Al menos 9 personas fueron detenidas el martes 19 de febrero, entre ellos el presidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil, Robson Braga de Andrade, en una operación policial que investiga fraudes en licitaciones y contratos del Ministerio de Turismo y entidades paraestatales del país.

La Policía informó en un comunicado que 213 agentes cumplen 10 mandatos de prisión preventiva y otros 40 de registro y allanamiento para «desarticular» una organización criminal que practica delitos contra la Administración Pública, así como fraudes en licitaciones, asociación criminal y lavado de activos en siete estados de Brasil.

Según las investigaciones, un grupo de empresas bajo el control de un «mismo núcleo familiar» actuó «de forma continua» desde 2002 y ejecutaba contratos firmados a través de convenios con el Ministerio de Turismo y entidades paraestatales del llamado «Sistema S», un grupo de nueve instituciones brasileñas financiadas por impuestos y destinadas a la capacitación profesional.

De acuerdo con las autoridades, las empresas que son objeto de la operación son investigadas por la creación de empresas fachada. «Ellos crearon empresas sin fines de lucro para dificultar la investigación», explicó el comisario Renato Madsen.

Se estima que dicho grupo haya recibido más de 400 millones de reales (85 millones de dólares) a raíz de esos contratos ilícitos, según la Policía.

Dichos contratos, en su mayoría orientados a la ejecución de eventos culturales y de publicidad, «eran sobrefacturados y/o con parcial falta de ejecución» y los recursos obtenidos a través de ellos eran «posteriormente desviados en favor del núcleo empresarial».

Además de los mandatos de prisión y allanamiento, la Justicia brasileña autorizó también el bloqueo de los bienes y valores de los investigados.

En un comunicado, la CNI afirmó que «no tuvo acceso a la investigación, cree que todo será debidamente esclarecido» y se puso a disposición para «ofrecer todas las informaciones que sean solicitadas por las autoridades».

Por su parte, el Ministerio de Turismo señaló que «todos los convenios investigados» se enmarcan en los Gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) y que la cartera «no ha celebrado ningún convenio con la iniciativa privada» desde 2012.

«La cartera ya había determinado una auditoría completa en todos los instrumentos de repase», que «resultó en la cancelación de un contrato en el valor de un millón de reales» (unos 270.000 dólares), declaró la institución en una nota.

«El Ministerio de Turismo no es objeto de los registros y allanamientos» y «está totalmente a disposición para colaborar con la investigación», recalcó la cartera. (I)