O el Gobierno modifica algunos puntos del Real Decreto recientemente aprobado para la venta centralizada de los derechos del fútbol o la Federación Española de Fútbol (FEF), con el apoyo de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), iniciará una huelga indefinida en todas las categorías que arrancará el 16 de mayo y coincidirá con la penúltima jornada de Liga de Primera División. La Federación, en un comunicado, dijo sentirse “ninguneada, despreciada e ignorada” y también califica de “actitud irrespetuosa del Gobierno el contenido de este Real Decreto-ley por la falta de resolución de todas las cuestiones que motivaron en los meses precedentes paros totales de todas las competiciones en 17 federaciones territoriales, que afectaron a más de 600.000 deportistas, 30.000 partidos y 15.000 entidades de fútbol aficionado, ignoradas en su significación y sentimiento”. La convocatoria de huelga llega en el momento cumbre de las competiciones con títulos, incluida la Copa del Rey, ascensos y descensos por decidirse.

La guerra de los comunicados

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La junta directiva de la Federación, de la que se levantaron los presidentes del Valladolid, Villarreal, Tenerife y Getafe por no estar de acuerdo con la postura de fuerza, expresó su disconformidad con el reparto del 4,55% procedente de las Quinielas “y su retirada sin motivo alguno por parte del secretario de Estado para el Deporte”, así como el estudio realizado sobre las consecuencias de la Ley de Emprendedores, “que conducen a la imposibilidad de la presencia de los colaboradores más imprescindibles en la organización del fútbol más humilde”, según reza el comunicado.

En el escrito, la FEF también apuntó contra “las inspecciones de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social a los clubes de fútbol aficionado, que han obligado a abandonar sus puestos a una elevada cantidad de directivos modestos, alma verdadera de nuestro deporte”.

Por su parte, desde el sindicato aseguran que no es una postura contra la patronal, sino contra el Ejecutivo y que no tiene que ver con el aumento de la presión fiscal que la Agencia Tributaria ha emprendido desde hace meses en relación con los impuestos aplicados a los derechos de imagen de los futbolistas.

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El sindicato está en contra del reparto destinado a los clubes de Primera y Segunda, según el cual para los primeros iría destinado un 90% de los ingresos televisivos y para los segundos un 10%, generando una desigualdad salarial preocupante. En Francia, el reparto es de 80-20 y en Alemania del 79-21, según el sindicato. Esta distribución en España, alegan en AFE, se ha hecho sin contar con los clubes de Segunda B, que cuando alguno de ellos ascienda podría encontrarse con un acuerdo del que no han participado.

Los jugadores tampoco están de acuerdo en que, cuando se les adeude dinero, no se les haya incluido, como a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social, en las preferencias de cobro sobre las cantidades recibidas de las televisiones. Desde el Consejo alegan que esto se ha hecho por dos motivos. El primero porque la ley tributaria da prioridad a Hacienda y a la Seguridad Social. Y el segundo, para que los clubes, ante una nueva normativa, no pudieran eludir el pago a la administración.

También consideran en la AFE que en el reparto destinado para los clubes de Segunda B por el que se pagaría la Seguridad Social de los jugadores, y para el fútbol femenino de Primera División, se está beneficiando a clubes que tienen su matriz en entidades profesionales. “Hay 20 filiales en Segunda B y nueve de los 16 equipos de la Primera femenina pertenecen a estos”, dicen en la AFE. La patronal sospecha que lo que quiere el sindicato es formar parte del control económico y recibir directamente parte del dinero a repartir.

El CSD, como representante gubernamental, también emitió un comunicado en el que se mostraba sorprendido por la huelga tras apoyar previamente Federación y sindicato el decreto, y defendía que este “ha supuesto el mayor logro histórico en la defensa de los intereses de los futbolistas y clubes y garantiza que el fútbol español pueda alcanzar cotas de sostenibilidad impensables hasta ahora”. También asegura el CSD que “la norma supone, además, un ejemplo de solidaridad que permitirá que más de 4.000 deportistas de alto nivel de otros deportes vean satisfechas sus cotizaciones a la Seguridad Social, y de modo particular, dignificando el futbol femenino”. El CSD concluye que la FEF tiene como interés no devolver dinero público no justificado y no someterse a las auditorías a los que obliga la ley.

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