Ante el anuncio de la huelga, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) decidió denunciar a la Federación. “La LFP ha interpuesto las acciones legales correspondientes, ante los órganos administrativos y judiciales competentes, en defensa de los derechos e intereses legítimos, tanto de sus clubes/SAD afiliados, como de las propias competiciones profesionales que organiza y que han sido flagrantemente vulnerados”, anunció la patronal, que se escuda en su decisión en un defecto de forma por no estar incluida la proposición de huelga en el orden del día de la junta federativa y porque interpreta que es a la LFP a la que corresponde la potestad de organizar las competiciones y su calendario.

Las diferencias de la AFE y la Federación con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), por el contenido del decreto que regula la venta centralizada de derechos televisivos no son las únicas desavenencias de la guerra que vive el fútbol español. Sin ir más lejos, la entrada en vigor el pasado 1 de mayo de la prohibición de los fondos de inversión en el fútbol español —también conocidos como TPO (Third-party ownership)—impulsada por la FIFA, ha generado grandes discrepancias. De hecho, para la patronal, esta normativa aún no ha entrado técnicamente en vigor porque el CSD no ha aprobado la modificación del reglamento federativo necesaria. El CSD solo lo aprobará cuando compruebe que la prohibición se ajusta a derecho.

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Mientras la AFE aplaude la prohibición en connivencia con la Federación, Javier Tebas, presidente de la LFP, defiende su existencia y apela a una regularización. “Los fondos de inversión le han supuesto unos ingresos de 100 millones de euros al fútbol español y el objetivo es triplicar esa cifra en dos temporadas porque con esa entrada de dinero mantendríamos talento y podríamos fichar jugadores de primer nivel”, defiende el mandatario. “No son éticos, con ellos se despatrimonializa el fútbol de una forma bestial”, responde Luis Rubiales, presidente de la AFE.

El enfrentamiento más reciente entre el sindicato y la Liga tuvo a Pedro León en la diana. El jugador del Getafe se quedó sin ficha porque con su inscripción el club madrileño superaba el tope salarial impuesto (18,7 millones) por la Liga con motivo de las limitaciones presupuestarias que establece el control económico que impulsó el Consejo Superior de Deportes en 2012 y que ejecuta el organismo dirigido por Tebas desde entonces con el objetivo de asegurar la viabilidad de los clubes y de reducir la deuda con Hacienda. De los más de 681 millones adeudados en 2011 con el fisco, la cifra se ha rebajado hasta los 520, según el último balance del mes de marzo.

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A pesar de la que la Federación decidió expedir la ficha al futbolista, la LFP aseguró en seguida que no era válida y amenazó con sancionar al Getafe si empleaba al jugador por alineación indebida. Fue entonces cuando Pedro León y la AFE presentaron una denuncia contra la LFP en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid por vulneración al derecho de trabajo. El juez Francisco Borja Villena Cortés otorgó al jugador las medidas cautelares que le permitieron poder competir sin que ello acarrease ninguna sanción a su equipo. El juez también aclaró que el control económico no tenía rango de ley. Con el nuevo decreto, ya sí la tiene.

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