Las filtraciones de las declaraciones que los exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht han brindado a los fiscales peruanos, en la ciudad de Curitiba, apuntan el viernes 22 de febrero de 2019 a que la situación del expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, y exfuncionarios del gobierno de Alan García, se complicará por presuntos pagos ilícitos.

Según informó este viernes el diario El Comercio, el exgerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, Raymundo Trindade, señaló a la pareja de esposos Nadine Heredia y el expresidente Ollanta Humala, del Partido Nacionalista Peruano, por presuntamente haber recibido sumas de dinero de la constructora.

El exdirectivo de Odebrecht aseguró que estuvo presente en la reunión que tuvo lugar en un inmueble de propiedad del expresidente, en la que Jorge Barata, exrepresentante de la compañía en Perú, le entregó 1 millón de dólares a la ex primera dama para la campaña del 2011 de Humala.

No obstante, el abogado de la pareja, Julio César Espinoza, negó este viernes ante la prensa en Brasil parte de esa declaración.

«Raymundo Serra no ha presenciado ninguna entrega de dinero. Esa es su declaración precisa. Ha dicho que ha acompañado, según su versión, a Barata al distrito de Miraflores (Lima), en la avenida Armendáriz, donde fue la reunión«, apuntó la defensa.

En febrero de 2017, el diario El Comercio y la revista Caretas señalaron que Barata confesó a la Fiscalía peruana que entregó 3 millones de dólares para la campaña presidencial de Humala de 2011 en la que resultó ganador.

Barata precisó que una parte del dinero fue dado directamente en mano a Heredia, en una vivienda que Humala tiene en Lima, mientras que otras remesas fueron entregadas a través de los publicistas brasileños Luis Favre y Valdemir Garreta.

Por su parte, según informa el diario La República, el jueves último Luiz da Rocha Soares, ex tesorero internacional de Odebrecht, declaró ante los fiscales peruanos la forma en que operaba el sistema de coimas de la constructora.

Soares reveló que para obtener los fondos, la compañía recurría a contratos ficticios para que luego el dinero recorra hasta cuatro compañías offshore antes de llegar al beneficiario final.

Anotó que hasta el 2006 o 2007 la División de Operaciones Estructuradas, también llamada Caja 2, realizaba las transferencias casi directamente, pero que a partir del 2008 se procedió a dar un montaje jurídico por las políticas de buenas prácticas de los bancos.

Soares detalló que para las operaciones de la Caja 2 de Odebrecht en Perú, utilizó la red de empresas del peruano Gonzalo Monteverde Bussalleau, entre ellas Construmac y Cementerios Generales, y que posteriormente se utilizó contratos ficticios.

Si bien precisó que no conocía a los beneficiarios finales de las coimas, reconoció que se abrieron cuentas en la Banca Privada de Andorra a un grupo de peruanos para depositar pagos ilícitos, entre ellos a Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno de García (2006-2011), y al ex gerente municipal Gabriel Prado Ramos.

Entre los funcionarios peruanos señaló también a Edwin Luyo y Mariella Huerta, vinculados a los sobornos del Metro 1 de Lima; así como a Rómulo Peñaranda, relacionado con la supervisora Alpha Consult; al árbitro legal, Horacio Cánepa; y al ex vicepresidente de Petroperú durante el gobierno de García, Miguel Atala.

El exdirectivo de Odebrecht precisó sobre Cánepa que se firmaron dos contratos para un pago de 3 millones de dólares a fin de que favorezca a Odebrecht en los procesos arbitrales con el Estado peruano; aunque solo se ha encontrado depósitos por 1,4 millones de dólares en su cuenta de Andorra.

Atala se ha defendido señalando que recibió ese dinero por la venta de un terreno a la constructora. (I)