El diputado por Unidad Demócrata Rafael Quispe y el abogado Omar Durán interpusieron ante el Ministerio Público, el lunes 18 de noviembre de 2019, una acusación penal contra depuesto presidente Evo Morales, por los supuestos delitos de terrorismo, alzamiento armado, instigación pública a delinquir, entre otros.

La acción penal busca responsabilizar a Morales por las multitudinarias protestas de los movimientos obreros, campesinos e indígenas contra la asonada golpista cívico-militar y en rechazo al gobierno de la autoproclamada presidenta Jeannine Áñez.

De acuerdo con la denuncia, desde su llegada a México tras acogerse a la propuesta de asilo del gobierno de ese país, Morales mediante entrevistas con medios de prensa y publicaciones en las redes sociales, «incita al odio, violencia, discriminación, actos de racismo y sedición», reseñó la Agencia de Noticias Fides.

Morales renunció el 10 de noviembre de 2019 a la primera magistratura de la nación sudamericana, para evitar el recrudecimiento de los ataques perpetrados por sectores de la extrema derecha contra los integrantes del Movimiento al Socialismo (MAS).

A diferencia de la postura asumida por el derrocado mandatario de abogar por la paz para solucionar la crisis, el gobierno de facto desató una violenta ola de represión, al extremo de emitir un decreto que exime a los militares de responsabilidad penal en el control de las manifestaciones.

La medida se une a la erogación de fondos millonarios para la compra de equipamiento adicional para las Fuerzas Armadas, así como la creación de un organismo especial a cargo de detener a aquellos legisladores afines MAS que cometan presuntos actos subversivos y sedición.

«En lugar de pacificación, ordenan difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado. Después masacrar a 24 indígenas, ahora preparan un Estado de Sitio. Sería la confirmación de que pidiendo democracia instalaron una dictadura«, denunció Morales en la red social Twitter. (I)