Fiscalía informó que se sentenció a 29 años con 4 meses de pena privativa de libertad para Pedro Ignacio L. B., tras ser declarado culpable del delito de violación de su sobrina de 9 años de edad. El hecho se produjo en 2015, en el cantón La Libertad, en Santa Elena.

Según los familiares, la víctima quedó al cuidado de su agresor, quien era esposo de su tía, en la vivienda donde también habitaba su abuela.

El testimonio anticipado de la víctima rendido en Fiscalía, indica que las agresiones se habrían realizado en el lapso de dos años seguidos, mediante engaños, al interior de la vivienda situada en el barrio Eloy Alfaro, del cantón La Libertad, y que se realizaba cuando sus familiares salían del domicilio.

Autoridades educativas donde estudiaba la menor se percataron del hecho porque la niña le confesó a una amiga la situación por la que atravesaba en su hogar.

La compañera contó el caso a los profesores del plantel quienes pusieron el hecho en conocimiento de Fiscalía. Se abrió un proceso investigativo contra el presunto autor. La madre también presentó una denuncia en contra del agresor.

En audiencia de juzgamiento, realizada en la Unidad Judicial Penal de La Libertad, el fiscal Juan Pablo Arévalo presentó las pruebas testimoniales y documentales que lograron demostrar la materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado ante el Tribunal, conformado por los jueces Abdón Monroy, Felipe Pozo y César Vélez.

Testimonio

Doce personas rindieron su testimonio, entre ellas, los agentes investigadores de la Policía Judicial. También, médicos peritos y psicólogos que intervinieron en el caso. Además de la madre de la afectada y el testimonio anticipado de la víctima.

La Fiscalía presentó el informe médico-legal (que demostró la materialidad de la infracción), psicológico (que demostró el daño emocional causado a la menor), investigativo y de reconocimiento del lugar de los hechos, además del testimonio anticipado de la menor (quien indicó quien fue su agresor) y la denuncia presentada por su madre.

El Tribunal Penal impuso una sentencia condenatoria de 29 años 4 meses. Dispuso el pago de 800 salarios básicos unificados (320.000 dólares) de multa y 10.000 dólares como reparación integral a la víctima. Además de asistencia psicológica para la afectada.

Con información de www.fiscalia.gob.ec