La inédita consulta popular para endurecer las sanciones contra los corruptos en Colombia no consiguió superar el umbral de más de 12 millones de votantes (el 33% del censo) que necesitaba para ser aprobada.

Sin la ayuda de la maquinaria tradicional, sin propaganda electoral ni presupuesto estatal para actos de campaña, más de 11,6 millones de personas votaron en la consulta, lo que supone más del 32%, pero quedó por debajo de los 12,1 millones necesarios para su aprobación.

Como era previsible, el apoyo al Sí fue masivo y obtuvo entre el 99,02% y el 99,6% de respaldo en las siete preguntas que eran sometidas a consulta.

La que menos apoyo recibió fue la pregunta que cuestionaba si deseaban “establecer un límite de máximo tres períodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los concejos municipales y las juntas administradoras locales”.

La que más apoyo obtuvo fue la que solicitaba su opinión acerca de si se debía “obligar a los congresistas a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos”.

La consulta también sometía a votación otras cuestiones como la reducción del sueldo a los congresistas y funcionarios públicos que ganen el equivalente más de 25 salarios mínimos legales vigentes.

También la posibilidad de endurecer las penas para los corruptos, así como prohibirles que vuelvan a contratar con el Estado.

Pese a los resultados, la principal promotora de la consulta, la exsenadora del partido progresista Alianza Verde, Claudia López, celebró el resultado exultante y dijo que este martes presentará al presidente Iván Duque y al Congreso una propuesta legislativa que incluya los siete mandatos sometidos a votación.

La exsenadora le dio al electorado “mil y mil gracias” porque, según ella hoy (ayer), les ganaron a los corruptos y los votos obtenidos en la consulta significan un paso histórico del país para derrotar a la corrupción.

“Nos faltaron cinco centavos, pero el cambio es imparable y aquí hubo una zarandeada a esa clase política tradicional. La ciudadanía ya no les camina, no come entero y quiere un cambio genuino en las prácticas políticas y en la corrupción”, declaró a la prensa la senadora Angélica Lozano, del Partido Verde.

El jefe de Estado, Iván Duque, quien consideró que los colombianos expresaron con claridad que no quieren más corruptos, invitó a los congresistas de todos los partidos políticos a responder a ese clamor ciudadano, “al hastío de sus compatriotas”, con la rápida aprobación del paquete de medidas anticorrupción, así como la identificación de nuevas reformas.

Duque respaldó la cruzada en las urnas contra la corrupción, pese a las reservas y rechazo de miembros de su partido de derecha, Centro Democrático, que cuenta con mayoría en el Senado.

Según los cálculos más conservadores, Colombia perdió el 4% del PIB por corrupción entre 1991 y 2011, un promedio de 9 billones de pesos por año (casi $ 3.000 millones al cambio actual), de acuerdo con un estudio de la Universidad Externado.

En el Índice de Percepción de la Corrupción -que publica cada año la ONG Transparencia Internacional-, Colombia se ubica en el puesto 96 entre 180 países, mientras que, en contraposición, Nueva Zelanda y Dinamarca constan entre los más limpios.

En el último año y medio la Fiscalía ha procesado a 2.200 personas por casos de corrupción en gobiernos locales. (I)