El temor por el contagio del coronavirus los ha llevado a prohibir la entrada y salida de cualquier persona de la isla Puná, salvo un día que sirve para abastecimiento de víveres y agua.

De esta manera intentan protegerse del COVID-19, ya que hasta ahora no tienen ningún caso. No obstante, el aislamiento los empieza a afectar, dice José Mendoza, presidente de la Junta Parroquial, localidad con cerca de 16 000 habitantes (incluidas las nuevas comunidades que ya están en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial).

Esta parroquia vive principalmente de la agricultura, acuacultura, pesca y recolección de moluscos y crustáceos, que se comercializaban a diario dentro y fuera de la isla.

En la cabecera parroquial, unos 15 dirigentes han organizado rondas para controlar que se cumpla lo dispuesto internamente y lo del Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Con esto ayudan, en el recinto parroquial, a los cuatro miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, pues el temor es que por la extensión de la isla no se pueda controlar el ingreso o salida de botes por diferentes puntos de acceso.

Solo el viernes se puede salir. Los habitantes tienen dos horas para abastecerse de víveres y agua embotellada en sitios como Balao o en el mercado Caraguay.

El agua a Puná llega a través de lanchas-tanqueros, actividad que se realiza cada semana en las áreas pobladas que no tienen servicio de agua potable, lo cual no es posible por ahora ante la paralización de la transportación fluvial que los movilizaba hasta Guayaquil.

“Nos preocupa lo que está sucediendo sobre todo en la zona del golfo, ellos están más aislados y más propensos a un desabastecimiento de agua, de alimentos. Desde acá en la cabecera no podemos hacer mucho”, expresa el presidente de la Junta Parroquial.

La Prefectura les ha prometido entregar 300 kits con víveres. La parroquia Puná tiene 33 comunidades. No cuenta con un hospital. Tienen un subcentro de Salud en la cabecera parroquial, con laboratorios de análisis clínicos, ni cumple con el espacio físico y equipamiento para atención de emergencias o enfermedades de alto riesgo de contagio como el COVID-19.

En algunas comunidades, los dispensarios médicos prestan sus servicios en las casas comunales, construidas por la Junta Parroquial. Ante las medidas por la emergencia sanitaria, la producción de camarón, captura de cangrejo, recolección de moluscos y agricultura se han paralizado. Los comuneros se han visto obligados a cosechar solo para consumo interno.

Quienes lograron entregar sus productos están a la espera de los pagos. “Las empresas a las que entregamos no están laborando y nos tienen aguantados con los valores que son el sustento de la gente que trabaja aquí en la isla”, explica Paulino Bohórquez, agricultor de pitahaya y acuicultor.

“Necesitamos que alguna autoridad nos visite, nos guíe para saber cómo sostener o tratar de paliar algo de lo que se está perdiendo”, agrega.

Toda la actividad productiva en la zona está paralizada y eso los angustia, pues no saben cómo van a sobrevivir. (I)