movilidad eléctrica américa

Movilidad Eléctrica en América Latina: Metas y Tendencias

Movilidad Eléctrica en América Latina. Hace poco, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó su reporte anual sobre el progreso de la Movilidad Eléctrica en América Latina y el Caribe 2019, subtitulado “Oportunidades de Colaboración”. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página. También puedes participar en el WhatsAppSi usas Telegram  ingresa al siguiente enlace.

Movilidad Eléctrica en América Latina

El informe identifica los objetivos, logros y desafíos que del Río Bravo a la Patagonia se plantean, a fin de establecer sistemas eléctricos al servicio de ciudadanía y medio ambiente. Aquí lo más destacado.

Tendencias Generales

Es un acuerdo común el que América Latina sustituya la movilidad dependiente de la quema de hidrocarburos, por alguna alternativa de vehículos eléctricos.

Si la descarbonización de la matriz energética y la electrificación total del transporte se lograse hasta 2050, la región podría evitar que 1.100 millones de toneladas de C02 arriben a la atmósfera, y se podrían ahorrar 621.000 millones de dólares al año en movilización, electricidad y gastos de salud. No obstante, no existe una fórmula exacta para dicha transición.

Cada nación avanza a su propio ritmo según su desarrollo industrial, mercado, financiamiento, legislación, entre otros elementos.

Por ejemplo:

Hace tiempo México, Ecuador y Argentina cuentan con trolebuses alimentados por carga continua; Jamaica ha inaugurado parqueaderos con cargadores foto-voltaicos; el primer bus a hidrógeno de la región se prueba en Costa Rica; y Brasil ha prohibido la venta de vehículos de gasolina a partir del 2060.

Las prioridades diferenciadas en cada país matizan la posibilidad de establecer una misma hoja de ruta, sin embargo, responden de modo bastante homogéneo a las dinámicas que conforman el telón social del continente.

Así, el reporte empieza señalando cómo, acorde a datos de ONU-Hábitat, las ciudades latinoamericanas se han multiplicado demográficamente seis veces desde los años 70, y hoy albergan al 80% de la población total, una de las tasas de urbanización más altas del mundo.

Como consecuencia Movilidad Eléctrica en América Latina

El número de viajes terrestres y su extensión se han elevado, al punto que el tránsito de gente y mercancías está detrás del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sentenciando, de esta forma, a que 100 millones de personas convivan con aire contaminado, factor que ha incrementado las enfermedades cerebro vasculares y respiratorias que causan más de 300.000 muertes al año.

La problemática no da visos de menguar, pues la Agencia Internacional de la Energía espera que para 2050 los automóviles de la región superen los 200 millones de unidades.

La raigambre urbana de los problemas de transporte y contaminación conlleva a que, en la mayoría de los países, el fomento de la movilidad eléctrica sea un propósito municipal antes que Estatal.

De hecho, si bien todos los países del estudio cuentan con estímulos económicos para los autos eléctricos (exención arancelaria, recarga tarifa 0, etc.) solamente Colombia y Costa Rica han pasado leyes integrales de movilidad eléctrica.

Mientras tanto, la normativa expendida sigue limitándose al ámbito local con énfasis en el servicio de pasajeros, antes que vehículos particulares; y al transporte pesado, antes que al liviano y ultra-liviano.

A la Cabeza de la Región

El estudio analiza 20 países, aunque desafortunadamente omite a Bolivia, Venezuela y pequeños como las Guayanas y Haití.

En todo caso, en una visión comparativa sobre el aliento que cada país imprime a la electro-transportación, dos países emergen como la vanguardia: Chile y Colombia.

Metas ambiciosas y acciones concretas. Así puede resumirse la “Ruta Energética 2018-2022” con la que Chile busca modernizar su automoción.

Los 405 buses de transporte público de su capital, Santiago, son 100% eléctricos, convirtiéndola en la ciudad con mayor número de unidades de este tipo fuera de China.

Para el 2050 una evolución similar se espera en el resto de flotas públicas a nivel nacional y el 40% de los vehículos particulares.

Además, Chile tiene ya dos corredores de carga rápida que facilitan la movilización eléctrica entre ciudades, uno de 700 km en la zona central con 23 puntos de recarga, y el segundo en el sur del país, que al concluirse tendrá una extensión de 1.200 km.

La acelerada transición de Chile hacia los colectivos eléctricos tiene como cereza del pastel al primer bus eléctrico y autónomo (que se conduce solo) en operación del cono sur.

La diferencia en Colombia es que el consumidor protagoniza el cambio.

Este país registró las mayores ventas de vehículos eléctricos en Latinoamérica. Se pasó de 390 unidades en 2018 a 923 en 2019, casi todos vehículos livianos (automóviles y utilitarios).

Asimismo, la conversión de motores de gasolina a eléctricos empieza a ser una práctica común.

La demanda obedece a incentivos adoptados por el gobierno, como rebajas en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) e impuestos vehiculares, y exenciones de pico y placa.

Las industrias privadas también brindan su aporte, Celsia y Haceb inauguraron un centro de carga de diseño nacional, y la aseguradora SURA ofrece un plan exclusivo para vehículos eléctricos.

Por último, la normativa establece que para 2035 el transporte masivo sea cero emisiones, medida iniciada con el anunció de 379 buses eléctricos para Bogotá.

Ecuador

En nuestro país Guayaquil y Loja lideran la movilidad sustentable. Guayaquil tiene actualmente 20 buses eléctricos, y Loja, pese a ser una ciudad pequeña, con 51 autos, tiene más taxis eléctricos que Sao Paulo o Lima, mientras Quito hace pruebas con 2 autobuses eléctricos.

Para atender la demanda particular, las empresas automotrices han instalado en Quito, Cuenca, Loja y Galápagos centrales de carga en comercios y sitios públicos.

En materia legal, en 2018 Ecuador contaba ya con la Ley Orgánica de Eficiencia Energética, la cual instaba a los GADs a brindar incentivos al uso, aparcamiento y circulación de vehículos eléctricos.

Igualmente, dictaba que partir del 2025 los vehículos que se incorporen al transporte público sean todos eléctricos, y gocen de tarifas de carga preferenciales.

Empero, la necesidad de una ley específica motivó a que el Automóvil Club de Ecuador (ANETA) y la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), presenten a la Asamblea Nacional la propuesta de “Fomento de la Movilidad Sostenible y el Desarrollo de la Electromovilidad.”

Finalmente, la Escuela Politécnica Nacional (EPN) se ha comprometido a generar programas educativos en áreas relacionadas a movilidad eléctrica y asistencia mecánica.

Dado el periodo que comprende el informe, hechos recientes no se incluyen en la edición 2019, como la ordenanza de transporte eléctrico de Guayaquil de febrero de 2020; la próxima apertura del metro de Quito; o la maestría en Ecoeficiencia Industrial de la Universidad SEK.

¿Colaboración cómo?

Los logros de cada país son notables pero insuficientes, pues de acuerdo con datos de la Organización Internacional de Vehículos Automotores (OICA), en América Latina y el Caribe hasta el 2015 circulaban aproximadamente 126,3 millones de vehículos. Mientras que las estimaciones del PNUMA hablan de la introducción de apenas 6.000 vehículos eléctricos nuevos entre 2016 y 2019 ¿Cómo equilibrar la balanza?

Como se mencionó al inicio “Oportunidades de Colaboración” aparece en la marquesina del reporte, pues parte del aprendizaje ha sido que, sólo tejiendo nódulos de cooperación entre distintos sectores, distintas industrias, distintas firmas y con contrapartes internacionales, se han consolidado experiencias exitosas.

Justamente, en un gran número de países se constata la existencia de asociaciones dedicadas a la promoción de la movilidad eléctrica.

En tal sentido, la celebración de ferias, debates, charlas informativas, lanzamiento de programas educativos y de capacitación, etc., resaltan el interés de varios actores por asumir el cambio tecnológico.

Dichas tribunas sirven también como punto de encuentro para que gobierno, empresas, academia y usuarios, organicen acciones cooperativas.

Chile es un buen ejemplo de ello, pues en ese país los logros del transporte eléctrico acaecen a raíz de la firma en 2018, de un compromiso de más de 30 empresas e instituciones.

Un acuerdo, no obstante, todavía por lograrse, priva que los automóviles eléctricos se aprovisionen de energía en cada electrolinera del camino.

Para ello, uno de los obstáculos aparentemente sencillos pero políticamente complejos de resolver, es el de la interoperabilidad y la estandarización de la infraestructura de los sistemas de gestión y de la comercialización de la recarga, es decir que cualquier modelo de cualquier tipo y marca, pueda usar un cargador universal.

Ello ni siquiera se ha logrado internacionalmente para los toma-corrientes domésticos, pero en el caso de la movilidad eléctrica podría resolverse con la convergencia de los fabricantes.

Otra sinergia clave puede darse a partir de la explotación sostenible de recursos minerales presentes en la región, necesarios en la producción de baterías y otros elementos indispensables para la movilidad eléctrica.

Cuba, por ejemplo, tiene una de las mayores reservas de cobalto, metal utilizado en la producción de baterías. En la misma línea, Bolivia, Argentina y Chile albergan en sus salares el 62% del Litio en el mundo.

Para que se esclarezca su relevancia, debe entenderse que el potencial electroquímico de este metal ha permitido que sobrepase en prestaciones a las anteriores tecnologías de almacenaje eléctrico como sodio/azufre, e hidruro metálico/óxido de níquel.

La disponibilidad de estos minerales en la región representa una gran ventaja competitiva, que abre la puerta para que, mediante una alianza con la industria minera, baterías e incluso autos eléctricos se fabriquen de manera autóctona, facilitando la masificación de la producción y abaratando los costos para el público.

Un agente importante de acción puede ser el respaldo multilateral.

La Comunidad Europea, precursora en la normalización de estándares para la descarbonización del sistema energético, lo hace a través del llamado Pacto Verde Europeo.

Esta es una iniciativa complexiva para asegurar la sostenibilidad en todas las fases de las cadenas de producción y consumo.

El Pacto, que naturalmente tiene como uno de sus ejes la movilidad, en el contexto de la diplomacia climática, hace mandatorios varios de sus estándares a sus socios internacionales.

Sin embargo, no se trata de demandas unilaterales, pues a través del programa EUROCLIMA proporciona cooperación financiera y técnica a los países para el desarrollo de estrategias de movilidad eléctrica, una oportunidad que América Latina no debería dejar pasar.

Finalmente, aunque sin duda es el tema fundamental, debe construirse una economía viable alrededor de la nueva movilidad.

La electrificación del transporte supone una oportunidad para la creación de nuevos modelos de negocio en vastas áreas que van desde la digitalización hasta la producción de vehículos, pasando por el mantenimiento, la optimización y más.

Pero la industria no crece al tiempo necesario pues su costo coarta el acceso para el público.

Solo una vez que contemos con vehículos que igualen en precio, confort y prestaciones, a los actuales de combustión, podremos América Latina consolidar una genuina movilidad eléctrica.