Nunca pudo casarse ni tener hijos. Quedó discapacitado, tiene una fractura en la base del cráneo, corregida con miniplacas, y una lesión en la cadera que es degenerativa. Usa bastón, es sordo del oído derecho y padece de deficiencia visual y epilepsia. Así es la vida de Alfredo Luna, biólogo, quien sufrió un accidente aviatorio el 3 de agosto de 1993, en la zona Chongón-Colonche, a la altura de Manglaralto.

Él asegura que trabajaba para la organización no gubernamental de Estados Unidos, Conservación Internacional-Ecuador (CI), como colaborador en el proyecto de investigación rápida en la cordillera del Cóndor, Arenilla y Chongón-Colonche.

Luna explica que fue un accidente de trabajo y que todos los investigadores extranjeros y nacionales que participaron en ese vuelo estaban cubiertos por una póliza de seguros. Por eso, a los dos sobrevivientes les llevaron a EE.UU. para ser atendidos en un hospital y los costos de atención corrieron por cuenta de la aseguradora.

“CI-Ecuador negó la relación laboral y la reparación integral. Me dijo que debo estar satisfecho en mis pretensiones porque la atención hospitalaria fue pagada por la aseguradora”, señala a este Diario.

Luna vive en la casa de su madre porque no puede pagar un alquiler.

Pero CI-Ecuador tiene otra versión sobre este hecho. Niega que Luna haya sido funcionario de la entidad. Él trabajaba en 1993 en la Fundación FEDIMA. Además aclara que no participó en la organización del vuelo que se accidentó. “El vuelo de AECA que se accidentó en la Cordillera Chongón-Colonche fue organizado por el señor Eduardo Aspiazu, presidente de Fundación Natura en Guayaquil”, explicó a este Diario Luis Suárez, vicepresidente y director Ejecutivo de CI-Ecuador.

Han pasado 25 años del accidente y Luna ha trajinado por salas, audiencias y tribunales en espera de conseguir una reparación integral de la organización no gubernamental estadounidense.

El abogado de Luna, Raúl Moscoso, relata el historial jurídico de este caso que parece no tener fin.

Primero presentó cinco peticiones de apoyo a la Defensoría del Pueblo: a José Chávez del Pozo, el 2 de febrero de 2001. Luego a Claudio Mueckay, el 6 de agosto de 2001; a Rosario Utreras, comisionada nacional de derechos individuales y de género, el 13 de abril de 2009. Además a John Morán, el 4 de noviembre del 2009, y a Fernando Gutiérrez, el 23 de noviembre del 2010, dice Moscoso.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo de la época correísta Ramiro Rivadeneira revocó las resoluciones del organismo que fueron a favor de Luna, el 28 de febrero del 2013.

En eso concuerda CI-Ecuador. “La Defensoría del Pueblo declaró cumplidas las obligaciones de Conservación Internacional y archivó el caso el 23 de febrero de 2013”, señaló.

Después Luna presentó una acción de medidas cautelares contra ese organismo y le fue negada. Su caso ha sido conocido y apoyado por diferentes organizaciones de derechos humanos.

Por ejemplo, Lenin Herrera, del Foro Internacional de Derechos Humanos, presentó una acción de medidas cautelares en favor de Luna, que fue negada el 28 de mayo del 2102.

Herrera también hizo una de acción extraordinaria contra la resolución de la jueza cuarta de lo laboral de Pichincha, Laura González. La CC aceptó y dio el fallo favorable, el 13 de septiembre de 2017; es decir, se tomaron cinco años en contestar esa petición, dijo Moscoso.

“La CC declara que a Alfredo Luna se le negó el derecho a la seguridad jurídica, según lo establecido en el artículo 82 de la Constitución”, agrega Moscoso.

Pero, además, Luna ha formulado acción de protección en contra de CI-Ecuador a la Judicatura, el 26 de setiembre de 2016. Esa acción fue negada por el juez de la Unidad Judicial Penal de Quito, el 9 de enero del 2017.

El biólogo interpuso un recurso de apelación, el 19 enero de 2017, que fue negado el 6 de junio del 2017.

Después, Luna presentó una acción extraordinaria de protección ante la CC que fue aceptada a trámite, el 7 agosto de 2017, y se encuentra en proceso de resolución.

Sin embargo, CI-Ecuador señala que el 17 de septiembre de 2017 el pleno de la CC conoció la acción extraordinaria de protección interpuesta por Herrera, del Foro Internacional de Derechos Humanos.

“La CC negó la solicitud de medidas cautelares y dispuso el archivo del proceso constitucional”, argumentó Suárez.

Pero Luna no solo acusa a esa organización no gubernamental, sino al Estado ecuatoriano porque ha solicitado protección a varios gobiernos; sin embargo, ninguno le ayudó.

Por eso su abogado presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado ecuatoriano por negación de justicia, cuya admisión se discute actualmente.

Este largo caso ha sido seguido por organizaciones de derechos humanos.

“Estudiamos el caso y en mérito de los hechos esperamos que se cumpla la resolución de reparación integral ya dictada por la CC. Esta dice que han violado los derechos y garantías constitucionales. Es decir, la situación jurídica de la víctima”, manifestó a este Diario Herrera, del Foro Internacional de Derechos Humanos.

En cambio, Cecilia Chérrez, de la organización no gubernamental Acción Ecológica, explicó que conocen la posición de Conservación Internacional.

“Luna dijo que tenía una póliza de seguro. Ese accidente le dejó en condiciones disminuidas en su capacidad profesional y una secuela de daños de orden moral, psicológico y emocional”, confirmó.

Conservación Internacional-Ecuador opera legalmente en Ecuador, amparado en el Convenio Básico de Funcionamiento, que fue suscrito con el Gobierno ecuatoriano. Este fue renovado el 28 de noviembre de 2016 y tiene una duración de cuatro años. (I)