El cuerpo de Érika fue encontrado hace dos años en un barranco de Píllaro (Tungurahua). Estaba oculto entre fundas plásticas y sacos de yute.

Ella se encontraba sin sus extremidades inferiores cuando los agentes de la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) levantaron el cadáver.

A Érika, madre de tres niños, la vieron con vida por última vez en Latacunga, junto con Edwin S., el padre de sus hijos. Aquel día se reunieron para retomar su vida de pareja. Luego se dirigieron hacia un bar y del lugar salieron a las 23:30.

Días después, la madre de la joven denunció formalmente su desaparición, pues temía lo peor para su hija, ya que Edwin en varias ocasiones la había amenazado de muerte.

Cuando la Fiscalía inició la investigación descubrió que Érika vivió en un entorno de violencia.

A ella la estrangularon y cercenaron sus piernas. Finalmente, la Fiscalía determinó que Edwin S. fue el responsable de su muerte. Ahora cumple una condena de 26 años por el delito de femicidio, en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga.

Actualmente, los tres hijos de la pareja viven con su abuela y tíos maternos.

Según la Fiscalía y la Policía Nacional, en cuatro años 307 mujeres fueron víctimas de femicidio, es decir, hubo una asesinada cada cuatro días en el país.

El 2017 fue el año en el cual se registraron más casos: 108. Guayas, Cañar, Pichincha y Manabí lideran las listas de provincias con mayores índices de violencia hacia el colectivo femenino.

De enero a octubre de 2018 se reportaron 49 víctimas. En comparación con el año anterior hay una reducción de 44%. Así lo señaló Diego Tipán, secretario de Seguridad del Ministerio del Interior.

Durante este año se realizaron 303 procesos y 140 sentencias (111 están ejecutoriadas, 18 se encuentran en recurso de apelación, 6 en recurso de casación y 5 en espera de notificación de la sentencia).

Tipán explicó que el Gobierno Nacional trabaja en medidas de prevención del delito como la Alerta ContraFemicidios en los 10 distritos con mayor incidencia de violencia de género.

En este momento tres zonas han sido intervenidas (Pichincha, Guayas y Los Ríos). “Por ejemplo, identificamos a 160 mujeres de Babahoyo que se encontraban en peligro de ser víctimas y les brindamos apoyo en seguridad, salud e inclusión económica y social”.

El funcionario mencionó que hasta finales del año se prevé que el sistema se implemente en los circuitos de Azogues, zonas donde se han detectado varios casos.

Las cifras oficiales versus organizaciones de mujeres

Para las organizaciones sociales que luchan por los derechos de la mujer, las cifras presentadas por el Estado no coinciden con sus investigaciones independientes.

Sobre este tema, César Duque, asesor jurídico de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), recomendó que el Estado debe legislar como un mecanismo de prevención.

“La solución no solo es el sistema penal, se debe iniciar con el cambio de mentalidad machista de la población y su sistema cultural”.

La Cedhu en su informe sobre femicidios indicó que hasta octubre de este año registraron 64 casos. El 62% de las víctimas tenían entre 15 y 36 años.

El legista comentó que la tipificación del femicidio tenía como objetivo visibilizar la muerte de mujeres en razón de su género. “Conocer estadísticamente este fenómeno permitirá generar políticas de prevención acordes a la realidad”.

Para él, la discrepancia entre las cifras se da porque el Estado maneja las estadísticas en razón del tipo penal del femicidio, pues “fiscales y jueces consideran que estos hechos suceden únicamente en espacio íntimo”.

Por su parte, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea) publicó el último reporte de casos de femicidios. La organización reportó 572 muertes, eso significa que cada dos días una mujer pierde la vida en esa situación.

Paola Maldonado, vocera de Aldea, mencionó que en lo que va del año trascendieron 64 femicidios.

De acuerdo con Maldonado, la diferencia de las estadísticas entre los organismos estatales y las entidades no gubernamentales surge porque las víctimas son contabilizadas cuando se inician las instrucciones fiscales.

Las organizaciones de mujeres -aclaró- trabajan en el mismo territorio.

“Las cifras son importantes, nos dan una alerta y un indicador, pero queremos decir que este es un tema mucho más grave, porque el Estado y la sociedad deben asumir compromisos para generar políticas de prevención hacia las mujeres, niños y adolescentes”.

Según el reporte, el 82% de las víctimas tenía entre 15 y 36 años; el 25%, de 37 a 51 años; y el 13% fueron perpetrados contra menores de 18 años.

El 83% de los delitos fueron cometidos por las parejas y exconvivientes.

El número de niños que quedaron en la orfandad se duplicó en el país

Cada tres días por semana, Lucía lleva a Karen, de 4 años, y a Miguel, de 6, para que reciban atención donde un psicólogo infantil.

Esto se debe a que, hace dos años, los menores presenciaron la muerte de su madre en manos de su pareja.

La familia, que reside en el sur de Quito, intenta que la vida de los niños vuelva a la normalidad, sin embargo, frecuentemente preguntan por su madre.

“Parece que están sobrellevando de mejor manera la muerte de mi hermana. Principalmente, el niño mayor, quien pregunta sobre cómo murió ella”, mencionó Lucía.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, 116 niños perdieron a sus padres por este delito durante los últimos cuatro años.

El Secretario del Interior cuantificó que hasta abril de este año 32 niños se encontraban en esta situación, en cambio, el Ministerio de Justicia indicó el año pasado que 84 menores quedaron en estado de orfandad.

Geraldine Guerra, de la red de Casas de Acogida, señaló que anualmente los 18 espacios y centros que trabajan con el Estado receptan en promedio a 2.000 víctimas de violencia de género. Entre ellas están los niños que pierden a sus madres por femicidios o mujeres que huyen de sus casas.

Por su parte, otras organizaciones sociales calcularon que 89 menores se quedaron solos. (I)