Un grupo ciudadano, integrado por expertos en economía de Ecuador, ha propuesto debatir una ley que garantice una renta básica universal de 400 dólares.

Sería para personas en el desempleo y que dure mientras persista la situación de crisis generada por la pandemia del coronavirus en el país.

Un millón de personas, jefes de hogar, podrían beneficiarse directamente de la iniciativa, que ya se ha aprobado en España, Francia, Brasil y Colombia, entre otros, explicó a Efe el economista Pablo Dávalos.

Renta básica universal

La propuesta ha sido elaborada por el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, que reúne a varios exministros de Finanzas del país.

El economista calcula que la iniciativa podría ser aprobada hasta antes de mayo próximo, si se logra escribir su formulación legal, que se debata entre la población y que logre miles de firmas de ciudadanos antes de entregarla a la Asamblea Nacional (Parlamento).

El proyecto de «Renta Básica Universal y sin condiciones» parte de que «todas las economías en el mundo están siendo seriamente afectadas por la pandemia de COVID-19», sobre todo con una gran incidencia en la reducción del empleo.

Propuesta de Cepal

Incluso organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han propuesto mecanismos de «renta básica de emergencia», recordó Dávalos.

Y sostuvo que en España se conoce este tipo de iniciativas como «Ingreso mínimo vital», en Colombia como «renta emergente» y en Brasil como «Bolsa familiar», experiencias que han tomado como referencia para elaborar la iniciativa ecuatoriana.

El proyecto minimiza el costo de la operación y se puede inscribir en el denominado gasto social.

Toma como forma de pago los medios electrónicos y los beneficiarios no podrían acumular dicha renta, explicó.

Además, permite la reactivación productiva del país y la equidad social, porque va dirigido a personas expuestas al desempleo tras la crisis económica que afronta el país.

Crisis agravada por la emergencia sanitaria derivada de la expansión del contagio del coronavirus.

Distribución de la renta

Del total del monto estimado como renta, un 60 por ciento estará destinado a la adquisición de bienes de consumo básicos que se incluyen en el rubro de la canasta básica familiar.

Un 20 por ciento se dirigirá a servicios básicos como el pago de tarifas de agua, luz, teléfono y servicios de conectividad por internet.

El restante 20 por ciento estará dirigido al pago de la afiliación voluntaria de los beneficiarios desempleados a la seguridad social.

Esto a su vez garantiza el servicio de atención sanitaria y de jubilación.

Por ello, el impacto de la iniciativa no solo se distribuye entre los beneficiarios directos, como son los jefes de hogar, sino también en sus familias, por lo que la cobertura se extiende a más de 4 millones de personas, alrededor del 20 por ciento de la población total del país, añadió Dávalos.

Esta iniciativa de legislación ciudadana busca también frenar el incremento galopante de los niveles de pobreza.

Según Dávalos, la pobreza podría llegar a un 34 por ciento en los próximos tres años.

¿Una propuesta electoral?

«Es una estrategia que va a permitir crear un escudo social para proteger a la población en este contexto tan extraordinario que es el de la pandemia», apostilló Dávalos.

El economista llamó a la ciudadanía a sumarse y apoyar esta iniciativa y consideró que, sobre todo, deberían pronunciarse los políticos que han anunciado sus posibles candidaturas para los comicios generales del próximo año.

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Aclaró que la iniciativa del foro que integra no es una propuesta electoral en sí misma y no busca promover candidaturas.

Asegura que se generó ante el gran impacto de la crisis sobre la sociedad, tanto la afectada por la extrema pobreza.

También, como sectores de la clase media que se han visto golpeados por los despidos.

EFE