Ecuador ha acumulado 81 femicidios en lo que va del 2020, incluidas once menores de edad, lo que da un promedio de un caso cada 72 horas, según el más reciente informe difundido este sábado por la organización no gubernamental de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea).

En el 72% de los casos, los asesinos formaban parte del círculo familiar de las víctimas. Y un 56% de los femicidios corresponden a madres que han dejado en la orfandad a al menos 85 niños, precisó el reporte de Aldea.

Además, mencionó que, del total de casos, tres corresponden a “transfemicidos” o asesinatos a personas transexuales o transgénero bajo violencia machista.

EL CONFINAMIENTO Y LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

En el estudio, Aldea advirtió de que las medidas de confinamiento masivo establecidas por el Gobierno para frenar el contagio de la pandemia de covid-19 obligaron a muchas mujeres a convivir con sus agresores.

Ello hizo difícil que las víctimas pudieran acceder a mecanismos adecuados y oportunos de denuncia y protección, agregó la fuente. Y precisó que solo desde el 16 de marzo pasado –cuando se declaró el estado de excepción y el confinamiento masivo– hasta el pasado 4 de octubre ocurrieron 62 femicidios en Ecuador.

Por ello, mayo y agosto están considerados como los meses más violentos en lo que va del año.

Además, desde 2014 hasta la actualidad son 813 muertes las registradas en el país a causa de la violencia estructural que afecta a las mujeres. Algo que ha sido definido por Naciones Unidas como una “pandemia en la sombra”.

Según el estudio de Aldea, en el 30% de los femicidios registrados en Ecuador los perpetradores eran hombres que ya tenían antecedentes de violencia. Y en un 6% de casos las víctimas habían obtenido previamente una “boleta de auxilio”, un documento judicial de protección estatal.

El informe de Aldea cuenta con el apoyo y colaboración de varios organismos de la sociedad civil. Entre ellos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), la Red de Casas de Acogida, el Taller de Comunicación Mujer y la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos.

Esas organizaciones han hecho también un llamamiento a las autoridades para que se asignen los fondos suficientes a la política pública contra la violencia a mujeres. Esto con el fin de que se active de forma adecuada un “sistema de protección integral efectivo y de calidad” en ese ámbito.

EFE