El Madrid y el Barcelona, dos equipos españoles, disputan las semifinales de la Champions. Dos de cuatro: ningún otro país europeo tiene tantos equipos en lo más alto.
La Liga de Fútbol Profesional (LFP), que agrupa a los equipos de Primera y Segunda españoles y que mantenía en 2012 una deuda con Hacienda y la Seguridad Social de 630 millones de euros, presenta el mayor ratio de endeudamiento sobre ingresos (entre un 120 y un 130% en los últimos cinco años) de las cinco grandes ligas europeas (Premier, Liga italiana, Bundesliga y Liga francesa), es la tercera Liga por ingresos brutos, la cuarta por ingresos provenientes de los derechos audiovisuales y la última por porcentaje de ingresos televisivos respecto a ingresos totales. Además, es la española la Liga que reparte más desigualmente tales ingresos: el Real Madrid y el Barcelona perciben el 17% del total; Atlético de Madrid y Valencia, el 6% cada uno (la tercera parte), y el 54% restante se reparte entre los demás 16 clubes, que perciben de media la séptima parte que los dos grandes. Uno de los efectos de tal desigualdad es que el Madrid y el Barcelona, con cerca de 140 millones de euros anuales son los equipos europeos que más reciben por los derechos televisivos pese a que su Liga no ingrese tanto como las demás. En Italia y Francia el ratio es de cuatro a uno y en Inglaterra y Alemania de dos a uno.
La venta individualizada había generado conflictos y ruina para el fútbol y los operadores
La televisión de pago en España es la única que en Europa ha perdido abonados y penetración en la última década. En 2013 los ingresos de los operadores de televisión de pagó fueron de 1.715 millones de euros, un 1,8% menos que el año anterior, mientras que el número de abonados descendió en 238.000. Mientras que en 2013 en el Reino Unido había 15 millones hogares abonados a un operador de pago, 21 millones en Francia, 22 en Alemania y 8,3 en Italia, en España habían descendido de 4,2 millones en 12012 a 3,9 millones de hogares en 2013.
Estos tres párrafos anteriores se resumen, según el Gobierno, en una frase: la española es la única Liga en la que los derechos del fútbol televisado los negociaban los equipos individualmente. Se producía una especial simbiosis negativa entre fútbol y televisión por la que el mal funcionamiento de uno perjudicaba a la otra. Una simbiosis que el Consejo Superior de Deportes cree que se invertirá hacia el lado positivo con la ley aprobada el jueves pasado por la que los clubes ceden sus derechos televisivos a la LFP y esta negocie la venta colectiva e imponga un reparto más equitativo.
Si los efectos de la venta individual sobre los ingresos del fútbol han sido evidentemente negativos, y el menor de ellos no ha sido la casi imposibilidad de vender el paquete de la Liga al extranjero (concepto que podría reportar 400 millones según las estimaciones del Ejecutivo), para los operadores de televisión que entraron en la pugna por los clubes han sido desastrosos.
Desde que en junio de 1989, para adaptarse a la llegada al espectro de las televisiones autonómicas y privadas, la LFP convocó el primer concurso de venta de los derechos del fútbol, los conflictos entre clubes entre sí y operadores con todos, conocidos popularmente como guerra del fútbol, no han cesado. Hasta 1997 hubo venta conjunta conflictiva; desde entonces, venta individual y ruinosa.
El decreto de venta conjunta a partir de la temporada 2016-17 coincide en el tiempo con la aprobación por parte de la comisión de la competencia de la absorción por Telefónica de DTS, que posee los derechos de varios clubes. Movistar es ya la única televisión de pago en España y nunca ha ocultado su intención de crear un canal con toda la Liga incluso a partir de la próxima temporada. Para ello necesitará negociar con MediaPro, poseedora de los derechos del resto de los equipos. Según la ley, respetando siempre el partido en abierto, la única peculiaridad española en una norma muy parecida a la que rige en el resto de Europa, el operador podría hacerlo siempre que ofrezca a los prestadores de servicios que lo soliciten el acceso a la señal básica.
Ante el anuncio de la huelga, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) decidió denunciar a la Federación. “La LFP ha interpuesto las acciones legales correspondientes, ante los órganos administrativos y judiciales competentes, en defensa de los derechos e intereses legítimos, tanto de sus clubes/SAD afiliados, como de las propias competiciones profesionales que organiza y que han sido flagrantemente vulnerados”, anunció la patronal, que se escuda en su decisión en un defecto de forma por no estar incluida la proposición de huelga en el orden del día de la junta federativa y porque interpreta que es a la LFP a la que corresponde la potestad de organizar las competiciones y su calendario.
Las diferencias de la AFE y la Federación con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), por el contenido del decreto que regula la venta centralizada de derechos televisivos no son las únicas desavenencias de la guerra que vive el fútbol español. Sin ir más lejos, la entrada en vigor el pasado 1 de mayo de la prohibición de los fondos de inversión en el fútbol español —también conocidos como TPO (Third-party ownership)—impulsada por la FIFA, ha generado grandes discrepancias. De hecho, para la patronal, esta normativa aún no ha entrado técnicamente en vigor porque el CSD no ha aprobado la modificación del reglamento federativo necesaria. El CSD solo lo aprobará cuando compruebe que la prohibición se ajusta a derecho.
Golpe al control económico
Combate jurídico por el control financiero del fútbol
Los fondos de la discordia ya están prohibidos
“El fútbol no está en crisis, los ingresos aumentan cada año”
Mientras la AFE aplaude la prohibición en connivencia con la Federación, Javier Tebas, presidente de la LFP, defiende su existencia y apela a una regularización. “Los fondos de inversión le han supuesto unos ingresos de 100 millones de euros al fútbol español y el objetivo es triplicar esa cifra en dos temporadas porque con esa entrada de dinero mantendríamos talento y podríamos fichar jugadores de primer nivel”, defiende el mandatario. “No son éticos, con ellos se despatrimonializa el fútbol de una forma bestial”, responde Luis Rubiales, presidente de la AFE.
El enfrentamiento más reciente entre el sindicato y la Liga tuvo a Pedro León en la diana. El jugador del Getafe se quedó sin ficha porque con su inscripción el club madrileño superaba el tope salarial impuesto (18,7 millones) por la Liga con motivo de las limitaciones presupuestarias que establece el control económico que impulsó el Consejo Superior de Deportes en 2012 y que ejecuta el organismo dirigido por Tebas desde entonces con el objetivo de asegurar la viabilidad de los clubes y de reducir la deuda con Hacienda. De los más de 681 millones adeudados en 2011 con el fisco, la cifra se ha rebajado hasta los 520, según el último balance del mes de marzo.
Lea el comunicado de la Liga de Fútbol Profesional
A pesar de la que la Federación decidió expedir la ficha al futbolista, la LFP aseguró en seguida que no era válida y amenazó con sancionar al Getafe si empleaba al jugador por alineación indebida. Fue entonces cuando Pedro León y la AFE presentaron una denuncia contra la LFP en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid por vulneración al derecho de trabajo. El juez Francisco Borja Villena Cortés otorgó al jugador las medidas cautelares que le permitieron poder competir sin que ello acarrease ninguna sanción a su equipo. El juez también aclaró que el control económico no tenía rango de ley. Con el nuevo decreto, ya sí la tiene.