Se mire como se mire, la decisión que ha tomado la Federación Española de Fútbol (RFEF) de parar las competiciones a partir del día 16 de mayo si no se aceptan sus propuestas sobre el reparto del dinero del fútbol es un disparate sideral, dañino para el negocio, pero también para la credibilidad de las instituciones que supuestamente gobiernan el balompié. La esgrima pueril entre los presidentes de la RFEF y de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), a la que a veces se suma la secretaría de Estado del Deporte, se ha convertido en una mancha del fútbol español.

En esta ocasión, Ángel María Villar, presidente de la Federación, y su Junta Directiva se han sumado con oportunismo a la amenaza de huelga de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que reclama una revisión del Real Decreto sobre reparto de derechos televisivos para conceder más fondos a la Segunda División. Lo que pide la AFE y lo que en teoría pide la Federación (dinero de las quinielas es lo más concreto) podría resolverse si la RFEF, la Liga y la Secretaría de Estado operasen como gestores racionales; pero no es el caso.

La decisión federativa, tomada además cuando más daño puede hacer el parón competitivo (final de la Copa, partidos finales de la Liga, ascensos y descensos en juego) obedece en primer lugar a un resentimiento primordial; así lo dice textualmente cuando se declara públicamente “ninguneada, despreciada e ignorada” en lo que se refiere al Real Decreto citado, con un lenguaje oficial propio de un culebrón. Pero ¿desde cuando una perturbación emocional es fundamento para una decisión política?

Hay una gran diferencia entre la conducta de la Federación y la de la AFE. Los futbolistas reclaman cambios mensurables y desean negociar; la Federación, por contra, se ha dejado arrastrar por la rabia de un pulso que no sabe manejar y mezcla rencor con euros. Tampoco hay que minusvalorar a los que desde la trastienda pretenden acabar con la presión fiscal sobre los futbolistas y los clubs. La Federación, la Liga y, en otro nivel, la secretaría de Estado se han mostrado incapaces para gestionar el fútbol con un mínimo de orden. Ya es hora de que se sepa y se actúe en consecuencia.

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