El IRP -que fue confirmado esta mañana por la Contraloría- por fue enviado a la Fiscalía el lunes 6 de abril y así se suma a la investigación que el organismo inició la semana pasada y que, incluso, contempló el allanamiento de las viviendas de varios funcionarios del Seguro.

El informe sostiene que las anomalías en la adquisición de mascarillas, pantallas faciales, guantes y otros equipos de protección “derivó en el desabastecimiento de material para enfrentar la pandemia en las unidades del IESS a nivel nacional”.

Allí se revela que exdirector general del IESS Miguel Ángel Loja declaró en emergencia a las dependencias de salud del Seguro “aunque esta es competencia exclusiva del Consejo Directivo”, presidido por Paúl Granda.

Además, la Contraloría señala que Loja suscribió una orden de compra por $ 9,4 millones, cuando su nivel jerárquico le permitía autorizar contrataciones hasta $ 7 millones, que no informó a Granda y que pese a que en el Sistema Nacional de Contratación Pública hay más de 10 mil proveedores para cubrir esa necesidad se adjudicó el contrato a la firma Almantop S.A., inscrita en la Superintendencia de Compañías para el servicio de venta de alimentos y bebidas. Esta empresa fue constituida en el año 2000, con $ 800 de capital y se mantuvo inactiva hasta el 19 de septiembre de 2019.

A raíz de este polémico proceso, varios sectores sociales, como las cámaras de la producción, han pedido la renuncia de Granda, quien, no obstante, ha dicho que no va a dimitir. (I)