Mercedes Terán confió en su inquilino a primera vista. Era un empresario que aparentaba tener una buena situación económica.

Ella no lo pensó 2 veces, necesitaba con urgencia arrendar su departamento en el Pinar Alto, en el norte de Quito, porque había dejado su trabajo para cuidar a su hija prematura.

El primer trimestre no tuvo problemas con su inquilino, pero después él dejó de pagar a tiempo o le daba cheques sin fondos.

Así pasaron 4 meses sin recibir ni un dólar. Ella no sabía cómo romper ese contrato que se había convertido en un suplicio. Finalmente, le perdonó la deuda con la condición de que saliera del departamento. El hombre se fue sin pagarle.

Él es uno de los 2,7 millones de personas que viven en inmuebles alquilados en Ecuador, según el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC).

Esos conflictos entre propietarios de viviendas e inquilinos no son nuevos y van en aumento en el país.

Así lo revelan las estadísticas de la Defensoría Pública (DP), que recibe denuncias de inquilinos y arrendatarios.

Las solicitudes de atención por temas de inquilinato se duplicaron entre 2016 y 2017.Pasaron de 751 a 1.544, respectivamente. En lo que va de 2018 hasta julio, ya se registraron 663.

¿Por qué? Esa entidad se convirtió en una alternativa para arrendatarios y propietarios para no llegar a las cortes y afrontar un largo proceso judicial.

Las partes afectadas pueden recibir asesoría legal en la Defensoría o en las unidades judiciales. Allí analizan cada caso y verifican si es posible arreglar el problema en una conciliación, es decir, sin poner la demanda, o si desean avanzar al juicio de inquilinato.

La Defensoría tiene pedidos por desacuerdos en las garantías, quejas de ruido, destrozos, traspaso de dominio.Pero la causa más común es la terminación de los contratos por deudas.

Casi ningún arrendador conoce que 2 meses de mora en el alquiler de una vivienda es causal para poner fin al contrato con un inquilino, señala el artículo 30 de la Ley de Inquilinato. “Hemos tenido casos de personas reincidentes que viven de casa en casa sin pagar renta”, explica a este Diario José Verdezoto, jefe de Investigación Social de la Defensoría Pública.

Otro problema es el exceso de confianza de los propietarios. Estos deben dar recibos de los pagos como señala la Ley de Inquilinato, en el artículo 53.

Los dueños de bienes y los arrendatarios son responsables de los conflictos en estos casos. Los dueños de casa, en su desesperación por no recibir el pago por sus bienes cortan los servicios básicos a sus arrendatarios o les ponen candados en las puertaspara que no ingresen.

“No está bien que se vulneren los derechos ni de inquilinos, al privarles de los servicios básicos,ni de los arrendadores al no pagarles”, explica Verdezoto.

Él señala que la Ley de Inquilinato tiene vacíos, porque cuando un inquilino pide una inspección por corte de servicios, el trámite tarda demasiado y se notifica al arrendador. “Cuando los jueces van los servicios ya están activados”. Sugiere que eso debería ser inmediato y sin notificación previa.

¿Cómo pueden protegerse los arrendadores para evitar salir perjudicados?Andrés Burbano, gerente en Asesores Inmobiliarios, explica que para garantizar que un futuro inquilino sea idóneo se deben pedir certificados laborales y referencias personales. “A los extranjeros se les exige una certificación bancaria o un documento que sustente su solvencia o actividad”.

Además, los corredores inmobiliarios tienen que verificar en la base judicial de inquilinato que los interesados en rentar un inmuebleno tengan juicios.

Pero no solo los propietarios son los afectados. También a los inquilinoslos estafan. Eso ocurrió con Ronaldo Guzmán, por ejemplo. Él rentó un inmueble en el valle de Tumbaco. Dio una garantía de $ 500 y firmó un contrato. Así por casi 2 meses ocupó un departamento, ubicado en el primer piso de una casa de 3 niveles.

El arriendo le costaba $250. En el segundo piso vivía el arrendador con su pareja. Todo iba bien hasta que una tarde se encontró con una señora que buscaba al hombre que le había arrendado el bien.

“Resulta que ella sí era la dueña y el otro hombre me había subarrendado. No había pagado el arriendo y ya había huido”, comenta a este Diario. Guzmán tuvo que negociar y pagar $180 para quedarse hasta fin de mes.

Otro caso: a Natalia Romero no le quisieron devolver la garantía después de que salió de la casa que rentaba. “Nunca tuve problemas, pero al final la dueña de la casa me dijo que ya se gastó el dinero arreglando los daños que yo había hecho”. Ella no tenía un contrato que la ampare para reclamar.

Pero la garantía no es obligatoria y para evitar complicaciones los inquilinos deben incluir cada acuerdo al que lleguen en el contrato, señala Santiago Altamirano, juez de la Unidad Judicial Civil de Quito. Además deben constatar que el contrato, verbal o escrito, se legalice en una notaría. Si es verbal, se debe registrar como declaración juramentada, explica.

Según el funcionario, desde diciembre de 2016, él ha tenido aproximadamente 130 juicios de inquilinato.“El arrendador casi siempre gana al demostrar la mora. Solo en unos 5 casos ganaron los inquilinos”, dice.

Sin embargo, esos líos a veces no terminan ni con la sentencia de un juez, ni con la mudanza del arrendatario.

Así pasó con Mercedes Terán, a quien 3 años después, aún llaman de bancos y almacenes que buscan a su exinquilino porque les debe dinero.

Ambas partes tienen derechos y obligaciones que están estipulados en la ley. (I)