El presidente Lenín Moreno reformó el Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades para evitar el mal uso de los beneficios legales contemplados en la normativa.

Mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 1097, suscrito este viernes 17 de julio, se reformó el beneficio de exoneración de tributos en la importación de vehículos para personas con discapacidad.

COSTO MÁXIMO DEL VEHÍCULO IMPORTADO

En la reforma a la Ley de Discapacidades se establece que para acogerse a este beneficio, “el valor permitido del vehículo no podrá exceder de 60 Salarios Básicos Unificados (SBU)» es decir, USD 24 000.

Asimismo, se explica que se tomará en cuenta el precio de venta en el que ese ‘año modelo’ salió al mercado. Por lo que se aplicará » un 15% de depreciación anual para el primer año, 10% para el segundo año y 10% para el tercer año. Y se considera el tipo de cambio vigente para esa fecha, en el caso de que corresponda”.

Además, se señala que no se considerará la importación de autos que hayan sido siniestrados, a pesar de que lleguen al país reparados. Y para el cálculo de los años de antigüedad,se tomará en cuenta exclusivamente el periodo comprendido entre el año de modelo y el de embarque.

REQUISITO PARA IMPORTAR VEHÍCULOS

El decreto indica que para acogerse al beneficio de la exoneración, el Ministerio de Salud Pública emitirá la autorización electrónica correspondiente para la importación de bienes. Este documento será integrado a la Ventanilla Única Ecuatoriana.

Entre las disposiciones transitorias se señala que “el Comité de Comercio Exterior, dentro del plazo de diez días, a partir de la expedición del Decreto, dispondrá la exigencia de la autorización electrónica (…) emitido por el Ministerio de Salud Pública. Este documento «servirá como soporte obligatorio en los procesos de comercio internacional”.

PLACA DIFERENCIADA

La segunda transitoria señala que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), dentro del plazo de 30 días emita la normativa para la implementación de una placa diferenciada para vehículos destinados al uso o beneficio particular o colectivo de personas con discapacidad.

Las reformas se realizan como parte a la solución tras la revelación de la emisión fraudulenta de carnés de discapacidad.