La justicia chilena condenó este martes 19 de junio a seis carabineros retirados por su responsabilidad en el crimen de quince personas ocurrido al inicio de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) cuyos cuerpos fueron encontrados en unos hornos en la localidad de Lonquén, cerca de Santiago.

El fallo de la Corte Suprema confirmó este martes la sentencia condenatoria a expolicías por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y secuestro simple, cometidos en contra de 15 personas, todos ellos campesinos.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó un recurso de casación y confirmó la sentencia de la jueza Marianela Cifuentes, que condenó a David Coliqueo Fuentealba, Justo Romo Peralta, Félix Sagredo Aravena, Jacinto Torres González y Juan Villegas Navarro a la pena de quince años y un día de presidio como autores de secuestro calificado.

Asimismo, el condenado restante, Pablo Ñancupil Raguileo, tendrá que cumplir 11 penas de 60 días de presidio como autor de secuestro simple.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar indemnización total de 2.050 millones de pesos chilenos (unos 3.2 millones de dólares) a los familiares de las víctimas.

El 7 octubre de 1973, un mes después del golpe militar que Pinochet encabezó en Chile, quince campesinos, cinco de ellos miembros de una misma familia, fueron detenidos por la Policía militarizada en la localidad de Isla de Maipo, cercana a Santiago, a quienes encerraron en un cuartel, interrogaron y sometieron a torturas.

En la madrugada siguiente los campesinos fueron sacados del cuartel y llevados hasta unos antiguos hornos de una fábrica de ladrillos abandonada cerca de la localidad de Lonquén, donde los policías los asesinaron a tiros, metieron los cadáveres en los hornos y sellaron éstos con cemento.

A los familiares de los campesinos, que habían sido favorecidos por la reforma agraria que impulsó el Gobierno de Salvador Allende y de los que la mayoría no tenía militancia política, se les dijo que habían sido trasladados al Estadio Nacional de Santiago, utilizado como campo de concentración, torturas y exterminio por el régimen.

En 1978, tras recibir un informe anónimo, abogados vinculados a la Iglesia Católica descubrieron los cadáveres.

Hasta entonces, las denuncias sobre desapariciones eran motivo de burla de los medios de prensa, controlados por la dictadura, que se referían a «los supuestos desaparecidos» mientras el régimen atribuía las denuncias a una campaña del marxismo internacional.

Durante la dictadura de Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.

Otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas. (I)