Cristina, Máximo y Florencia Kirchner son llamados a juicio oral

La justicia va ahora por la familia Kirchner. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y una sobrina irán a juicio oral, posiblemente en 2019, en una causa que investiga una “asociación ilícita” de carácter familiar dedicada al cobro de sobornos a empresarios favorecidos con obra pública.

La medida fue dispuesta por el juez Julián Ercolini, que investiga una causa de corrupción denominada “Los Sauces”, el nombre de la inmobiliaria de la familia Kirchner en la Patagonia que, según la acusación, sirvió de esquema para reciclar dinero proveniente de coimas pagadas por dos empresarios para obtener obras viales.

La acusación apunta a dos empresarios vinculados con el “kirchnerismo”, Cristóbal López (ligado también al mundo periodístico) y Lázaro Báez, considerado uno de los hombres de negocios más beneficiados durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Ambos empresarios están en prisión.

El esquema era simple: a cambio de obras públicas viales en la Patagonia sur del país, los empresarios “alquilaban” propiedades de los Kirchner a través de la inmobiliaria Los Sauces.

Según el diario Clarín, un férreo opositor al “kirchnerismo”, ambos empresarios garantizaron el 86% de la facturación de la empresa por un monto de 26 millones de pesos ($ 660.000 al valor actual, varios millones en la época). Pero las viviendas y los cuartos de hotel estaban siempre desocupados.

Se trata de un duro golpe para la expresidenta, ya curtida en los pasillos de tribunales con varios procesos judicialesen su contra, pero esta vez la justicia va por su familia, en especial contra su hija Florencia. Tanto ella como su hijo Máximo, actual diputado, gozan de fueros y no pueden ser detenidos. Pero la menor de sus hijos no se dedica a la política y realiza trabajos en cine.

Mientras tanto, Cristina denuncia una “persecución” política y judicial en su contra llevada por Mauricio Macri y jueces “cómplices” en el marco de lo que denomina una “estrategia regional para proscribir a dirigentes” de izquierda. (I)