El presidente del Supremo rechaza intentos de suspender el juicio a Rousseff El presidente del Supremo rechaza intentos de suspender
La FIFA investigará las circunstancias que rodearon a la detención días atrás de un equipo de periodistas ingleses de la BBC, invitados formalmente por el gobierno de Qatar para visitar las obras relativas al Mundial 2022 y los recintos donde se alojan los trabajadores venidos de otros países para trabajar en el pequeño emirato del Medio Oriente que albergará dentro de siete años la primera Copa del Mundo en suelo árabe. El organismo que rige los destinos del fútbol mundial emitió un comunicado según el cual «cualquier instancia en relación a una aparente restricción de la libertad de prensa es motivo de preocupación para la FIFA, por lo que se investirá con la seriedad que merece».
La BBC denunció lo ocurrido después de que sus reporteros fueran puestos en libertad tras permanecer 13 horas en los calabozos, donde según los propios afectados, fueron esposados e interrogados de manera «agresiva» por los agentes de seguridad. Por su parte, la oficina de prensa del gobierno qatarí emitió un comunicado justificando la citada medida de fuerza en el hecho de que «los periodistas ingleses provocaron dicha situación por su modo de proceder, ya que decidieron hacer las visitas y entrevistas por su cuenta y en los días previos a la visita organizada, traspasando para ello unas propiedades privadas, lo cual está en contra de la ley en Qatar».
Las autoridades locales requisaron tanto los equipos de trabajo como el material grabado, sin que por el momento ni unos y otros hayan sido devueltos. «Fuimos invitados a Qatar por la oficina del Primer Ministro para conocer los nuevos alojamientos destinados a los trabajadores asiáticos que se encargan de la construcción de los estadios que albergarán los partidos del Mundial 2022, pero mientras grabábamos material adicional para nuestro reportaje fueron interceptados por la policía, que nos detuvo y nos metió en la cárcel por hacer nuestro trabajo«, escribía Marcos Lobel, uno de los periodistas afectados, en el sitio web de la BBC.
Las reiteradas denuncias realizadas en los últimos años por los medios británicos y diversas asociaciones defensoras de los derechos humanos sobre las lamentables condiciones laborales de los trabajadores de la construcción en Qatar y el alto número de fallecimientos entre sus operarios asiáticos de bajo nivel, llevaron a las autoridades del emirato a impulsar en 2014 una serie de medidas destinadas a mejorar ostensiblemente las condiciones de vida y trabajo del más de un millón de obreros que tienen en nómina. Precisamente, en el marco de la constatación de esos avances realizados por el Comité Supremo para la Entrega y el Legado (CS), brazo ejecutor del proyecto mundialista qatarí, es en el que se han producido las detenciones de los reporteros de la BBC.
La operación para derribar el estadio Vicente Calderón, construir 2.000 pisos y trasladar al Atlético de Madrid al campo de la Peineta está malherida porque “los números no salen”, según FCC, encargada de las obras. Y el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) que anula el plan urbanístico, adelantado ayer por EL PAÍS, “alargará el proceso”, según señaló ayer la constructora a este diario.
El Atlético aseguró en un comunicado que La Peineta se acabará en primavera de 2017 y “la sentencia no modifica la decisión o los plazos”. Pero lo cierto es que el club lleva cuatro meses negociando con FCC “cómo se paga” la obra porque las cuentas no salen. “Y si se limitan las alturas”, como dicta el fallo, “es imposible”, añade FCC. La constructora “no descarta ninguna posibilidad”.
La sentencia, del 13 de abril, anula el plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento en 2009. El desarrollo ya fue anulado por el TSJM en enero de 2012, pero el Tribunal Supremo obligó a repetir el juicio. El Ayuntamiento aprobó en julio de 2014 un nuevo plan para sustituir al anulado. Pero la última sentencia del TSJM no sólo anula el plan anterior sino que deja malherido al nuevo.
Los jueces creen que en el ámbito de Calderón no se pueden construir edificios de más de cuatro pisos. Ese ya fue el argumento para anular el plan en 2012. Pero el Gobierno regional cambió en 2013 la ley del suelo para soslayar el fallo y desatascar la operación.
Pese a ello, en su sentencia el TSJM insiste en que con ese cambio tampoco se pueden superar las cuatro alturas. El nuevo plan incluye dos torres de 36 pisos y ocho bloques de hasta 22, lo que lo convertiría en inviable en caso de recurso judicial. Y la asociación Señales de Humo, crítica con la gestión del club, planea recurrirlo, como hizo con el anterior.
El Ayuntamiento, por su parte, llevará la sentencia del TSJM ante el Supremo. Aduce que la limitación de cuatro alturas sólo se aplica a desarrollos urbanísticos posteriores a la aprobación de la ley del suelo de 2007, y ese ámbito comenzó a desarrollarse antes.
El TSJM, sin embargo, afirma que el plan es “un auténtico nuevo desarrollo que transforma totalmente el ámbito”, y está sujeto pues a la limitación de alturas.
El Atlético, que calificó la información sobre la sentencia como “interesada e incorrecta”, admite sin embargo, tal y como publicó EL PAÍS, que el fallo no impide construir edificios en el ámbito pero sí prohíbe que superen las cuatro alturas. Es decir, adiós rascacielos. Añade que se podrían levantar torres si el Ayuntamiento justificara su carácter singular, lo que no ha hecho. Y concluye que la sentencia no impide derribar el Calderón. En efecto, no lo hace: el Atlético podría tirar su estadio para hacer un parque. Es más, podría incluso trasladarse a La Peineta cuando esté acabada. Pero debería cuadrar antes con FCC una operación que supera los 250 millones de euros. Y a la constructora, a la que ya no le cuadraban las cuentas antes del fallo (“se hicieron con precios de la vivienda de 2008”), ahora aún menos.
En juego no está sólo el estadio: FCC se comprometió además a soterrar el tramo de la autovía M-30 junto al Calderón para rematar el parque de Madrid Río. Debía asumir el 57% del coste, estimado entre 80 y 150 millones; el resto correría a cargo del Ayuntamiento.