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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad y que se define como la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera de Europa, lleva desde octubre del pasado año realizando obras sin licencia en el Palacio de Doñana, un edificio del siglo XVI con la máxima protección, sede de la Reserva Biológica del Parque Nacional (Patrimonio Mundial) y por la que han pasado presidentes y numerosos jefes de Estado. Las obras están presupuestadas en siete millones de euros y están financiadas por el Ministerio de Economía y los Fondos Feder de la UE El Ayuntamiento de Almonte (Huelva), municipio al que pertenece esta zona de Doñana, gobernado por el PP, ha reconocido que carecen de permiso y ha comenzado ahora a abrir un expediente ahora, siete meses después. El máximo responsable de la Estación Biológica, Juan José Negro afirmó que “se está intentando arreglarlo”.
El concejal del PSOE José Villa dio la voz de alerta ante el volumen que adquirían los trabajos y la “dejación” del Ayuntamiento. “Conocen las obras y no las paran. El gobierno municipal no ha hecho nada y, encima, la irregularidad es de una institución del Ministerio”, lamentó Villa, quien alertó de la “falta de transparencia” de las administraciones gobernadas por el PP, que le han denegado de forma sistemática información sobre las obras.
Fuentes municipales confirmaron que la remodelación carece del permiso, aunque se solicitó el día 25 de febrero, cinco meses después del comienzo de los trabajos. Sin embargo, la documentación presentada contiene irregularidades que impiden conceder la licencia. De hecho, el municipio va a empezar ahora a abrir un expediente contra los promotores y la semana que viene tienen prevista una visita a las obras.
La licencia de obras se solicitó a nombre del CSIC y se adjuntó la adjudicación definitiva de los trabajos y el contrato de los mismos con Condisa.
El edificio es un cortijo andaluz de más de 400 años que fue durante generaciones pabellón de caza de las familias reales y de la aristocracia. Su protección es máxima, de grado uno, lo que impide realizar cualquier trabajo que no sea de mantenimiento.
Negro afirmó que los permisos son responsabilidad de la contrata y que se pagó incluso la tasa correspondiente. Pero el pago no implica la concesión del permiso definitivo de los trabajos.
El responsable de la reserva apuntó que las obras de Patrimonio del Estado están exoneradas, pero se pidió el permiso por “deferencia”. Técnicos de bienes culturales negaron esta circunstancia y afirmaron que en todos los bienes catalogados la licencia es necesaria, así como los permisos de las comisiones de Patrimonio.
Las obras, que cuentan con un presupuesto de siete millones de fondos públicos, suponen una remodelación completa del edificio para convertir las instalaciones de esta sede Científico Tecnológica Singular (ICTS) del CSIC en un centro de alta tecnología “para la protección, gestión y uso sostenible de la biodiversidad”, según el proyecto de la institución.
El edificio que está siendo remodelado se encuentra incluido en el catálogo de bienes y espacios protegidos y en el expediente consta que el estado de conservación es “bueno”. El inmueble está incluido en los planes de ordenación del territorio del ámbito de Doñana desde 2004 y en el rector de uso y gestión del parque de 1991. Su grado de protección, según el documento que consta en el PGOU de Almonte solo permite “obras de conservación y mantenimiento”.
Wernher von Braun, el hombre cuyos cohetes llevaron al hombre a la Luna, escribió que sus dos principales problemas eran la gravedad y el papeleo. “Podemos lidiar con la gravedad”, dijo, “pero a veces el papeleo nos desborda”.
En España, más de 50 años después, la burocracia sigue siendo un problema mucho más infranqueable para muchos científicos que la gravedad o ser competitivos en sus disciplinas. Albert Pol es un ejemplo de ello. Este doctor en biología se dedica a la ciencia básica, entre otras cosas, para buscar nuevos antibióticos capaces de frenar la creciente resistencia a los fármacos actuales, un problema que causa gastos sanitarios millonarios y provoca unas 25.000 defunciones cada año en la UE. Hace unos meses, la financiación de su equipo, compuesto por él y otras tres personas, era casi nula. Cuando las cosas parecían no poder ir a peor, a Pol le comunicaron desde la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, dependiente del Ministerio de Economía, que este año no tendría financiación del Plan Estatal de I+D+i porque su currículum no tenía el formato adecuado.
“En esta situación no tenía forma de pagar a mi investigador posdoctoral y al técnico de laboratorio y eso suponía que el grupo entero iba a desaparecer en junio”, explica Pol, que trabaja en IDIBAPS, un organismo de investigación asociado al Hospital Clínico de Barcelona, la Universidad de Barcelona y el CSIC.
“Es absurdo que un investigador de prestigio de Harvard tenga un currículum de tres páginas y que en la Universidad Complutense haya otro con cincuenta”
El suyo es uno de los 250 grupos de investigación españoles que el Gobierno ha dejado sin financiación por defectos de forma en el currículum. En muchos casos esto quiere decir que tenían más de las cuatro páginas estipuladas, aunque también el tipo de letra o un espaciado incorrecto podían dejar fuera de forma irreversible a los candidatos, independientemente de su valía científica. La medida causó una fuerte polémica y provocó la dimisión de Carmen Castresana, directora de uno de los mayores centros de investigación biomédica del país. Entre los afectados hay grupos que han conseguido financiación europea en programas más competitivos y exigentes que el Plan Estatal español, como por ejemplo los del Consejo Europeo de Investigación (ERC), que frecuentemente es citado por los responsables de I+D del Gobierno como modelo a seguir. Como explicaban hace unas semanas Albert Esteve, e Iñaki Permanyer, ambos ganadores de financiación del ERC, ante currículos demasiado largos esta organización europea simplemente ignora las páginas sobrantes sin eliminar por ello la candidatura del científico en cuestión.
Pol explica que la financiación del Plan Estatal le hubiera dado unos 200.000 euros en tres años y que servirían básicamente para pagar al personal de su laboratorio. Tras ser rechazado por el Gobierno, su grupo ha conseguido salvar los muebles gracias a otro programa internacional para proyectos científicos arriesgados y con gran potencial. Se trata del prestigioso Human Frontiers Science Program, que este año ha seleccionado 21 proyectos internacionales entre más de 1.000 candidatos. El de Pol, que colabora con grupos de Australia, Brasil y EE UU, pretende averiguar si el sistema inmune de los mamíferos produce proteínas desconocidas basadas en lípidos capaces de eliminar bacterias, es decir, nuevos antibióticos. Pol es el único español que ha sido reconocido este año en este programa internacional y gracias a él, dice, conseguirá 1,3 millones de dólares durante tres años con los que podrá continuar su trabajo.
En 2001, este biólogo fue seleccionado en la primera promoción del programa Ramón y Cajal, diseñado por el Gobierno para recuperar cerebros españoles en el extranjero y atraer talento científico a España. En 2007 consiguió una plaza de investigador ICREA, otro programa para científicos de alto nivel tanto españoles como extranjeros, en este caso creado por la Generalitat de Cataluña. Por lo menos tres investigadores ICREA están entre los afectados por el problema de los currículos, explica Jaume Bertranpetit, director de este programa. “Es evidente que entre los 250 grupos excluidos en todo el país hay problemas gravísimos, el Plan Estatal es la financiación básica que permite el funcionamiento de la máquina de la investigación del Estado y cuando esta falta, es terrible”, comenta.
Se han visto atados por su propia norma y, aunque la situación es injusta, parece que no queda otra que tragar con ella
Bertranpetit cree que la intención del Gobierno para normalizar los currículos es buena, pero se ha ejecutado de la peor forma posible escudándose en «la parafernalia burocrática». “Es absurdo que un investigador de prestigio de Harvard tenga un currículum de tres páginas y que en la Universidad Complutense, por ejemplo, haya otro con cincuenta”, explica Bertranpetit. Pero, matiza, la norma introducida para implementar el cambio es “tan rígida que todo el mundo sale perjudicado con ella”.
El jefe de ICREA habla de casos de científicos que se han quedado sin financiación porque al transformar su currículum al formato pdf este se pasaba una línea de las cuatro páginas estipuladas. Al contrario que en las convocatorias anteriores, el error era “no subsanable”, es decir, dejaba automáticamente fuera al candidato. Normalmente, había unos días de gracia para corregir errores.
El cambio se advertía claramente destacado en el encabezamiento de la convocatoria y en amarillo chillón. Por eso la Secretaría de Estado de I+D+i ha defendido su actuación y opina que la responsabilidad es de los candidatos que no rellenaron la petición correctamente. “Sin duda los investigadores cometieron el error, pero la rigidez de la norma es excesiva”, opina Bertranpetit, que intentó, sin éxito, que la Secretaría de Estado de I+D+i, dirigida por Carmen Vela, rectificase. “El problema es que una vez que la convocatoria está en el BOE ya no tiene solución, se han visto atados por su propia norma y, aunque la situación es injusta, parece que no queda otra que tragar con ella”, lamenta.
Un total de 250 proyectos científicos se quedaron fuera de la última convocatoria del Plan Estatal de I+D solo por incluir currículos de investigadores de más de cuatro páginas. La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, dependiente del Ministerio de Economía e Innovación, mantendrá en su próxima convocatoria ese mismo requisito formal, según aseguró a este periódico en la celebración del 15 aniversario del Programa “For Women in Science” de L’Oréal-UNESCO.
La secretaria de Estado afirmó que su departamento rechazó que los investigadores pudieran subsanar ese error —y evitar así la eliminación de sus proyectos— porque eso caería «de lleno» en la concurrencia competitiva de la convocatoria. Vela subrayó que se trataba de un error no subsanable, a diferencia de la falta «de una firma» o un error «en la fecha de nacimiento».
«No olvidemos que ha habido 6.000 solicitudes, de las que 250 no lo han hecho bien; el resto lo ha hecho perfecto», abundó Vela, para quien «ha habido personas que, por dejadez con la norma, no la han cumplido. Nos duele enormemente, a pesar de que la responsabilidad sea enteramente suya, porque estaba muy bien aclarado y especificado [en la convocatoria]».
La eliminación de 250 solicitudes se ha debido «simplemente» a «un incumplimiento de una norma muy pensada, no a una idea loca de la secretaría de Estado»
La aplicación de este criterio fue uno de los motivos por los que la directora del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), Carmen Castresana, presentó su dimisión el pasado el pasado 25 de marzo. El CNB es uno de los centros estratégicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, reconocido por el impacto y relevancia internacional de sus resultados científicos por la acreditación Severo Ochoa. Vela calificó a Carmen Castresana como «extraordinaria persona, buena investigadora y amiga», pero insistió en que «la concurrencia competitiva tiene que ser igual para todos».
La eliminación de 250 solicitudes se ha debido «simplemente» a «un incumplimiento de una norma muy explicada, muy pensada, no a una idea loca de la secretaría de Estado», aclaró Vela, que también comentó cómo el requisito surgió a «sugerencia de los evaluadores y de los [perceptores de] advanced grants», unas preciadas subvenciones europeas a directores de investigación reconocidos internacionalmente.
El Consejo Europeo de Investigación ignora las páginas de sobra, sin desechar las solicitudes
Se da la circunstancia de que estas subvenciones son concedidas por el Consejo Europeo de Investigación (ERC en sus siglas en inglés), organismo que ignora las páginas de sobra, sin desechar las solicitudes. Preguntada por qué el Gobierno no aplica este criterio europeo en España, la secretaria de Estado respondió que «ellos tienen ese mecanismo, pero nosotros tenemos otro».
Vela se mostró abierta a buscar una solución en la próxima convocatoria. Aunque «no es sencillo, intentaremos tener un programa informático» que automáticamente no incluya las páginas de sobra. No obstante, la secretaria de Estadio priorizó evitar «cualquier retraso» en la publicación de las futuras convocatorias antes que poner en marcha esa nueva vía de solicitud.
«Casi cualquier estadounidense estaría de acuerdo en que la función principal de la NASA es la de explorar el espacio. Es lo que inspira a los niños y las niñas de todo el país. Me preocupa que la NASA deje de centrar la atención en su misión principal», señaló el senador republicano Ted Cruz durante la reciente vista para revisar el presupuesto solicitado por la NASA. A Cruz le parece que la agencia espacial gasta demasiado en estudiar la situación de la Tierra, ya que esa no es su función. Frente a él, el administrador de la NASA, Charles Bolden, le respondió: «Es absolutamente fundamental que comprendamos la situación de la Tierra, porque este es el único lugar que tenemos para vivir». Y añadió: «No podremos ir a ninguna parte si el Centro Espacial Kennedy [desde donde se lanzan las misiones espaciales] queda sumergido bajo las aguas».
El presidente del comité de Medio Ambiente del Senado niega el cambio climático con una bola de nieve en febrero
Este rifirrafe ejemplifica muy bien la situación en la que ha quedado la supervisión de la ciencia tras las elecciones legislativas del año pasado en las que el partido republicano consiguió el control de las dos cámaras del Congreso. La presidencia de todos los comités y subcomités han quedado no solo en manos de los conservadores, sino de los más duros en su rechazo a la ciencia que muestra las causas del cambio climático, la evolución o la creación de la Tierra. En este contexto, el lanzamiento de la carrera presidencial augura que esta postura se fortalecerá, por ejemplo, con la candidatura que acaba de presentar Ted Cruz.
La semana pasada, el candidato Cruz aseguró en una entrevista que los defensores del cambio climático de origen humano son como inquisidores medievales: «El conocimiento científico aseguraba que la Tierra es plana, y este hereje llamado Galileo fue calificado de negacionista». Cruz no solo se ponía en el lugar del científico —Galileo— y a la comunidad científica en el papel de la Inquisición; además, confundía el célebre caso del astrónomo italiano, que fue perseguido por defender que el Sol no giraba alrededor de la Tierra. La cuestión del planeta esférico la habían zanjado Magallanes y Elcano 42 años antes de que Galileo naciera.
Ted Cruz se siente como Galileo y dibuja a la comunidad científica como «defensores de que la Tierra es plana»
Cruz, que no cree que estudiar los cambios en su planeta pertenezca a la misión central de la NASA, está equivocado: el primer objetivo que establecía la ley que la fundó fue «la expansión del conocimiento humano de los fenómenos en la atmósfera y el espacio«. Desde la perspectiva del senador texano, que no cree en el origen humano del cambio climático, las «ciencias de la tierra» no son «ciencias duras». Cruz asegura que no es verdad que la Tierra se haya calentado en los últimos 15 años, frente a los datos que muestran que, por ejemplo, 2014 fue el más cálido desde que se tienen registros. Su opinión importa porque preside el subcomité del Senado que supervisa las actividades de la NASA y, aunque no tiene capacidad ejecutiva sobre la agencia, puede torpedear con requerimientos y leyes su labor científica.
No es el único representante que parece dispuesto a ponerle palos en las ruedas a la ciencia en EE UU, en lo que el astrónomo y divulgador Phil Plait considera «probablemente, el grupo de políticos más anticientífico que este país ha visto en décadas». Marco Rubio —»no creo que la actividad humana esté causando estos cambios dramáticos en nuestro clima de la forma en que los científicos lo están retratando»— está al frente del subcomité del Senado que supervisa al otro gran organismo de investigación del clima: la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Mientras los republicanos piden que sea la NOAA y no la NASA la que investigue el clima, los propios republicanos promovieron una iniciativa para la NOAA gaste menos en el estudio del clima y más en las predicciones meteorológicas.
La diferencia entre clima y tiempo es clara para el reparto presupuestario, pero fue convenientemente olvidada por Jim Inhofe, senador de Oklahoma, al tirar una bola de nieve dentro de la cámara en febrero mientras decía: «Seguimos escuchando que 2014 ha sido el año más cálido registrado, ¿y saben lo que es esto? Es una bola de nieve. Y es de aquí fuera. Porque fuera hace mucho, mucho frío». Inhofe, conocido negacionista del cambio climático, publicó en 2012 un libro en el que lo denominaba El mayor bulo (The Greatest Hoax). En él, aseguraba que la Biblia explica en el Génesis que siempre habrá estaciones, calor y frío, y que pensar que los humanos podían cambiar eso es muy arrogante por parte de los científicos.
Neil DeGrasse Tyson cree, en cambio, que lo importante es «el dinero», no «lo que pienses o lo que digas»
Hace dos semanas, el rotativo británico the Guardian revelaba en portada que Inhofe había financiado su campaña con dinero del entorno de la petrolera BP. Paradójicamente, Inhofe ha sido elegido para presidir el comité de Medio Ambiente del Senado, responsable de estudiar y proponer medidas contra el cambio climático. Desde ahí lleva tres meses torpedeando todos los planes del presidente Barack Obama en materia medioambiental, como por ejemplo los referidos a la reducción de emisiones, o en otros capítulos, al oponerse al envío de ayuda a los países afectados por el ébola. También obstaculiza el trabajo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), una de las instituciones menos apreciadas por los republicanos: solo un 36% de sus votantes aprueba su labor, frente al 80% de los demócratas.
Inhofe, Rubio y Cruz podrán tomar ejemplo de Lamar Smith, compañero de partido y presidente del comité de Ciencia de la Cámara de Representantes desde 2013, donde ha mostrado cómo aprovechar sus atribuciones para perjudicar el trabajo de instituciones como la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF, el mayor organismo de financiación científica de EE UU) y la propia EPA. Junto a sus pegas al cambio climático, se suma su fijación con las ciencias sociales y el sentido utilitarista de la investigación. Así, viene poniendo innumerables pegas a la NSF y menospreciando públicamente aquellos trabajos —industria textil de Islandia desde los vikingos, las razones por las que visten velo las turcas o la polarización política de Twitter— que no le parecen dignos de apoyo público.
El comité de Ciencia, Espacio y Tecnología, presidido por Lamar Smith, cuenta con otros miembros como Paul Broun, que asegura que la Tierra fue creada en seis días hace 9.000 años, y Todd Akin, que se oponía al aborto porque el cuerpo de la mujer «tiene mecanismos» para no quedarse embarazada en caso de «violación legítima». En ese comité se encuentra el único físico de entre los 435 miembros del Congreso: el demócrata Bill Foster.
El pasado enero, aprovechando la ley que permitiría la construcción del oleoducto Keystone (vetado por Obama), la minoría coló una enmienda para que los republicanos se tuvieran que retratar sobre el cambio climático. La enmienda se limitaba a señalar que el calentamiento es real y no un bulo (hoax). Aunque incluía la misma expresión que su libro, hasta el senador Inhofe voto a favor de esa enmienda: 98 senadores sí creen que es real y solo uno voto en contra. Roger Wicker, senador por Misisipi, pasaba oficialmente a la historia como el único senador que cree que el cambio es un engaño.
Los miembros del comité de Ciencia de la Cámara creen que la Tierra tiene 9.000 años y que la mujer puede evitar un embarazo cuando la violan
Wicker preside el subcomité del Senado encargado del empleo verde y la nueva economía que surja de «la inversión en tecnologías y prácticas que reduzcan la huella de carbono o de la emisión de otros contaminantes, incluidas las que mejoren la eficiencia energética, la conservación, o fuentes de energía renovables». Además, la presidenta del comité de Energía y Recursos Naturales cree que el cambio climático es real, pero que lo están causando los volcanes. El físico y divulgador Michio Kaku ha definido toda esta situación como «poner al zorro a cuidar del gallinero».
Después de que Mitt Romney haya decidido no presentarse a las presidenciales, solo queda un candidatable en el partido republicano, Lindsey Graham, que haya defendido en público la idea de que las actividades humanas han contribuido al calentamiento global.
La semana pasada, la revista Science dedicaba un duro editorial a las injerencias de la política en la ciencia de EE UU y ponía varios ejemplos, como las presiones para no relacionar la sismicidad de Oklahoma con el fracking, o la instrucción que obligaba a no usar la expresión «cambio climático» en los documentos elaborados por los empleados del Departamento de Medio Ambiente de Florida. En respuesta a este episodio, el astrónomo y divulgador Neil DeGrasse Tyson ha sentenciado: «La ciencia no es política. Esto es como derogar la ley de la gravedad por haber ganado unos kilos la semana pasada». Aunque el propio DeGrasse Tyson insistía en que lo importante no son las apariencias, sino las políticas reales, y recordaba que la Administración Bush aumentó el presupuesto en ciencia, mientras la de Clinton disminuyó el de la NASA: «Lo que importa en el Congreso es el dinero. (…) No me interesa lo que digas o lo que pienses. Me interesan las leyes y las políticas».