en galápagos un proyecto hotelero

En Galápagos un proyecto hotelero

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En Puerto Baquerizo Moreno, San Cristóbal, alguien ha empezado trabajos de construcción frente a Punta Carola, una de las playas más emblemáticas de las islas Galápagos. Desde inicios de 2022 han metido tractores, han talado opuntias nativas y han dinamitado roca volcánica en zonas de anidación de iguanas y tortugas.

Fue supuestamente para ampliar una vía que iniciaría el proyecto hotelero.

Del grupo HOGalápagos S.A del empresario Gabriel Navas. Es un resort que Navas ha promovido desde 2013 y que a inicios de 2022 lo llevó a hacer una mini gira de medios.

Según la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos (LOREG), la aprobación de infraestructura turística en las islas incluye ocho requisitos que, hasta ahora, siguen impidiendo la construcción de HOGalápagos.

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Desde 2015, el Municipio de San Cristóbal acogió una resolución para frenar ese mismo proyecto hotelero y declarar la predial que comprende de Playa Mann a Punta Carola —8 hectáreas en total— como área Turística Protegida y de Interés Científico, a pesar de ser propiedad privada. Seis años después, el 21 de abril de 2022, el nuevo Consejo Municipal ratificó esa resolución al mismo tiempo que el ministro de ambiente, Gustavo Manrique, ratificaba que en las islas hay moratoria de camas. Eso significa que en Galápagos hay un límite al número de camas disponibles –y por lo tanto al número de huéspedes que pueden recibir los establecimientos turísticos.

Ratificación tras ratificación: en teoría, HOGalapagos no tiene cómo entrar.

Pero los movimientos de tierra y ripio en la zona, así como las entrevistas de Navas con periodistas locales, han alertado a personas como Jenny Quijozaca, ecóloga marina y vocera de la Asamblea Comunitaria, un colectivo creado precisamente para resguardar Punta Carola.

El predio en disputa está apenas a las afueras del Parque Nacional, que conforma el 97% de la superficie terrestre del archipiélago. Es parte de Puerto Baquerizo Moreno, la capital de la provincia de Galápagos y su segunda urbe más poblada. Por eso, a pesar de ser propiedad privada, los permisos de construcción del terreno son competencia del municipio (y no del Parque), del que la comunidad ha recibido, por sobre todo, cables cruzados: en abril de 2022, el alcalde Henry Cobos Zavala, votó en contra de ratificar la resolución (es decir, a favor del proyecto hotelero) y, desde entonces, ha intentado evadir el tema. Incluso después de que el concejal Diego Cruz reclamó que la maquinaria utilizada para ampliar la vía era del municipio.

Esto también generó sospechas en la ecóloga Quijozaca. “A quiénes alquilan maquinaria en San Cristóbal, deben pedirles permisos de construcción”, me dijo. “¿Dónde va a estar? ¿Para qué?”. Según ella, el municipio no ha presentado los documentos ni siquiera en respuesta a los reclamos por los movimientos de tierra, hechos por la Asamblea Comunitaria y el concejal Cruz.

Esta falta de transparencia en el inicio de los trabajos.

Ha alarmado tanto a residentes de la isla como a los ambientalistas colonos que siguen organizando plantones, talleres y asambleas para mantenerse vigilantes y detener el proyecto. Así han logrado la atención de algunos medios, aunque esta presión no ha sido suficiente.

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La actividad más reciente aviva el temor de que HOGalapagos logrará filtrarse a pesar de todo. Así sentaría un precedente a futuro para que más empresas de turismo masivo sigan entrando en el archipiélago. Este patrón podría cambiar radicalmente el tipo de turismo que existe en las islas; hasta 2021 había 310 alojamientos turísticos a los que llegaron más de 136 mil turistas, solo ese año. Ya es un problema: en Galápagos, el turismo avanza, los servicios básicos no. Puerto Baquerizo no tiene alcantarillado ni agua potable.

Según Bitácora Ambiental, un boletín en el que hacen seguimiento al proyecto, y la información que me dio Quijozaca –que incluyó un plan arquitectónico– el proyecto de HOGalápagos estaría conformado por un edificio principal de módulos, un edificio secundario, nueve bungalows, un centro de convenciones, gimnasio y spa. Estaría diseñado para turismo a gran escala como el que se realiza en destinos como Hawai y Bali.

Contacté a Gabriel Navas para una entrevista pero hasta el cierre de este reportaje, no tuve respuesta.

El 1 mayo de 2022 llegué a San Cristóbal, días antes del inicio del Mundial de Surf. Esa misma tarde, varias organizaciones de la isla habían convocado a un evento en la playa con motivo del Mundial para, me explicaron, expresar su oposición a los trabajos de construcción que habían empezado meses antes en Punta Carola.

El sol, como casi siempre en Galápagos, brillaba y el ánimo general era tan combativo como alegre. Había niños corriendo y familias conversando junto a los representantes de algunas organizaciones como Tejidos Violeta, un grupo de concientización contra la violencia de género. “Ni las mujeres, ni la tierra somos territorio de conquista”, decía uno de sus carteles extendidos sobre la arena de Punta Carola.

Jenny Quijozaca coordinaba el plantón con un altoparlante, acompañada de su pequeño hijo. En la arena, los activistas locales formaron una línea con la que imitaban el movimiento de una ola alrededor de la playa mientras algunos surfistas formaban un círculo en el agua que era grabado con un dron que zumbaba sobre sus cabezas.

El plantón era una de varias acciones que ha hecho la Asamblea Comunitaria.

Para exigir transparencia sobre la posible construcción del hotel y para ratificar lo que ya ha sido establecido por la ley. Ratificar, ratificar, ratificar: allí parece que radica el conflicto. Es algo en lo que insisten los isleños con los que conversé durante el plantón. “San Cristóbal es tierra de nadie”, me dijo Quijozaca, cobijada por la sombra de una mesa junto a Playa Mann.

Entre los isleños —activistas y habitantes—, el susto va más allá de si el turismo es masivo o no. Vinicio Andrade, presidente de la Asociación de Hoteleros de San Cristóbal, fue muy claro en eso. “Desde un punto de vista momentáneo, nos conviene”, me explicó en referencia a los ingresos que podría generar la entrada de más turistas. “Pero los procesos se hacen a la maldita sea, sin orden”. Andrade fue enfático: “No nos oponemos al desarrollo, pero se debe respetar los espacios que le corresponde en la sociedad”.

El temor más palpable es la falta de transparencia y la contradicción entre el discurso oficial que niega que el proyecto tenga permisos y los movimientos que indican que los tendrá. La Asamblea Comunitaria, por eso, insiste en recurrir a todas las instancias posibles. El 5 de mayo de 2022 aprovecharon la rueda de prensa sobre el campeonato de surf para alertar sobre las irregularidades detrás del proyecto a Gustavo Manrique, Ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Pero, al menos en ese frente de permisos y burocracia, la versión oficial es clara: en una reunión en la que estuve presente entre Quijozaca y Gabriela Echeverría, directora zonal del Ministerio de Turismo, Echeverría aseguró que “el proyecto no va”.

El plan de convertir Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad.

En un destino de turismo masivo existe desde hace años. Es un tema que requiere de más estudios, debates y de una conversación pública que, por el momento, no existe.

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Tanto Quijozaca como otros activistas con quienes conversé expresaron mucha frustración ante la falta de comunicación oficial. Conversamos entre evento y evento, de manera casual, en la playa, o caminando junto a las loberías cercanas al muelle. En la terraza de un hotel frente al malecón principal, Jaqueline Vásquez, quien ha vivido en Galápagos desde hace cincuenta años, me dijo que temía que San Cristóbal estaba por cambiar radicalmente sin que se pueda “frenar” a las grandes franquicias hoteleras. Les recordé que nada está aprobado aún. “Pero hay que ver los hechos”, me respondió Quijozaca. “Por eso queremos que se sepa de esto antes”. En San Cristóbal están vigilantes.