La Universidad de Farmingtonse presentaba como una nueva y rigurosa, selecta pero global.

Tenía presencia activa en redes sociales y, según afirmaba en su página web, su objetivo era «proporcionar a los estudiantes de todo el mundo una experiencia educativa única».

Contaba con un escudo y hasta lema «Scientia et Labor» (ciencia y trabajo). También ofrecía programas académicos actualizados con todas las certificaciones legales pertinentes.

El Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios de Míchigan y la Comisión de Acreditación de Escuelas y Colegios Profesionales le habían dado sus autorizaciones. Y el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio la había avalado para admitir estudiantes extranjeros.

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La tarifa anual rondaba los US$12.000, significativamente menor que muchas otras instituciones académicas de Estados Unidos, pero nada que hiciera levantar muchas sospechas.

Bueno, aparte de que no tenía aulas, nunca contrató a un profesor y jamás se impartió una clase en ella.

En realidad, estaba a cargo de agentes encubiertos del gobierno en una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para atrapar y deportar a extranjeros que ya habían entrado al país con visas de estudiante.

En enero pasado, cuando se descubrió el esquema, ocho personas que presuntamente trabajaron como «reclutadores» para la escuela y ayudaron a al menos 600 estudiantes fueron acusados de conspiración para delinquir.

En los últimos meses, según confirmó el ICE al Detroit Free Press (DFP), primer medio en reportar sobre el caso, más de 250 estudiantes de la universidad, en su mayoría indios, fueron regresados a sus países de origen y otros enfrentan órdenes de deportación o procesos antes jueces de inmigración.

¿Cómo funcionó la operación?

Según ICE, la academia era «utilizada por ciudadanos extranjeros» como parte de un esquema en el que pagarían miles de dólares a una escuela solo para que le ofrecieran papeles que les permitieran continuar viviendo y trabajando en Estados Unidos con una visa de estudiante.

Los documentos presentados ante la corte indican que muchos de los estudiantes se habían inscrito a través de un programa conocido como Capacitación Práctica Curricular (CPT), que les permitía trabajar en Estados Unidos.

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Al contar con todas las licitaciones requeridas por la ley, los estudiantes que matriculaban en ella podían seguir viviendo legalmente en Estados Unidos.

«Todos somos conscientes de que los estudiantes internacionales pueden ser un activo valioso para nuestro país, pero como lo demuestra este caso, el bien intencionado programa de visa de estudiante internacional también puede ser explotado y abusado», señaló en un comunicado de prensa Matthew Schneider, fiscal federal para el Distrito Este de Michigan.

De acuerdo con el DPF, algunos llegaron allí de otras escuelas que habían perdido la acreditación, por lo que habían perdido el estatus que les permitiría permanecer en el país.

Sin embargo, de acuerdo con el medio digital Vox, algunos estudiantes aseguran que no sabían que estaban violando los términos de sus visas y afirman que intentaron confirmar que la universidad era legítima y encontraron que tenía todas las acreditaciones oficiales pertinentes.

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Ravi Mannam, un abogado de inmigración, le aseguró al diario The New York Times que si bien algunos estudiantes sabían que la universidad solo servía para mantener el estatus migratorio, otros creían que se estaban inscribiendo en un programa académico legítimo al que podrían acceder a un precio más asequible.

«El gobierno utilizó métodos muy cuestionables y problemáticos para lograr que estos estudiantes extranjeros se unieran a la institución», comentó.

Las autoridades, por su parte, aseguran que los estudiantes sabían que la escuela era un fraude y que optaron por inscribirse de todos modos para permanecer legalmente en el país.

¿Qué pasó con el dinero que pagaban los estudiantes?

Uno de los temas que más controversia ha generado -además del hecho de que los acusados o deportados llegaron con visas de estudiantes legítimas a EE.UU.- es qué pasó con los cientos de miles de dólares que recaudó cada año la universidad regentada por el ICE.

Y es que el esquema, según los medios estadounidenses, hizo que el gobierno se hiciera con miles de dólares que debían pagar los estudiantes en concepto de matrículas y aranceles para mantener su estatus.

Algunas versiones indican que los costos por un programa de posgrado ascendían a US$2.500 por trimestre y las tasas promedio en pregrado era de US$1.000 por mes.

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Los abogados defensores de algunos de los acusados aseguran que el ICE se aprovechó de «personas vulnerables que solo querían mantener el estatus» en EE.UU., además que tomó miles de dólares que se desconoce para qué fueron empleados.

Según el DFP, ninguno de los acusados u organización civil ha presentado un reclamo o demanda contra el gobierno de EE.UU. por cobrar a los estudiantes bajo engaño o por crear una «trampa» de este tipo.

¿Cuáles han sido las reacciones?

La controvertida estrategia de ICE ha generado rechazo en algunos sectores de Estados Unidos y conllevó incluso a que una de las candidata demócrata a las primarias para las elecciones de 2020, la senadora Elizabeth Warren, condenara lo sucedido.

«Esto es cruel y atroz. Estos estudiantes simplemente soñaron con obtener la educación superior de alta calidad que Estados Unidos puede ofrecer. ICE los engañó y los atrapó, solo para deportarlos», escribió en Twitter.

This is cruel and appalling. These students simply dreamed of getting the high-quality higher education America can offer. ICE deceived and entrapped them, just to deport them. https://t.co/t6kQLiV5oh

— Elizabeth Warren (@ewarren) November 27, 2019

La también congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, por su parte, cuestionó que los fondos federales se utilicen para encarcelar y deportar estudiantes en lugar de que se creen mecanismos para investigar «contratos corruptos o encarcelamiento masivos».

El gobierno de India, cuya nacionalidad tienen gran número de los apresados según los reportes, emitió un comunicado en el que solicita la liberación inmediata de los estudiantes y rechazó cualquier deportación no voluntaria.

Su embajada en Estados Unidos abrió incluso un número teléfono para que los estudiantes implicados puedan solicitar asistencia consular.

El ICE, por su parte, justificó su accionar al considerar que la Universidad de Farmington sirvió a los agentes como una «evidencia de fraude de primera mano».

«Las escuelas encubiertas proporcionan una perspectiva única para comprender las formas en que los estudiantes y reclutadores intentan explotar el sistema de visas de estudiantes», indicó la agencia federal.

¿Es primera vez que esto ocurre?

Hace unos años, las autoridades migratorias de Estados Unidos practicaron otra operación similar en la también falsa Universidad del Norte de Nueva Jersey.

Cuando decidieron acabar con el programa en 2016, más de 1.000 estudiantes de la escuela recibieron la orden de comparecer ante los tribunales de inmigración, con penas que iban desde una posible deportación hasta la prohibición de entrada de por vida a Estados Unidos.

Al igual que ahora, las autoridades afirmaron que los estudiantes eran «plenamente conscientes» de que se estaban inscribiendo en una escuela falsa, pero algunos alegaron que habían sido engañados por falsos reclutadores y el gobierno.

Algunos estudiantes entonces fueron arrestados incluso después de que se cambiaron de escuela tras darse cuenta de que Universidad del Norte de Nueva Jersey era falsa.