El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, ha considerado este jueves que la convocatoria de huelga de la RFEF «no está justificada», ya que el Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado jueves que regula la venta centralizada de los derechos de televisión en el fútbol responde a una «demanda reiterada» del sector, y «espera» y «confía» en que impere la lógica para que el fin de semana del 16 y 17 de mayo haya jornada de Liga.
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«La huelga convocada por la Federación Española de Fútbol no está justificada porque da respuesta a una demanda tanto de ella como de la Liga y la AFE. Pido que la RFEF haga una lectura sosegada de este texto, recapacite y vuelva a la senda del trabajo razonable para impulsar el fútbol aficionado», afirmó Miguel Cardenal en un encuentro con la prensa en el CSD.
En este sentido, el presidente del Consejo señaló que el fútbol aficionado pasará, con la aprobación del Real Decreto, de ingresar «cero» euros a 25 millones al año, 5 de ellos para el femenino y la Segunda B, y podría alcanzar los 150 millones en el próximo lustro y cerca de 400 millones en 10 años, según las estimaciones del Gobierno.
Cardenal reiteró que el texto aprobado por el Ejecutivo es «muy bueno» para el fútbol y también para los jugadores, pues reportará dinero a los clubes de Segunda B y la Primera División de la Liga femenina y «dobla» los ingresos de los equipos de la Liga Adelante, «y se ha demostrado que cuando los equipos tienen más eso revierte en el incremento de los salarios de los jugadores».
Por ello, se declaró sorprendido por la postura del sindicato de futbolistas, que dijo haberse sentido «ninguneado» en la redacción del documento definitivo que regulará la venta centralizada de los derechos de televisión del fútbol. «Me gustaría saber si eso justifica una huelga. Conozco el punto de vista del sindicato porque me he reunido varias veces con Luis Rubiales, pero no sé si un sentimiento es relevante», subrayó.
Me gustaría conocer qué es lo que no le gusta a la RFEF. ¿No le gusta que haya más dinero para Segunda? ¿Qué el fútbol aficionado pase a recibir 30 millones al año?
Acerca de la postura de la RFEF y de su presidente, Ángel María Villar, Cardenal se preguntó sobre las razones que esgrime para la convocatoria de huelga para la penúltima jornada de la Liga BBVA, en la que se disputan un Atlético de Madrid-FC Barcelona y Espanyol-Real Madrid claves para el título, y la 38 de la Liga Adelante.
«Me gustaría conocer qué es lo que no le gusta a la RFEF del Real Decreto. ¿No le gusta que haya más dinero para Segunda? ¿Qué el fútbol aficionado pase de no recibir nada a 30 millones al año? ¿Qué la Liga española pueda competir con otras de su entorno como la Premier? ¿Qué se pueda retener a las grandes figuras en nuestro campeonato? Es el momento de que todos pensemos en el fútbol español, que estaba en una encrucijada histórica y todos debemos estar a su lado porque todos salimos beneficiados», indicó.
Cardenal lamentó que el presidente de la RFEF se haya «jactado» de no responder a las cartas ni a las llamadas desde el Consejo Superior de Deportes e, incluso, le acusó de «falta de respeto» por no comparecer a un par de reuniones con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. «Si se ha sentido ninguneado o marginado ha hecho todo lo posible por ningunearse. Estamos perplejos de que la Federación se queje de que se le ha detraído dinero de las Quinielas cuando ha aprobado recortes de 750.000 euros al año en ejercicios anteriores. Cuando la RFEF ha tenido motivos de distanciamiento han salido estos supuestos agravios, para dar una imagen de un ataque sistemático del Gobierno al fútbol aficionado que no existe», destacó. Sobre si teme que Villar acuse al Gobierno de injerencia y lo denuncie ante el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, como ya hizo en una ocasión, Cardenal destacó que no cree que el Real Decreto español se aleje «en mucho» de la legislación de los países del entorno. «Y no conozco la intervención de ninguna Federación Internacional por unas leyes similares a las nuestras», añadió.
Igualmente el máximo responsable del CSD, que confesó que dar cobertura social a los cerca de 3.500 deportistas de élite gracias a este Real Decreto es de lo que se siente «más orgulloso», se declaró convencido de que «impere la razón» y no haya huelga, aunque no han mantenido ningún contacto con la RFEF en los últimos días. «Tengo la confianza de que no habrá huelga. Espero y deseo que haya fútbol y podamos celebrar este gran avance que supone el Real Decreto para el fútbol español. Es muy bueno para nuestro fútbol, para que sigamos viendo finales de la Champions con clubes españoles», sentenció.
O el Gobierno modifica algunos puntos del Real Decreto recientemente aprobado para la venta centralizada de los derechos del fútbol o la Federación Española de Fútbol (FEF), con el apoyo de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), iniciará una huelga indefinida en todas las categorías que arrancará el 16 de mayo y coincidirá con la penúltima jornada de Liga de Primera División. La Federación, en un comunicado, dijo sentirse “ninguneada, despreciada e ignorada” y también califica de “actitud irrespetuosa del Gobierno el contenido de este Real Decreto-ley por la falta de resolución de todas las cuestiones que motivaron en los meses precedentes paros totales de todas las competiciones en 17 federaciones territoriales, que afectaron a más de 600.000 deportistas, 30.000 partidos y 15.000 entidades de fútbol aficionado, ignoradas en su significación y sentimiento”. La convocatoria de huelga llega en el momento cumbre de las competiciones con títulos, incluida la Copa del Rey, ascensos y descensos por decidirse.
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La junta directiva de la Federación, de la que se levantaron los presidentes del Valladolid, Villarreal, Tenerife y Getafe por no estar de acuerdo con la postura de fuerza, expresó su disconformidad con el reparto del 4,55% procedente de las Quinielas “y su retirada sin motivo alguno por parte del secretario de Estado para el Deporte”, así como el estudio realizado sobre las consecuencias de la Ley de Emprendedores, “que conducen a la imposibilidad de la presencia de los colaboradores más imprescindibles en la organización del fútbol más humilde”, según reza el comunicado.
En el escrito, la FEF también apuntó contra “las inspecciones de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social a los clubes de fútbol aficionado, que han obligado a abandonar sus puestos a una elevada cantidad de directivos modestos, alma verdadera de nuestro deporte”.
Por su parte, desde el sindicato aseguran que no es una postura contra la patronal, sino contra el Ejecutivo y que no tiene que ver con el aumento de la presión fiscal que la Agencia Tributaria ha emprendido desde hace meses en relación con los impuestos aplicados a los derechos de imagen de los futbolistas.
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El sindicato está en contra del reparto destinado a los clubes de Primera y Segunda, según el cual para los primeros iría destinado un 90% de los ingresos televisivos y para los segundos un 10%, generando una desigualdad salarial preocupante. En Francia, el reparto es de 80-20 y en Alemania del 79-21, según el sindicato. Esta distribución en España, alegan en AFE, se ha hecho sin contar con los clubes de Segunda B, que cuando alguno de ellos ascienda podría encontrarse con un acuerdo del que no han participado.
Los jugadores tampoco están de acuerdo en que, cuando se les adeude dinero, no se les haya incluido, como a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social, en las preferencias de cobro sobre las cantidades recibidas de las televisiones. Desde el Consejo alegan que esto se ha hecho por dos motivos. El primero porque la ley tributaria da prioridad a Hacienda y a la Seguridad Social. Y el segundo, para que los clubes, ante una nueva normativa, no pudieran eludir el pago a la administración.
También consideran en la AFE que en el reparto destinado para los clubes de Segunda B por el que se pagaría la Seguridad Social de los jugadores, y para el fútbol femenino de Primera División, se está beneficiando a clubes que tienen su matriz en entidades profesionales. “Hay 20 filiales en Segunda B y nueve de los 16 equipos de la Primera femenina pertenecen a estos”, dicen en la AFE. La patronal sospecha que lo que quiere el sindicato es formar parte del control económico y recibir directamente parte del dinero a repartir.
El CSD, como representante gubernamental, también emitió un comunicado en el que se mostraba sorprendido por la huelga tras apoyar previamente Federación y sindicato el decreto, y defendía que este “ha supuesto el mayor logro histórico en la defensa de los intereses de los futbolistas y clubes y garantiza que el fútbol español pueda alcanzar cotas de sostenibilidad impensables hasta ahora”. También asegura el CSD que “la norma supone, además, un ejemplo de solidaridad que permitirá que más de 4.000 deportistas de alto nivel de otros deportes vean satisfechas sus cotizaciones a la Seguridad Social, y de modo particular, dignificando el futbol femenino”. El CSD concluye que la FEF tiene como interés no devolver dinero público no justificado y no someterse a las auditorías a los que obliga la ley.
Ante el anuncio de la huelga, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) decidió denunciar a la Federación. “La LFP ha interpuesto las acciones legales correspondientes, ante los órganos administrativos y judiciales competentes, en defensa de los derechos e intereses legítimos, tanto de sus clubes/SAD afiliados, como de las propias competiciones profesionales que organiza y que han sido flagrantemente vulnerados”, anunció la patronal, que se escuda en su decisión en un defecto de forma por no estar incluida la proposición de huelga en el orden del día de la junta federativa y porque interpreta que es a la LFP a la que corresponde la potestad de organizar las competiciones y su calendario.
Las diferencias de la AFE y la Federación con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), por el contenido del decreto que regula la venta centralizada de derechos televisivos no son las únicas desavenencias de la guerra que vive el fútbol español. Sin ir más lejos, la entrada en vigor el pasado 1 de mayo de la prohibición de los fondos de inversión en el fútbol español —también conocidos como TPO (Third-party ownership)—impulsada por la FIFA, ha generado grandes discrepancias. De hecho, para la patronal, esta normativa aún no ha entrado técnicamente en vigor porque el CSD no ha aprobado la modificación del reglamento federativo necesaria. El CSD solo lo aprobará cuando compruebe que la prohibición se ajusta a derecho.
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Mientras la AFE aplaude la prohibición en connivencia con la Federación, Javier Tebas, presidente de la LFP, defiende su existencia y apela a una regularización. “Los fondos de inversión le han supuesto unos ingresos de 100 millones de euros al fútbol español y el objetivo es triplicar esa cifra en dos temporadas porque con esa entrada de dinero mantendríamos talento y podríamos fichar jugadores de primer nivel”, defiende el mandatario. “No son éticos, con ellos se despatrimonializa el fútbol de una forma bestial”, responde Luis Rubiales, presidente de la AFE.
El enfrentamiento más reciente entre el sindicato y la Liga tuvo a Pedro León en la diana. El jugador del Getafe se quedó sin ficha porque con su inscripción el club madrileño superaba el tope salarial impuesto (18,7 millones) por la Liga con motivo de las limitaciones presupuestarias que establece el control económico que impulsó el Consejo Superior de Deportes en 2012 y que ejecuta el organismo dirigido por Tebas desde entonces con el objetivo de asegurar la viabilidad de los clubes y de reducir la deuda con Hacienda. De los más de 681 millones adeudados en 2011 con el fisco, la cifra se ha rebajado hasta los 520, según el último balance del mes de marzo.
Lea el comunicado de la Liga de Fútbol Profesional
A pesar de la que la Federación decidió expedir la ficha al futbolista, la LFP aseguró en seguida que no era válida y amenazó con sancionar al Getafe si empleaba al jugador por alineación indebida. Fue entonces cuando Pedro León y la AFE presentaron una denuncia contra la LFP en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid por vulneración al derecho de trabajo. El juez Francisco Borja Villena Cortés otorgó al jugador las medidas cautelares que le permitieron poder competir sin que ello acarrease ninguna sanción a su equipo. El juez también aclaró que el control económico no tenía rango de ley. Con el nuevo decreto, ya sí la tiene.
Fernando Roig, presidente del Villarreal, reunió este jueves a la plantilla para explicar el Decreto ley sobre el reparto de los ingresos televisivos en el fútbol español y la postura del club contraria a la huelga convocada por la Real Federación Española de Fútbol.
La reunión, a la que también asistieron los integrantes del cuerpo técnico y los trabajadores de la entidad, ha tenido lugar en la ciudad deportiva del club antes del entrenamiento del primer equipo y duró media hora, por lo que la sesión de trabajo comenzó con retraso. Poco después de la reunión el guardameta Juan Carlos se ha alineado con su presidente y se ha mostrado contrario a la huelga: «Espero que se solucione este asunto lo antes posible por el bien de todos, pero la huelga no es buena para nadie y, además, todo se alargaría y se haría muy pesado».
Fuentes del Villarreal explicaron a EFE que el objetivo del presidente era explicar «de primera mano» el Decreto ley y en la reunión ha transmitido que este beneficia tanto al club como a los jugadores. Además, Fernando Roig también quería conocer personalmente la postura de la plantilla ante la convocatoria de huelga prevista a partir del día 16.
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El presidente del Villarreal ya había expresado antes de esta reunión su postura contraria a la huelga convocada por la Federación. De hecho, fue uno de los directivos que se levantaron por no estar de acuerdo con esta medida de fuerza.
Por su parte, en el Athletic, Valverde también se ha referido a la convocatoria de huelga, El técnico tiene la impresión de que «va en serio» aunque ha asegurado que, mientras se confirma o no, en el trabajo diario el Athletic lo lleva «todo con absoluta normalidad».
Carlos Suárez, presidente del Valladolid, ha mostrado su desacuerdo con la acción de la Federación y ha calificado la huelga de «inmoral». «No estoy de acuerdo con esta huelga, el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y me parece inmoral porque el sesenta por ciento de los ingresos del fútbol están destinados a los jugadores», ha subrayado. «Hemos tenido mucho tiempo para negociar y participar todos, ahora no nos podemos desmarcar así», ha añadido.
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) tiene prevista para este jueves a las 17.30 horas una rueda de prensa para exponer su análisis de la actual situación en el fútbol nacional, explicando las reivindicaciones de sus afiliados. Ahí se espera que detallen las razones que le han llevado a la convocatoria de huelga. El sindicato aseguró ayer que la medida no tiene nada que ver con la presión fiscal que la Agencia Tributaria ha emprendido desde hace unos meses en relación con los impuestos aplicados a los derechos de imagen de los futbolistas. La AFE es contraria al reparto destinado a clubes de Primera y Segunda (90% y 10%) más desigual que en Francia (80-20) y Alemania (79-21).
El presidente de la Liga, Javier Tebas, advirtió que «los daños» por la convocatoria de huelga anunciada por la RFEF son «terribles y cuantiosos», calificó «como una locura, osadía e irresponsabilidad» la medida tomada por el organismo de Angel María Villar y dejó claro que, pase lo que pase, el Gobierno no debe ceder «a un chantaje irresponsable» ni modificar «ni una coma del Real Decreto».
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«Una locura, una osadía y una irresponsabilidad de una institución de Angel María Villar, que no sabe el rumbo que debe tomar el fútbol profesional ni el fútbol aficionado. Es un reto a La Liga y solo responde a un interés personal», señaló Tebas ante los medios de comunicación. El abogado recalcó, como indicó ayer miércoles el organismo en un comunicado, que han interpuesto «recurso ante el Consejo Superior de Deportes, que es el órgano competente» porque el acuerdo tomado en la Junta Directiva de la RFEF «no estaba en el orden del día» y porque la federación «no tiene competencias para modificar cualquier tipo de calendarios».
«También se dará traslado al Comité Disciplinario para que considere las sanciones oportunas a los miembros de la Comisión Delegada que no se opusieron a esta propuesta», reiteró el mandatario de la LFP. Además, avisó de que «los daños son terribles y cuantiosos». «Incluso desde China nos han mostrado su preocupación por las consecuencias que puede tener para nuestros patrocinadores. Interpondremos las demandas correspondientes», subrayó.
«Pido al Gobierno que mantenga y no toque ni una coma del Real Decreto. Si tiene que haber huelga que la haya y si quieren suspender la competición más tarde se irán de vacaciones, pero no vamos a someternos al chantaje de la Federación. Si el Gobierno se somete a este chantaje irresponsable, daremos un paso atrás en la regeneración del fútbol español», añadió.
Tebas indicó que ha pedido «20 ó 25 reuniones» a Angel María Villar, del que se ha demostrado que «es un mal gestor y un mal presidente» y que usa el fútbol «un cortijo». «Solo invita a su casa a quien quiere y así maneja a la Federación durante 27 años. Mucha gente se lo ha permitido. Tiene que asumir que tiene una posición y que tiene que hablar con todos los interlocutores del fútbol, le guste o no», sentenció.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada ocho muertes que se produjo en el mundo en 2012 estuvo causada por la contaminación atmosférica, principalmente por la alta concentración de partículas en suspensión en el aire, un contaminante procedente, en su mayoría, del tráfico rodado y marítimo, la industria y el polvo de obras. Por este motivo, siete instituciones científicas europeas, entre ellas el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han recomendado a la Comisión Europea y a diversas Administraciones estatales y regionales del sur del continente que creen zonas de baja emisión en las que se prohíba la circulación de vehículos viejos que funcionan con gasoil y “favorecer” la entrada de coches eléctricos.
Para ilustrar esta recomendación, los científicos recuerdan las medidas tomadas en los países del norte de Europa. En concreto, el estudio pone como ejemplo a Alemania, donde desde 2008 se han decretado una sesentena de zonas de baja emisión, en las que solo pueden circular los vehículos que emitan menos cantidades de partículas (PM2.5 y PM10). Según los científicos, el país germánico es de los pocos en los que esta medida ha sido “efectiva”.
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Las recomendaciones de los científicos son el resultado del proyecto Airuse Life+, financiado por la Unión Europea y realizado durante tres años en Atenas, Oporto, Barcelona, Florencia y Milán, para estudiar el origen y la efectividad de las medidas para reducir la polución de este contaminante, que es causante de enfermedades respiratorias, infartos de miocardio y varios tipos de cáncer. En su lista de 70 riesgos para la salud, la OMS sitúa a la contaminación como la novena y la primera causa ambiental.
El estudio se ha centrado en los países del sur de Europa, donde, según Xavier Querol, investigador del CSIC en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) y coordinador del proyecto Airuse Life+, la contaminación por partículas en suspensión tiene condiciones y fuentes de emisión particulares, más relevantes que en el norte del continente. “El hecho de que la lluvia sea menos abundante en las ciudades del sur hace que la atmósfera no se limpie y las partículas estén continuamente en suspensión”, asegura Querol.
El estudio revela también que durante los últimos años han aumentado las emisiones de otros focos: las estufas y calderas de biomasa. El consumo de este combustible se ha disparado; en 2012 se quemaron 15 millones de toneladas de pellets en el mundo, y se prevé que en cinco años esta cantidad se multiplique por cuatro o cinco, según las previsiones del operador forestal global Ekman.
Aunque en los países del norte de Europa ya se había generalizado su uso, a raíz del aumento del precio de otras fuentes de energía como la electricidad y los combustibles fósiles, este tipo de instalaciones se ha multiplicado en el sur del continente. Este crecimiento, sin embargo, no ha ido acompañado de una certificación que regule la calidad del combustible. “Es clave su regulación ya que algunos de los pellets que se están utilizando, como los de madera reciclada, arrojan niveles muy importantes de contaminantes y actualmente no hay ninguna certificación en los países del sur de Europa”, explica Querol.
Un total de 250 proyectos científicos se quedaron fuera de la última convocatoria del Plan Estatal de I+D solo por incluir currículos de investigadores de más de cuatro páginas. La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, dependiente del Ministerio de Economía e Innovación, mantendrá en su próxima convocatoria ese mismo requisito formal, según aseguró a este periódico en la celebración del 15 aniversario del Programa “For Women in Science” de L’Oréal-UNESCO.
La secretaria de Estado afirmó que su departamento rechazó que los investigadores pudieran subsanar ese error —y evitar así la eliminación de sus proyectos— porque eso caería «de lleno» en la concurrencia competitiva de la convocatoria. Vela subrayó que se trataba de un error no subsanable, a diferencia de la falta «de una firma» o un error «en la fecha de nacimiento».
«No olvidemos que ha habido 6.000 solicitudes, de las que 250 no lo han hecho bien; el resto lo ha hecho perfecto», abundó Vela, para quien «ha habido personas que, por dejadez con la norma, no la han cumplido. Nos duele enormemente, a pesar de que la responsabilidad sea enteramente suya, porque estaba muy bien aclarado y especificado [en la convocatoria]».
La eliminación de 250 solicitudes se ha debido «simplemente» a «un incumplimiento de una norma muy pensada, no a una idea loca de la secretaría de Estado»
La aplicación de este criterio fue uno de los motivos por los que la directora del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), Carmen Castresana, presentó su dimisión el pasado el pasado 25 de marzo. El CNB es uno de los centros estratégicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, reconocido por el impacto y relevancia internacional de sus resultados científicos por la acreditación Severo Ochoa. Vela calificó a Carmen Castresana como «extraordinaria persona, buena investigadora y amiga», pero insistió en que «la concurrencia competitiva tiene que ser igual para todos».
La eliminación de 250 solicitudes se ha debido «simplemente» a «un incumplimiento de una norma muy explicada, muy pensada, no a una idea loca de la secretaría de Estado», aclaró Vela, que también comentó cómo el requisito surgió a «sugerencia de los evaluadores y de los [perceptores de] advanced grants», unas preciadas subvenciones europeas a directores de investigación reconocidos internacionalmente.
El Consejo Europeo de Investigación ignora las páginas de sobra, sin desechar las solicitudes
Se da la circunstancia de que estas subvenciones son concedidas por el Consejo Europeo de Investigación (ERC en sus siglas en inglés), organismo que ignora las páginas de sobra, sin desechar las solicitudes. Preguntada por qué el Gobierno no aplica este criterio europeo en España, la secretaria de Estado respondió que «ellos tienen ese mecanismo, pero nosotros tenemos otro».
Vela se mostró abierta a buscar una solución en la próxima convocatoria. Aunque «no es sencillo, intentaremos tener un programa informático» que automáticamente no incluya las páginas de sobra. No obstante, la secretaria de Estadio priorizó evitar «cualquier retraso» en la publicación de las futuras convocatorias antes que poner en marcha esa nueva vía de solicitud.