Un año de prisión para sujeto que comercializaba colas de lobo en Carchi

Un juez de la Unidad Penal de Tulcán sentenció con pena privativa de libertad de 1 año, una multa de 4 salarios básicos unificados y un pago de $ 3860, por concepto de reparación integral, a una persona implicada en la comercialización de 10 colas de lobo de páramo o zorro andino.

La audiencia de juzgamiento por delitos contra la flora y fauna silvestre se llevó a cabo este martes 29 de mayo. Acudieron peritos del programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente, para dar testimonio de su informe pericial.

El miércoles 23 de mayo, representantes de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía entregaron a los peritos 10 elementos constitutivos (puntas de cola) de lobo de páramo, con el objetivo de realizar un análisis taxonómico que permita verificar la especie a la que pertenecen y determinar si se encuentra amenazada o en peligro de extinción.

Los biólogos especialistas realizaron una disección de las porciones de cola entregadas en cadena de custodia, en la que observaron vértebras, inserciones musculares y presencia de tendones, además percibieron un sutil olor característico del proceso de descomposición. De esta forma comprobaron que los elementos constitutivos no eran falsos.

Posteriormente, se verificó la coloración del pelaje de las evidencias decomisadas y se concluyó que los ápices de colas pertenecen a individuos de la especie Pseudalopex culpaeus,que se encuentra en la categoría de amenaza de Vulnerable (VU), lo que indica que presenta una alta probabilidad de convertirse en una especie en “Peligro de Extinción” debido a la disminución de sus poblaciones, fragmentación de sus hábitats o la disminución en la distribución natural de la especie.

En el artículo 247 del Código Integral Penal se establece que la persona que cace, capture, transporte, trafique o comercialice especímenes o sus elementos constitutivos que se encuentren amenazados o en peligro de extinción será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. (I)