Desde 2015 hasta 2017, la Defensoría del Pueblo receptó 1.704 denuncias de personas afectadas por adquirir una cocina de inducción. Como una medida de apoyo al consumidor, la entidad presentó una acción de protección en contra de la política pública y la falta de control por parte del Ministerio de Electricidad.

El argumento -informa Paulina Murillo, adjunta de usuarios y consumidores- fue que a través del Acuerdo Ministerial 230 se estableció que esa cartera tendría el control total del Proyecto de Cocción Eficiente.

En primera instancia, la medida judicial fue rechazada.

La Defensoría apeló y en marzo de este año, cuando el Estado relanzó el programa de cocinas de inducción, la Corte Provincial de Pichincha sentenció que el Ministerio vulneró los derechos constitucionales de estos consumidores por su falta de control ante prácticas comerciales indebidas.

Una de ellas fue que los afectados (ciudadanos de atención prioritaria) indicaron que para la venta de estos artefactos se les informó que si no los adquirían se les quitaría la ayuda estatal: el Bono de Desarrollo Humano.

En la actualidad, 7.109 beneficiarios de esta asistencia cuentan con una cocina de inducción entregada por el Estado.

Otra de las “malas” prácticas detectadas en los sectores rurales fue que las personas kiwchahablantes firmaron el contrato de compra en español, una lengua que no manejan. A esto se sumaron casos en los que no existía el medidor de 220 voltios necesario para la instalación de las cocinas.

Como medida de reparación la Corte dictó que el Ministerio creara y ejecutara mecanismos accesibles, efectivos y oportunos de protección y reclamación.

Transcurrido el plazo, la Defensoría detectó que el MEER incumplió de forma parcial la sentencia, pues argumentó que como mecanismo de reparación implementó un call center y una página web para receptar las denuncias. Sin embargo estas no fueron eficaces, según Murillo, pues los denunciantes, en su mayoría, no tienen acceso al servicio telefónico ni a internet.

La acción de protección también fue en contra de la empresa Icesa. De las 1.335 denuncias presentadas a esta casa comercial, 624 se finiquitaron con una nota de crédito que la firma entregó a los consumidores. La Defensoría pidió que los afectados tuvieran la opción de canjear ese documento por dinero o devengarlo a través de su consumo de energía eléctrica.

Murillo informó que frente a las declaraciones sobre la posible no continuidad del proyecto, el pasado 11 de octubre solicitó información al Viceministerio para confirmar el aviso y conocer qué pasará con quienes ya cuentan con este sistema de cocción. Hasta la fecha la Defensoría no recibe una respuesta. (I)