El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quedó tocado, pero no hundido, después de que la Fiscalía anunciara su intención de acusarlo en tres casos de corrupción cuyas investigaciones se realizan hace más de dos años.

El anuncio dejó seriamente tocada la imagen del conocido como Bibi y redujo en las encuestas la intención del voto a su partido, el Likud, aunque no de forma drástica (de 29 a 25 escaños).

Sin embargo, sus socios de coalición de gobierno prácticamente defendieron su presunción de inocencia y se comprometieron a mantener su apoyo y recomendarlo para formar el ejecutivo tras las elecciones del próximo 9 de abril.

No así las principales formaciones de centroizquierda, entre ellas la nueva coalición Azul y Blanco (formada por el recién creado partido Resiliencia Israelí, del exjefe del Estado Mayor Beni Gantz, y Hay Futuro), el pacifista Meretz y el laborismo, que pidieron su dimisión y que, con el cambio de previsiones a solo 40 días de los comicios, ven cada vez más posible que gobierne.

El daño aún no está terminado: el jueves se difundieron las 57 páginas de la decisión del fiscal general, Avijai Mandelblit. Pero todavía no han salido a la luz los materiales jurídicos, con más de 5.700 páginas, testimonios y cientos de horas de audio grabadas, que podrían filtrarse en los próximos meses, dañando aun más la credibilidad del mandatario israelí.

Las acusaciones -de cohecho, fraude y ruptura de la confianza- son sobre sospechas de que Netanyahu habría intercambiado o intentado intercambiar favores a empresarios a cambio de caros regalos (caso 1.000), cobertura positiva en un diario (caso 2.000) o en un popular digital de noticias (caso 4.000).

No obstante, el portal digital Mako sugiere que Netanyahu podría solicitar a sus potenciales socios de coalición -como parte del pacto de gobierno- que se comprometan a apoyar una ley que prohíba la investigación de un primer ministro activo o que se abran casos. (I)