La Fiscalía investiga cinco contratos de Odebrecht por 1 368 millones
La Fiscalía investiga cinco contratos de Odebrecht por 1 368 millones
La investigación fiscal en el caso Odebrecht apunta a cinco megaobras ejecutadas entre el 2011 y el 2015. Se trata de los proyectos Poliducto Pascuales-Cuenca, Hidroeléctrica Manduriacu, Acueducto La Esperanza, Trasvase Daule-Vinces y la Refinería del Pacífico, en las que participó la constructora brasileña.
EL COMERCIO accedió a contratos iniciales, complementarios, órdenes de trabajo, de cambio y acuerdos por reajustes de precios de esas obras, los cuales suman USD 1 368 millones.
El proyecto más costoso es el relacionado con el Poliducto Pascuales-Cuenca, que fue adjudicado a Odebrecht, el 3 de octubre del 2013, por USD 370 millones (sin incluir IVA), tras un concurso público.
En ese proceso de licitación participaron otros tres consorcios, pero fueron descalificados. El informe de la comisión técnica que evaluó las ofertas de Petroecuador señala que Consorcio Internacional PPC, Sinopec e ICC-Conkor no cumplieron con requisitos y por eso se los excluyó.
Según ese documento, faltó, por ejemplo, la presentación de precios unitarios para la obra, los balances financieros, el cronograma de trabajo, etc.
El proyecto -según consta en el contrato TGER 2013299- comprende una tubería de 220 kilómetros de longitud que transporta derivados de petróleo o productos limpios, como gasolina, gas licuado de petróleo y diésel desde Pascuales, en Guayaquil, hasta Cuenca.
Otra obra rastreada por la Fiscalía es la Hidroeléctrica Manduriacu, adjudicada a la constructora brasileña en un contrato inicial por USD 124,8 millones, en diciembre del 2011.
En ese concurso participaron tres compañías de origen brasileño: Camargo Correa Ecuador, Engevix Engenharia y Odebrecht. Esto ocurrió debido a que el 72,5% del valor de la obra lo financió el Banco de Desarrollo y Económico y Social de Brasil (Bndes).
Sin embargo, ese monto inicial creció hasta alcanzar un total de 199,8 millones, por tres contratos complementarios, tres actas de acuerdo por diferencia en las cantidades de las obras y por órdenes de trabajo.
La Refinería del Pacífico también es analizada. El movimiento de tierras y otros trabajos de preparación en la zona de El Aromo-Manabí, en donde todavía no se ha podido levantar la Refinería, fue adjudicado a Odebrecht, luego de un concurso. El presupuesto referencial se ubicó en USD 317 millones, pero la obra se entregó a la brasileña por 229,9 millones. Su oferta fue calificada con 99,78 puntos sobre 100.
Pedro Merizalde, exgerente de esta refinería y de Petroecuador, adjudicó el contrato luego de tener el visto bueno del Directorio y de la comisión técnica. Esta adjudicación fue cuestionada por las empresas Hidalgo & Hidalgo y Herdoíza Crespo, por tratarse de una firma extranjera que registraba supuestas pérdidas por USD 57,8 millones, entre 2010 y 2011.
Este Diario envió cuestionarios a Merizalde, desde octubre del 2016, sobre esta y las otras dos refinerías, y no contestó. La Contraloría auditó estas obras y fijó responsabilidades civiles y administrativas por USD 83 556.
En tanto, el Acueducto Multipropósito La Esperanza, inaugurado a fines del 2016, es parte de las labores previas a la construcción de la Refinería del Pacífico. De acuerdo con un informe de Odebrecht, la construcción de la tubería de 94 km -para dar agua a Manta, Jaramijó y Montecristi- costó USD 295,5 millones, hasta el 21 de noviembre del 2016.
Su adjudicación también estuvo a cargo de Merizalde, previa autorización del Directorio de la empresa de la refinería. Este proyecto se adjudicó mediante concurso, en el que las otras cuatro ofertas fueron eliminadas por incumplir en los términos de referencia.
La Contraloría, en sus exámenes especiales, observó que no se evaluó correctamente el costo de este proyecto.
Finalmente, está el Trasvase Daule-Vinces, entregado por la Secretaría Nacional del Agua a la constructora. Aquí, la comisión técnica recomendó adjudicar la obra a Odebrecht, tras obtener la máxima calificación, 100/100, en la evaluación de su oferta.
El 30 de abril del 2012, Senagua y la constructora firmaron el contrato por USD 191 millones. Una parte del proyecto fue financiado a través de un crédito otorgado por el Bndes.
La obra fue cuestionada por la Contraloría General. Una de las observaciones fue sobre los incrementos de rubros del proyecto “sin sustentarlos con informes de fiscalización”.
El principal problema que se detectó fue que hasta el 18 de enero del 2016, cuando el organismo de control aprobó el informe final del examen, no era posible determinar el valor real del proyecto. Tras analizar estos datos, la Fiscalía ejecutó los seis arrestos del pasado viernes.
