una medida de fuerza, sino de defensa ante la vulneración de derechos”. Reforzado a su espalda por la presencia de Casillas, Xavi, Piqué, Iniesta, Vela, Ramos, Gabi, Juanfran y Parejo, Luis Rubiales, presidente del sindicato de futbolistas (AFE), explicó los motivos por los que los jugadores han decidido respaldar con su huelga la decisión de la Federación Española de Fútbol (FEF) de parar todas las competiciones a partir del 16 de mayo.
Tebas: “Es un chantaje irresponsable”
Cardenal: “La huelga no está justificada”
La Federación para todas las competiciones a partir del día 16
El Villarreal reúne a su plantilla para explicar su postura sobre la huelga
Los jugadores, con rostro serio, escucharon a su presidente, mientras componían con su presencia la escenificación de su poder sindical como los grandes protagonistas del deporte, el espectáculo y el negocio que es el fútbol. “O se deroga el decreto con otro que incluya las demandas que exigimos o la huelga se mantendrá”, advierten desde la AFE.
El gremio de futbolistas se siente desplazado e ignorado en la elaboración del real decreto que entró en vigor el pasado 30 de abril por el que se regula la venta centralizada de los derechos de retransmisión del fútbol. “Estamos a favor de la venta centralizada que genere unos mayores ingresos para los clubes, pero que no nos toquen nuestros derechos”, esgrimió Rubiales bajo la carpa del hotel en la que se agolpaban la prensa y futbolistas.
La AFE no entiende que siendo los jugadores los protagonistas sobre los que se articula el negocio no se les haya incluido ni en la negociación ni en el reparto del dinero de forma directa. Rubiales apeló al mandato que aprobó en 2010 una subcomisión parlamentaria por la cual se obligaba a que en la negociación de la venta centralizada estuvieran todos los agentes del fútbol. El jueves pasado, a unas horas de que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto, el sindicato asegura que no sabía nada de su contenido.
Una de las principales reivindicaciones de los jugadores radica en que en el reparto no haya una cantidad directa para ellos. “En la reunión de capitanes que mantuvimos el otro día se acordó que ese dinero que reclamamos es para planes de pensiones de los jugadores más modestos. Y fueron ellos [en referencia a los pesos pesados del fútbol español que estaban a su espalda] los que lo aprobaron. Por eso su presencia aquí. No es una escenificación. No se movilizan para figurar”, apuntó Rubiales. La AFE pretende que ese nuevo decreto les conceda aproximadamente entre un 1 y un 1,5 por ciento del reparto que sería destinado a planes de pensiones o a fondos para facilitar la reinserción laboral de los futbolistas de categorías más modestas.
Con Casillas y Xavi a su espalda, Rubiales se sintió fuerte y seguro del paso dado
Al igual que la Federación, la AFE piensa que la normativa que ha entrado en vigor solo favorece a la patronal y apunta a la disposición final por la cual las sanciones que tengan que ver con el control económico que rige a los clubes de fútbol pueden ser aplicadas por la Liga de Fútbol Profesional a su única discreción. Tanto el Consejo Superior de Deportes como la Liga consideran esta reivindicación una contradicción porque “AFE reclamaba que las decisiones sobre el control económico tuvieran rango de ley”. Desde el sindicato reivindican que en este tipo de sanciones tengan voz y voto todos los agentes del fútbol y no solo la Liga porque afectan a jugadores, a ascensos y descensos. “Se le da potestad a la patronal de cuestiones que corresponden al derecho público. Tiene que haber un filtro legal”, argumentó Rubiales.
No tenemos nada contra la venta cenrtalilzada de los derechos televisivos, pero que no nos toquen nuestros derec hos»
Luis Rubiales, presidente de AFE
Antes de que la AFE ofreciera sus argumentos a la prensa, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, reunió a un grupo de periodistas ante los que rebatió punto por punto el comunicado de la Federación en el que justificaba el parón de todas las competiciones. Cardenal sacó toda la artillería documental con la que dice estar convencido de que no hay motivos para la huelga. “¿Acaso no recibe más dinero el fútbol femenino? ¿Acaso no reciben más dinero los clubes de Segunda B?”, se preguntaba Cardenal antes de hacer lectura de alguna de las cartas que mandó a Villar entre agosto y octubre de 2014 para hablar del decreto y que no tuvieron ninguna respuesta. “Quien no responde a las cartas, quien no acude a las reuniones, no puede hablar de falta de respeto. Incluso se jactaba de que no me cogía el teléfono”, desveló el presidente del CSD. En cuanto a la reclamación del dinero de las quinielas que según la Federación es menor y se le ha retirado sin motivo aparente, Cardenal también mostró los documentos en los que instaba a Villar a formar el acuerdo.
Desde la Federación, mientras, se espera que se abra una negociación pero quieren aclarar que “no pone un pero a la cuantía del dinero que recibirá”, pero cuestiona “que el Consejo Superior de Deportes intervenga para establecer cómo debe distribuirse”.
La Liga, por su parte, el miércoles por la noche presentó una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes contra las decisiones tomadas por la junta directiva de la Federación. Solicitó como medidas cautelares que se suspenda el parón y que se abra expediente a todos los que participaron en ella incluido al presidente Ángel María Villar.
La vía de los recursos continuará hoy en los juzgados de lo social de la Audiencia Nacional donde la patronal presentará demanda contra la AFE por considerar ilegal la huelga de los jugadores porque que no va dirigida contra la patronal, sino contra una ley del gobierno. “Es una huelga política”, dicen fuentes cercanas a la Liga.
Ni prevaricación ni desobediencia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha absuelto de estos delitos al exalcalde Bonifacio de Santiago (PP) y siete de sus concejales, dos aún en el Ayuntamiento de la ciudad, juzgados por la cesión gratuita, en 1998, de un terreno de 12 hectáreas a la Federación de Fútbol (RFEF) para construir la denominada Ciudad del Fútbol. A pesar de que el TSJM entiende consumado el delito de desobediencia por parte del exregidor –por no cumplir una sentencia anterior que le obligaba a deshacer el acuerdo-, dice que este ha prescrito. Del mismo modo, la Audiencia no encuentra en los acuerdos “arbitrariedad ni intención de ilegalidad”.
La polémica sobre la Ciudad del Fútbol comenzó hace más de tres lustros, cuando el entonces alcalde De Santiago y parte de su equipo acordó ceder el uso de unos terrenos demaniales (que solo pueden ser destinados a uso y servicio público) a la RFEF. Inmediatamente después del acuerdo, la oposición en el Consistorio (PSOE e IU) denunció a todos los implicados en la toma de esa decisión. En 2004, una sentencia obligó a deshacer el acuerdo, pero cuatro años después todo seguía igual; en junio de 2009, De Santiago —en el cargo entre 1995 y 2011— fue considerado responsable de una operación ilegal debido a que el suelo cedido era de dominio público por lo que no podía ser objeto de compraventa o concesión.
“No he tomado ni una decisión sin consensuarla con los técnicos”, declaró De Santiago durante el juicio, que se celebró en abril y en el que se reconoció inocente. La Audiencia considera algunos hechos probados, concretamente el de desobediencia por no cumplir la sentencia de 2004, pero cree que ha pasado demasiado tiempo y que este ha prescrito. Sobre la cesión provisional de los terrenos, “tretas y mañas que se han utilizado en perjuicio del erario público”, según dijo la acusación, el TSJM no encuentra ni arbitrariedad ni que fueran “adoptadas con plena conciencia de su ilegalidad” por los que ha absuelto a todos los acusados.
Durante el juicio, también declaró Ángel Villar, presidente de la RFEF: “[La Ciudad del Fútbol fue el resultado de] una gran gestión del alcalde y de los concejales”. “El Ayuntamiento cumplió con su obligación de aportar una solución legal”, dijo. Con la Ciudad del Fútbol en pleno funcionamiento, y a raíz de las sentencias y autos emitidos por el Tribunal Supremo y el Constitucional, José Ignacio Fernández Rubio (PP), actual alcalde de Las Rozas, readjudicó los terrenos en discordia a la Federación de Fútbol a cambio de un canon de poco más de 46 millones de euros. “[Esa cantidad] se estimó políticamente por el Ayuntamiento. Bien podrían haber sido 75 millones”, opinó el interventor general. El PSOE reclamaba ese dinero para el municipio porque la RFEF los había obtenido por la explotación del terreno; una cesión de facto.
En su sentencia, la sala ha considerado que “no existe riesgo alguno para los intereses generales de que se siga aprovechando el uso de las instalaciones” y que “el Ayuntamiento de Las Rozas, al menos en los ejercicios de 2008 y 2009, no contaba con capacidad presupuestaria para asumir la gestión directa de la conservación y explotación de la llamada Ciudad del Fútbol”. En base a estos argumentos y valorando que los acuerdos no se adoptaron con el propósito de transgredir la ley, “sino para dar una solución provisional a ese espacio”, los magistrados han absuelto a todos los acusados de todos los delitos.
El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, ha considerado este jueves que la convocatoria de huelga de la RFEF «no está justificada», ya que el Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado jueves que regula la venta centralizada de los derechos de televisión en el fútbol responde a una «demanda reiterada» del sector, y «espera» y «confía» en que impere la lógica para que el fin de semana del 16 y 17 de mayo haya jornada de Liga.
La Federación para todas las competiciones a partir del día 16
El Villarreal reúne a su plantilla por la huelga
La Liga denuncia a la Federación
«La huelga convocada por la Federación Española de Fútbol no está justificada porque da respuesta a una demanda tanto de ella como de la Liga y la AFE. Pido que la RFEF haga una lectura sosegada de este texto, recapacite y vuelva a la senda del trabajo razonable para impulsar el fútbol aficionado», afirmó Miguel Cardenal en un encuentro con la prensa en el CSD.
En este sentido, el presidente del Consejo señaló que el fútbol aficionado pasará, con la aprobación del Real Decreto, de ingresar «cero» euros a 25 millones al año, 5 de ellos para el femenino y la Segunda B, y podría alcanzar los 150 millones en el próximo lustro y cerca de 400 millones en 10 años, según las estimaciones del Gobierno.
Cardenal reiteró que el texto aprobado por el Ejecutivo es «muy bueno» para el fútbol y también para los jugadores, pues reportará dinero a los clubes de Segunda B y la Primera División de la Liga femenina y «dobla» los ingresos de los equipos de la Liga Adelante, «y se ha demostrado que cuando los equipos tienen más eso revierte en el incremento de los salarios de los jugadores».
Por ello, se declaró sorprendido por la postura del sindicato de futbolistas, que dijo haberse sentido «ninguneado» en la redacción del documento definitivo que regulará la venta centralizada de los derechos de televisión del fútbol. «Me gustaría saber si eso justifica una huelga. Conozco el punto de vista del sindicato porque me he reunido varias veces con Luis Rubiales, pero no sé si un sentimiento es relevante», subrayó.
Me gustaría conocer qué es lo que no le gusta a la RFEF. ¿No le gusta que haya más dinero para Segunda? ¿Qué el fútbol aficionado pase a recibir 30 millones al año?
Acerca de la postura de la RFEF y de su presidente, Ángel María Villar, Cardenal se preguntó sobre las razones que esgrime para la convocatoria de huelga para la penúltima jornada de la Liga BBVA, en la que se disputan un Atlético de Madrid-FC Barcelona y Espanyol-Real Madrid claves para el título, y la 38 de la Liga Adelante.
«Me gustaría conocer qué es lo que no le gusta a la RFEF del Real Decreto. ¿No le gusta que haya más dinero para Segunda? ¿Qué el fútbol aficionado pase de no recibir nada a 30 millones al año? ¿Qué la Liga española pueda competir con otras de su entorno como la Premier? ¿Qué se pueda retener a las grandes figuras en nuestro campeonato? Es el momento de que todos pensemos en el fútbol español, que estaba en una encrucijada histórica y todos debemos estar a su lado porque todos salimos beneficiados», indicó.
Cardenal lamentó que el presidente de la RFEF se haya «jactado» de no responder a las cartas ni a las llamadas desde el Consejo Superior de Deportes e, incluso, le acusó de «falta de respeto» por no comparecer a un par de reuniones con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. «Si se ha sentido ninguneado o marginado ha hecho todo lo posible por ningunearse. Estamos perplejos de que la Federación se queje de que se le ha detraído dinero de las Quinielas cuando ha aprobado recortes de 750.000 euros al año en ejercicios anteriores. Cuando la RFEF ha tenido motivos de distanciamiento han salido estos supuestos agravios, para dar una imagen de un ataque sistemático del Gobierno al fútbol aficionado que no existe», destacó. Sobre si teme que Villar acuse al Gobierno de injerencia y lo denuncie ante el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, como ya hizo en una ocasión, Cardenal destacó que no cree que el Real Decreto español se aleje «en mucho» de la legislación de los países del entorno. «Y no conozco la intervención de ninguna Federación Internacional por unas leyes similares a las nuestras», añadió.
Igualmente el máximo responsable del CSD, que confesó que dar cobertura social a los cerca de 3.500 deportistas de élite gracias a este Real Decreto es de lo que se siente «más orgulloso», se declaró convencido de que «impere la razón» y no haya huelga, aunque no han mantenido ningún contacto con la RFEF en los últimos días. «Tengo la confianza de que no habrá huelga. Espero y deseo que haya fútbol y podamos celebrar este gran avance que supone el Real Decreto para el fútbol español. Es muy bueno para nuestro fútbol, para que sigamos viendo finales de la Champions con clubes españoles», sentenció.
«Estamos perplejos», confiesa el presidente del Consejo Superior dd Deportes (CSD), Miguel Cardenal, sobre la decisión de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de convocar una huelga a partir del próximo sábado 16 de mayo. «Villar ha hecho todo lo posible por ningunearse y marginarse a sí mismo», añadió Cardenal en un encuentro con la Prensa convocado en la sede del CSD. «Quiero aclarar algunos aspectos sobre la decisión de la FEF y avalar mis afirmaciones con documentos», fueron las primeras palabras del Secretario de Estado, quien compareció junto a Ana Muñoz, directora general del CSD. «Donde había cero euros ahora habrá un 1%, que pueden ser 10 millones. Por la Copa del Rey, la FEF pasa de recibir 3 millones a al menos 10. El fútbol aficionado ingresará en cinco años 150 millones», fueron algunos de los números dados por Cardenal.
«Se han creado falsos problemas para dar la sensación de que hay un ataque del Gobierno. ¿Injerencias? Se han admitido todas las modificaciones de estatutos sin problemas. No hemos parado ninguna, salvo por dudas de su legalidad», explicó el presidente del CSD, quien también recordó los numerosos desplantes de Villar. «Quien en todo caso ha sido irrespetuoso ha sido él», señaló.
«Espero y deseo que sí», respondió Cardenal a la pregunta de si cree que habrá fútbol el próximo sábado 16. «No existe motivo para que no lo haya y espero que impere la lógica», añadió, para a continuación recordar que el Decreto-Ley ya está en vigor. «Las puertas del CSD están siempre abiertas, pero como desconozco las razones para convocar esta huelga, no sé de qué manera puedo obrar«, explicó sobre la posibilidad de negociar con FEF y AFE. Sobre el sindicato de futbolistas, Cardenal dijo que «sin conocer sus razones no me parece oportuno decir nada. Este Real Decreto es bueno para los futbolistas, también para los de Segunda B y el femenino. Tienen un dinero que no tenían y tendrán mejorar salariales».
«Sobre percepciones no puedo opinar», insistió Cardenal. «Quiero saber si se justifica una huelga y si este Real Decreto es bueno o es malo para el fútbol. Aquí miramos por el interés general», añadió, para invitar a la FEF a «hacer una lectura inteligente y sosegada del texto».
Cardenal no quiso valorar las declaraciones de Javier Tebas, presidente de la Liga, quien habló de «chantaje» por parte de la federación que preside Villar.
“Una locura, una osadía y una irresponsabilidad de una institución y de Ángel María Villar, que no sabe el rumbo que debe tomar el fútbol profesional ni el fútbol aficionado”. Javier Tebas fue tajante para definir la situación creada por la huelga indefinida que ha convocado la RFEF, a propuesta de la AFE. “Es un reto a la Liga y solo responde a un interés personal. Hemos interpuesto recurso ante el Consejo Superior de Deportes, que es el órgano competente, ya que ese acuerdo no estaba en el orden del día y la Federación no tiene competencias para modificar cualquier tipo de calendarios. También se dará traslado al Comité Disciplinario para que considere las sanciones oportunas porque los daños son terribles y cuantiosos. Incluso desde China nos han mostrado su preocupación por las consecuencias que puede tener para nuestros patrocinadores. Interpondremos las demandas correspondientes”.
Guerra abierta y no ceder ni un paso. El presidente de la Liga ha pedido al Gobierno “que mantenga y no toque ni una coma del Real Decreto» y, añade, «si tiene que haber huelga que la haya y si quieren suspender la competición más tarde se irán de vacaciones, pero no vamos a someternos al chantaje de la Federación. Si el Gobierno se somete a este chantaje irresponsable, daremos un paso atrás en la regeneración del fútbol español”.
De momento, habrá huelga indefinida a partir del próximo sábado 16 de mayo. Este miércoles se convocó a la Junta Directiva de la RFEF para, a petición del sindicato de futolistas españoles, AFE, «analizar los últimos acontecimientos relativos a los diversos problemas que sufre el fútbol español, oportunamente comunicados al Gobierno de la Nación», rezaba un comunicado emitido desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La Liga de Fútbol Profesional, por su parte, anunció que ha interpuesto “las acciones legales correspondientes” contra la decisión de la RFEF. En un comunicado oficial de siete puntos, la LFP expone que considera “nula de pleno derecho” la huelga y convoca a todos los clubes a una Asamblea Extraordinaria para el próximo lunes, además de anunciar que llevará a los tribunales a la RFEF por dicha convocatoria de huelga.
El comunicado de la Federación subrayó que «la Junta Directiva ha repasado la situación de la disconformidad con el reparto del 4,55% procedente de las Quinielas y su retirada sin motivo alguno por parte del Secretario de Estado para el Deporte; el estudio realizado sobre las consecuencias de la Ley de Emprendedores, que conducen a la imposibilidad de la presencia de los colaboradores más imprescindibles en la organización del fútbol más humilde; las inspecciones de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social a los clubes de futbol aficionado, que han obligado a abandonar sus puestos a una elevada cantidad de directivos modestos, alma verdadera de nuestro deporte; la situación de los requerimientos de reintegro por parte del CSD sobre gastos efectuados, desembolsados y justificados con destino y destinatarios finalistas para el fútbol aficionado».
«Las reivindicaciones en favor de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en su función aglutinadora de representación de todos los futbolistas de las competiciones de nuestro país; y también las continuadas injerencias del CSD, que obran en conocimiento de nuestra Federación Internacional (FIFA), y que han motivado una seria advertencia por parte del máximo organismo del fútbol mundial, comunicada al Gobierno de España», añadía, apuntando que «la Junta Directiva de la RFEF ha abordado también el contenido del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril».
Ángel María Villar junto a Miguel Cardenal
A continuación, esgrime las siguientes conclusiones para convocar el paro:
1. Después de transcurridos tres meses desde la primera comunicación formal al Sr. Ministro de Educación, Cultura y Deportes, no se ha resuelto ninguno de los problemas citados que afectan gravemente al fútbol aficionado.
2. La promulgación del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, ha contado con el apoyo expreso de la RFEF en varias ocasiones. Queremos hacer constar con claridad que nuestras solicitudes más importantes nunca afectaron negativamente a los beneficios económicos para los clubes, la Liga, y el fútbol en general.
3. A diferencia de otras entidades, la RFEF nunca contó con el borrador del Real Decreto-ley, como hubiéramos deseado, al objeto de efectuar aportaciones para contribuir con buena voluntad a su mejora. Tan sólo en el último momento se nos ofreció una información parcial sobre una mínima parte de datos.
4. Esta actitud, unida al contenido del Real Decreto-ley, ha sido entendida por la Junta Directiva de la RFEF como una falta de respeto y consideración al órgano rector de todo el fútbol español, que ha sido ignorado, despreciado y ninguneado por el Gobierno de España, en su papel de institución responsable global del fútbol en nuestro país, y socio integrador de la FIFA y de la UEFA. Nuestras propuestas, de haber sido escuchadas, habrían redundado en beneficios y mejoras para el fútbol español. A cambio de nuestra colaboración y ayuda desinteresada, hemos recibido como respuesta la expropiación ex lege de ciertos derechos básicos, entre otros, la titularidad del audiovisual. El Gobierno utiliza el dinero privado del fútbol para políticas deportivas a través del CSD para otras actividades ajenas al fútbol. Además, se nos adjudica el papel de garantes de los clubes de sus deudas tributarias y a la Seguridad Social; se nos impone la función de “carteros” de nuestro dinero para entregarlo inmediatamente a las federaciones de ámbito autonómico, por lo cual la RFEF no percibe nada del manido 1%. Por ende, el Gobierno Central, con este dinero privado del fútbol, fija los porcentajes y el destino finalista que debe recibir cada federación territorial, dependiente de una Administración autonómica.
5. La Asociación de Futbolistas Españoles ha informado de su decisión de convocar huelga para las próximas fechas, 16-17 de mayo de los corrientes y de forma indefinida. Del mismo modo, han manifestado su intención de no participar en las competiciones los representantes del estamento de árbitros y de entrenadores así como las Federaciones de ámbito Autonómico, lo que imposibilita la disputa de las jornadas.
Luis Rubiales, presidente de la AFE, en primer término durante una imagen de archivo (EFE)
En consecuencia, por la actitud irrespetuosa hacia la RFEF del Gobierno de España en el contenido de este Real Decreto-ley y por la falta de resolución de todas las cuestiones que motivaron en los meses precedentes paros totales de todas las competiciones en diecisiete federaciones territoriales, que afectaron a más de 600.000 deportistas, 30.000 partidos y 15.000 entidades de fútbol aficionado, ignoradas en su significación y sentimiento.
Una vez explicados los motivos, informa el ente federativo que se acuerda «suspender todas las competiciones de todas las categorías a partir del día 16 de mayo con carácter indefinido. Al mismo tiempo, y una vez más, reiteramos el ofrecimiento de diálogo por parte de la RFEF al Gobierno de España».
Fuentes de la AFE aseguraron que los jugadores están disconformes con el reparto de los derechos de televisión del 90% para Primera y el 10% para Segunda (al menos debería de llegar al 20%), no aparecen garantías salariales para los futbolistas y se ha dado «todo el poder a los empresarios» ya que se ha aprovechado este Real Decreto para «modificar» la Ley del Deporte. Asimismo, lamentan que en otros países de nuestro entorno como Francia e Inglaterra sí se tenga en cuenta a los sindicatos y en España se les «ningunee». En este sentido, en el texto aprobado por el Gobierno hay previstas ayudas al fútbol femenino cuando gran parte de ellos, 9 de 16, están vinculados a clubes de la Liga profesional, que también ha emitido su propio comunicado antes de anunciar que acudirá a la Justicia.
“Donde antes recibían cero ahora percibirán al menos 10 millones; y por la Copa del Rey, sin contar la final, que antes vendían por tres millones, ahora recibirán 10 millones”, dijo Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, cuantificando lo beneficioso para la federación y lo solidario para el fútbol que es el real decreto que regula la venta centralizada de los derechos televisivos del fútbol español. “Y cinco millones serán para el fútbol no profesional, la Segunda B y el fútbol femenino. Solo el fútbol recibirá el mismo dinero de la Administración que la suma del resto de las federaciones”.
Cuatro días después de que el Consejo de Ministros aprobara la norma con los criterios del reparto entre las familias del fútbol, la federación española aún no ha reaccionado oficialmente, aunque a través de vías indirectas ha hecho saber su disconformidad y su disposición a pelear por obtener una mayor parte del pastel que se presume.
“Cinco millones serán para el sector no profesional, el fútbol femenino y Segunda B”
Anticipándose a la probable reivindicación del organismo presidido por Ángel María Villar, Cardenal, motor e impulsor de la venta centralizada, puso números a la letra del real decreto. El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) ofreció tres cálculos de ingresos, uno conservador (1.000 millones de euros de ingresos por temporada, 900 de ellos para Primera División), uno razonable (1.250 millones totales; 1.125 para Primera) y uno optimista (1.500 y 1.350 millones). En todos ellos se contempla que mientras los ingresos de los dos clubes que más perciben con la actual venta individual, el Madrid y el Barcelona, apenas variarán (seguirán rondando los 130 millones anuales), aplicando los criterios del reparto centralizado (50% fijo; 25% según valor deportivo y 25% según valor social), los de los demás equipos no serán tan escandalosamente menores.
En el cálculo llamado razonable (1.250 millones por temporada, incluida la venta de derechos al extranjero que alcanzaría un mínimo de 400 millones), el Valencia y el Atlético de Madrid, que actualmente perciben unos 45 millones, la tercera parte de los dos grandes, pasarían a 85 millones, con un ratio de solo 1,4 a uno; y los que menos reciben, los tres últimos clasificados, pasarán de ingresar la séptima parte de lo que reciben los primeros a la cuarta parte. “Esto permitirá una Liga más competitiva y un descenso de la deuda con Hacienda”, dijo Cardenal.
Dado que todos los clubes tienen contrato en vigor con algún operador para la próxima temporada, el real decreto regulará la venta a partir de la temporada 2016-17, pero Cardenal no excluyó que la Liga recupere los derechos y se pueda anticipar una temporada. Los operadores de la televisión de pago así lo desean, conscientes de que España es el país europeo con menor penetración de este sistema (cuatro millones de abonados, los mismos que Portugal, con una penetración de solo el 22%), y de que el fútbol sería la gran locomotora de su multiplicación.
El Gobierno español y los clubes profesionales de fútbol celebran estos días haber encauzado la elaboración de la ley que consagre la venta colectiva de los derechos audiovisuales de la Liga, valorados en torno a mil millones de euros. Solo falta la aprobación del tercer actor, la Federación Española de Fútbol, que tiene legalmente reconocida la titularidad de los derechos en cuestión, tanto por virtud de la Ley del Deporte de 1990 como por los estatutos de la FIFA. El presidente federativo, Ángel María Villar, no parece nada satisfecho con unas negociaciones en las que, asegura, ni siquiera le han permitido leer el borrador. Si la ley se aprueba sin su consentimiento, Villar estudia parar la Primera División. En última instancia no descarta un conflicto con la FIFA que deje al fútbol español fuera de la Champions y de la Eurocopa.
El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, bajo cuya tutela se articula la ley, se reunió con Villar el viernes 17 de abril para informarle del contenido de la norma. Villar lamentó que el Gobierno siguiera sin mostrarle el borrador que, según él y varios clubes implicados, sí tienen el presidente de la Liga, Javier Tebas, el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, los abogados del Madrid y el Barça, y Jaume Roures, dueño de la productora Mediapro, muy próximo a Tebas.
El mandatario quiere asegurarse el control sobre los contratos de televisión de la Liga
Wert le comunicó a Villar unas condiciones que, según fuentes federativas, resultan humillantes. Esto es, el 93% de los mil millones irán destinados a la Liga; el 3,5% se distribuirán como compensación a los clubes que descienden a Segunda; el 1% a la Administración, encarnada en el Consejo Superior de Deportes; el 0,5% para los sindicatos de deportistas, sin especificar que se beneficie exclusivamente a los futbolistas, agrupados en AFE; y el 1% para la federación. Este 1% que recibiría la federación es ampliable a un 2% si Villar cede los derechos sobre la Copa del Rey. La oferta no solo diluye el poder de Villar en el fútbol español. Resulta pobre si se compara la situación de las federaciones de fútbol en países como Inglaterra, donde obtiene un 20% del dinero de las televisiones.
Villar teme que el Gobierno acabe aproando la ley según los designios de Tebas, incluso esta misma semana, y sin permitirle alterar el contenido. Sospecha que el presidente de la Liga se valdrá del Real Decreto para convertirse en el administrador único del fútbol español, concretando por la vía financiera las amenazas públicas que ha vertido sobre su persona. En defensa de su posición Villar exige que al menos le dejen leer el borrador. Luego pide que en la redacción se reconozca la cotitularidad de los derechos audiovisuales a la federación porque desea poder ejercitar el veto sobre futuros contratos. El mandatario también reclama que sean los propios operadores de televisión quienes distribuyan el dinero, y no la Liga, porque esto permitiría a Tebas adquirir condición de tesorero, a riesgo de dejar a la federación sin liquidez.
Villar asegura que no le preocupa tanto el porcentaje que le asignen a la federación como el hecho de que decida beneficiarse al propio CSD con un 1% que acabaría en la Administración o en las arcas de otros deportes. Y recuerda que el porcentaje que corresponde a la federación es esencial para mantener el fútbol base, que afecta a casi 700.000 jugadores federados en 19.000 clubes amenazados por el nuevo marco tributario que les impone la Ley de Emprendedores.