La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, denunció este martes ante el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, que la Sala Tercera de Apelaciones supuestamente ha violado su independencia judicial.

Según indicó Aifán en su denuncia verbal y escrita presentada hoy ante Rodas en su despacho, la Sala Tercera de Apelaciones la sancionó con 1.000 quetzales (unos 134 dólares) basándose en una presunta «desobediencia» de su parte ante un fallo de la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal).

La Sala solicitaba a la jueza que liberara al ciudadano ruso Igor Bitkov, a quien ella había enviado a juicio en febrero de 2017 y que posteriormente, en enero de 2018, un Tribunal lo había sentenciado a 19 años de prisión, 14 de estos de forma inconmutables.

Y también a una multa de 100.000 quetzales (unos 13.624 dólares) por los delitos de usurpación del Estado civil, supresión al Estado civil y documentos falsificados.

En la trama en la que está involucrado Bitkov, además de otros 36 implicados en una red de falsificadores, se encuentran su esposa Irina y su hija, Anastasia, quienes igualmente fueron condenadas a 14 años inconmutables por haber incurrido en supresión al Estado civil y documentos falsificados y a pagar cada una la misma multa impuesta a Igor Bitkov.

Sin embargo, el Constitucional en abril resolvió que la jueza debía repetir la audiencia para definir si enviaba a Igor Bitkov a juicio (la audiencia de febrero de 2017), tras avalar una sentencia de octubre de 2017 -ocho meses después- de la Sala Tercera de Apelaciones.

Con ella se amparaba al ruso por supuestamente cumplir con el estatus de migrantes, por lo que no podrían ser perseguidos penalmente por falsificación de documentos de acuerdo con la Ley de Migración y la Convención de Palermo.

Los Bitkov han expresado en distintas oportunidades que empresarios allegados al presidente ruso, Vladímir Putin, «usurparon» sus bienes y al venir al país centroamericano en 2009 fueron «víctimas» de la red de falsificadores del Registro Nacional de las Personas y la Dirección General de Migración.

Sin embargo, la prensa local ha señalado que la familia poseía en Rusia una empresa papelera valorada en 700 millones de dólares y que, tras haber defraudado a sus accionistas por 6 millones de dólares, se fugaron y llegaron a Guatemala, donde permanecieron «desapercibidos» hasta 2015, cuando fueron procesados.

El 9 de mayo, la jueza Aifán volvió a enviar a juicio a Igor Bitkov y este lunes resolvió otorgarle arresto domiciliar al considerar que «no existe peligro de fuga».

y por «motivos de salud», aunque el pasado 22 de mayo la Sala Tercera había anulado la resolución que enviaba a un nuevo juicio al ciudadano ruso, al considerar que la jueza no cumplió con lo instado por el Constitucional en abril.

Aifán le dijo este martes al Ombudsman que le «ha preocupado la violación a la independencia judicial, que es uno de los pilares fundamentales del sistema de justicia».

«Pues a partir de allí nosotros (los jueces) podemos dar una garantía a la ciudadanía», añadió.

Al salir de la reunión con la togada, el procurador de los Derechos Humanos mencionó que «la independencia de los jueces es un factor indispensable de un país democrático» y recordó que no es la primera vez que se vulnera la independencia de un juez.

Añadió que «no es la mejor etapa de la independencia judicial en el país», el cual no aprobó el año pasado unas reformas claves al sistema judicial que hubiera «permitido una verdadera independencia». (I)