Un reciente estudio de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI) de la Universidad de Guayaquil reveló irregularidades como sobreprecios y anticipos injustificados y entregados fuera de fecha en 33 procesos de contratación firmados entre 2015 y 2018.

Roberto Passailaigue, rector de la universidad y presidente del CIFI, aseguró que la remodelación de la Facultad de Jurisprudencia, cuyo contrato se suscribió el 6 de mayo, tuvo un anticipo de $ 1’697.000.

“El monto fue de $ 3’400.000, pero cuando se suscribió el contrato no existían las condiciones ni los requerimientos técnicos necesarios”.

Asimismo, para el aulario y edificio administrativo para Medicina y Zootecnia cuyo contrato fue de $ 6 millones, hubo un anticipo de $ 3 millones. Sin embargo, solo se han ejecutado $ 14.037.

“Desde los planos son diferentes a los aprobados; se deduce que no hubo estudios necesarios”, denunció.

Passailaigue dijo que como ese caso hay muchos más en los que se ha hecho contrato por un monto, pero luego se piden contratos adicionales y suplementarios que van más allá del 35% que establece la contratación pública.

La plazoleta de Bienestar Estudiantil, los edificios de Filosofía y de Administración, y el acondicionamiento del comedor son otras de las obras que se encuentran en observación por el CIFI y serán auditadas.

Dijo que el rector, el analista de adquisición, el director de obra, la asesoría jurídica y otros funcionarios tienen responsabilidades.

Asimismo, señaló que los anteriores interventores de la alma mater están involucrados en estos contratos.

Passailaigue adelantó que el informe sobre las obras será presentado a la Contraloría General del Estado para que continúen las investigaciones y se determinen responsabilidades.

Explicó que si los contratos fueron ejecutados es porque tuvieron el visto bueno de la comisión interventora. “De ser así tienen culpa y si no existiría una omisión”. (I)