El Ministerio de Salud Pública de Ecuador, el Convenio Marco de la ONU para el control del Tabaco y representantes de grupos antitabaquismo, censuraron este miércoles un proyecto de ley que promueve indemnizar a las tabacaleras por la pérdida de ingresos derivada del contrabando.

En un debate virtual, los grupos pusieron el acento en que la industria del tabaco a nivel regional infla las cifras relacionadas con el tráfico ilegal a su favor, con el objetivo de presionar a los gobiernos y obtener una reducción de gravámenes, y cuestionaron el hecho de que en el análisis de la polémica ley ejerza como «actor clave», mientras se desoye a la parte que defiende a la salud.

«La Comisión Parlamentaria no ha convocado al Ministerio de Salud Pública al análisis del proyecto», manifestó el subsecretario nacional de promoción de la Salud de esa Cartera, Eduardo Zea, lo que según él, genera «sospechas sobre esta importante normativa que se analiza».

¿Un proyecto aduanero?

Se trata del Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías, propuesto en julio por un legislador del movimiento liberal SUMA y que es analizado antes de ser sometido a debate ante el pleno del Legislativo.

Empresas tabacaleras afiliadas al gigante norteamericano Philip Morris International (PMI) han propuesto a la Comisión que estudia la norma que se introduzca una compensación para la industria por el supuesto perjuicio que les ocasiona un contrabando que cifran en torno al 70%.

El presidente del Comité Interinstitucional de Lucha Antitabáquica (CILA), José Ruales, expresó su «profunda preocupación» por el tratamiento que se está dando al proyecto, un proceso que consideró vulnera la normativa legal nacional así como los convenios internacionales.

Industria tabacalera

Y subrayó que todo esto se da en momentos en los que Ecuador, precisamente, preside la Mesa Ejecutiva del Convenio Marco de la OMS (Organización Mundial de Salud) para el Control del Tabaco (CMCT).

«El Convenio Marco obliga a las partes a que protejan con sus políticas públicas a la población de los intereses comerciales creados por la industria tabacalera», señaló Ruales.

La docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Tatiana Villacrés, autora de investigaciones sobre el tráfico de tabaco, subrayó que precisamente la marca Marlboro, que es la que ingresa de manera ilegal en mayor medida al país, es de la misma procedencia que la comercializada de forma legal en Colombia y México.

¿Reportes inflados de contrabando?

Subrayó que la compensación que piden las tabacaleras se basa en informes sobre contrabando sin fundamento y defendió que el combate del comercio ilícito, «se ha mostrado exitoso en países con altos impuestos» a los cigarrillos, y no al contrario.

Mercedes Carballo, experta del organismo de control mundial del tabaco STOP, acusó a la industria tabacalera de tener «un historial documentado en la participación del comercio ilícito», y agregó que «ha aprovechado la inestabilidad que genera la COVID-19 para seguir presionando a los gobiernos» con donaciones de insumos sanitarios.

En los últimos 15 años y gracias a la aplicación del CMCT, la prevalencia del tabaquismo en la región «ha disminuido significativamente», resaltó el director regional de la Alianza para el Convenio Marco (FCA) de la OMS, Eduardo Bianco.

500.000 muertes en la región

Sin embargo, el tabaco aún provoca 500.000 muertes por año en la región (13 % del total), genera un costo superior a 33.000 millones de dólares, el 7 % del gasto de salud por costos directos, que podrían duplicarse o triplicarse si se sumaran los indirectos.

Bianco recordó que «la medida más efectiva para reducir el tabaquismo es el aumento de impuestos, que también aumenta la recaudación fiscal», si bien reconoció, que «no ha podido ser adecuadamente implementada».

«Ello se debe principalmente a que la industria tabacalera, no solo en Ecuador, se opone ferozmente, amenaza y esgrime el cuco del contrabando inflando las cifras del mismo», abundó.

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Sobre el riesgo que entraña el tráfico ilegal del tabaco, destacó que este abarata su precio y lo hace más accesible, por lo que aumenta el consumo a la par que las enfermedades asociadas.

Y quiso desterrar el mito de que «los productos ilegales sean más nocivos que los legales».

EFE