El gobierno de Bolivia, a través del ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, defendió la aprobación del decreto supremo que autoriza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a realizar operaciones para el restablecimiento del orden público.

Advirtió, además, que en caso necesario los militares y policías pueden asumir medidas extremas y ser eximidos de responsabilidades penales. Justiniano defendió la norma al asegurar que es un “elemento disuasivo”.

“Se ha dicho que este decreto supremo, creemos de manera distorsionada, se constituye en una licencia para matar. Lo que no significa ello, simplemente autoriza para que de manera conjunta con la Policía Nacional puedan actuar en resguardo de todos los bolivianos”, dijo.

Sin embargo, el decreto generó críticas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que estimula la represión violenta, mientras los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales, preparan un recurso legal para buscar la inconstitucionalidad de la norma, anunció la diputada Sonia Brito.

“No se respetan los estándares internacionales en el uso de la fuerza (…) El Ejército no puede estar en las calles para reprimir al pueblo”, expresó Brito.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, ofreció su apoyo al gobierno de transición de la presidenta Jeanine Áñez. Y pidió avanzar en el proceso electoral a la brevedad posible.

“Vamos a hacer un esfuerzo para apoyar este periodo transitorio para que desemboque en elecciones creíbles, para que los bolivianos puedan elegir sus autoridades definitivas”, instó el diplomático.

La Iglesia Católica de Bolivia también llamó al gobierno interino y los partidos políticos, así como a la sociedad civil, a un “diálogo” para poner fin a una crisis que se tornó más violenta con la muerte de 23 personas tras la renuncia de Morales a la presidencia, hace una semana.

Sin embargo, fue la muerte de nueve cocaleros seguidores de Morales a manos de agentes de seguridad, el viernes 15 de noviembre, lo que puso en entredicho el llamado a la paz de Áñez. Ella dijo que la pacificación del país y la convocatoria a nuevas elecciones en tres meses son prioridad.

Además, los cortes de rutas por las manifestaciones en varias regiones comienzan a generar desabastecimiento de comestibles y combustible en La Paz. (I)