Además del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Tuárez; otros exfuncionarios están entre los 27 detenidos por el presunto delito de asociación ilícita por tráfico de influencias.

El actual director nacional de Procesos Electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE), un exasambleísta y un exprefecto de Sucumbíos constan en la lista.

Según la Fiscalía, esta supuesta organización ofrecía puestos en instituciones como: Dirección de Aviación Civil, Aduana, Petroamazonas y hospitales a cambio de dinero.

El grupo lo integran también: un exjuez, un policía y militar, un expresidente del CNE, un exdirector nacional de Educación y una hermana del expresidente del Consejo de la Judicatura.

En total son investigadas 33 personas por este caso, pero a seis de ellos se les dio medidas sustitutivas; es decir, se defenderán en libertad.

Entre los detinos están también dos familiares del actual vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien por medio de un comunicado difundido en redes sociales aceptó que estos aprehendidos sí son sus parientes pero reiteró: «no tengo ninguna responsabilidad y, de ser el caso, deberán responder por sus actos con todo el rigor de la ley».

En un segundo tuit, Pita también menciona: «Hace seis meses advertí a la presidenta del CNE sobre las actividades irregulares del director nacional de procesos electorales, Luis Loyo, en las elecciones de 2019, ahora detenido en el operativo «Emperador» (…) llama la atención la inacción sobre ésta y otras denuncias realizadas».

Este caso se dio a conocer tras la denuncia de un ciudadano de apellido Cedeño, quien estuvo sentenciado por un caso de narcotráfico.

En su relato, sostuvo que Tuárez le habría pedido cuatro millones de dólares por un puesto en la Dirección de Aviación Civil y 20 millones por un cargo en la Aduana.

Se conoce que Tuárez será enviado a la cárcel 4 de Quito.

Ahora, la Fiscalía tiene 90 días para presentar las pruebas en un proceso en el que los implicados podrían enfrentar una pena privativa de libertad de hasta cinco años.